El expresidente de la Generalitat y eurodiputado por Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, finalmente no declarará este mes de diciembre ante la comisión del Parlamento europeo que debe decidir sobre su suplicatorio, al solicitar el político independentista un aplazamiento de su comparecencia a enero que le ha sido concedido y que, en la práctica, hace inviable que el levantamiento de su inmunidad se resuelva antes de las elecciones en Cataluña.
El cambio fue decidido el pasado viernes como resultado de una petición del eurodiputado y también se aplicará a los expedientes de los otros dos eurodiputados de JxCAT a los que el Tribunal Supremo español ha pedido levantar su inmunidad parlamentaria para poder ser juzgados en España, según han informado varias fuentes parlamentarias.
De este modo queda anulada la comparecencia prevista para el próximo 7 de diciembre y la declaración de los tres líderes independentistas para rechazar su suplicatorio se celebrará el 14 de enero, lo que retrasa un proceso que requiere de varios meses para su conclusión.
El primer paso en el proceso se cumplió el pasado 16 de noviembre, cuando la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI), que es la competente en este asunto, activó formalmente el expediente al celebrar un primer debate breve para que el ponente de los tres informes presentara el caso.
Los abogados de los tres eurodiputados de Junts-Lliures per Europa han diseñado una estrategia de defensa basada en denunciar la «persecución política» que sostienen que sufren los líderes independentistas en España y también en argumentar que los delitos de sedición por la que se les reclama no existe en otros Estados miembro.
Las reglas de la Eurocámara permiten rechazar un suplicatorio si está motivado por opiniones o votos del eurodiputado en el ejercicio de sus funciones y también si se da un caso de ‘fumus persecutionis’, es decir, cuando se concluye que la intención de la petición es «perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución».
En cualquier caso, la tramitación de los suplicatorios en el Parlamento europeo es un proceso largo que exige varias reuniones para asegurar la defensa de los reclamados, el debate de la comisión competente y la votación tanto a nivel de comisión como de pleno, por lo que todas las estimaciones apuntan a que se extenderá «al menos cuatro meses» y que podría incluso alargarse más.
En la práctica, el aplazamiento hace «imposible», recuerdan las fuentes consultadas, que la Eurocámara tenga una respuesta para el Tribunal Supremo antes de que se celebren las elecciones de febrero en Cataluña.
En los tres expedientes el encargado de redactar el informe que recogerá la opinión de la comisión parlamentaria que, en última instancia se someterá a la votación del pleno, es el eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).
Precisamente esta circunstancia es uno de los argumentos que la defensa de Puigdemont, Comín y Ponsatí prevé esgrimir contra el suplicatorio, ya que consideran irregular que sea un mismo eurodiputado quien se encargue de los tres expedientes.
El reparto de los ponentes encargados de cada suplicatorio se realiza por turnos entre los distintos grupos parlamentarios y en esta ocasión la responsabilidad recayó sobre un diputado que comparte grupo con la delegación de Vox, pero también con los nacionalistas flamencos de la N-VA, muy cercanos y simpatizantes de la causa independentista catalana.
Las reglas de la Eurocámara, además, obligan a tramitar los expedientes de los suplicatorios a puerta cerrada para hacer valer una estricta confidencialidad que complicó que se pudieran discutir durante la pandemia, porque la actividad parlamentaria quedó relegada fundamentalmente a contactos por videoconferencia.
Sin embargo, los servicios legales del Parlamento europeo dieron recientemente su visto bueno a que se retomaran estos casos para su tramitación por vía telemática como respuesta excepcional a una situación extraordinaria, lo que ha aprovechado la comisión de Asuntos Jurídicos para relanza el caso de los políticos independentistas pero también otros suplicatorios, por ejemplo los que afectan a los democristianos portugueses Álvaro Amaro y Nuno Melo.
El grupo de Los Verdes europeos y la Izquierda Unitaria plantearon dudas respecto a las garantías de confidencialidad que puede ofrecer un procedimiento que se va a desarrollar por videoconferencia, aunque estas reservas no se tradujeron en ningún bloqueo y el proceso sigue adelante.
