El Estado es ya el propietario del pazo de Meirás y depositario de los bienes tras 82 años en posesión de la familia Franco. Lo es en ambos casos de forma provisional, a la espera de una sentencia definitiva tras el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que condenó a la familia del dictador a su devolución.
El acto de entrega de las llaves, por parte de la jueza Marta Canales, ha tenido lugar en el propio inmueble con presencia de miembros de la Abogacía del Estado y letrados de las partes personadas en la causa judicial contra la familia del dictador.
No ha habido nadie en representación de los Franco, que este miércoles ya depositaron en el juzgado las llaves del inmueble, que pasa al Estado tras la ejecución provisional de la sentencia que les condenó.
La firma del documento de entrega se ha producido después de que técnicos de la Xunta que realizaron el inventario de bienes –un total de 697, entre enseres particulares hasta numerosas piezas de valor histórico y artístico– verificaran, durante más de dos horas, que los que se recogen en el mismo están en igual estado que cuando se realizó la inspección ocular.
BIENES EXCLUIDOS DE LA DEMANDA
Con todo, la Abogacía del Estado ha aclarado que dos de los bienes que constan en este inventario –la Casa de las Conchas y el hórreo anexo al inmueble-– no forman parte de los elementos reclamados por la administración.
Al respecto, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha explicado que no están incluidos en su demanda contra los Franco al hacer la misma solo alusión a lo incluido dentro del recinto amurallado.
Asimismo, se ha decretado la apertura de un plazo de 20 días hábiles para que la Administración General del Estado determine qué bienes deben ser entregados a los demandados.
Y es que, en un auto, el juzgado ya había avanzado que los Franco solo podrían retirar los estrictamente personales y los que no comprometiesen los futuros usos del pazo, que estarán vinculados, según avanzó la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, –tras una reunión con Xunta, Diputación de A Coruña y Ayuntamiento de Sada, además del consistorio coruñés– a explicar «la verdad del paso de Franco con perspectiva democrática» y a reivindicar la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán.
«JUSTICIA HISTÓRICA»
«Es un día que deja una sensación de justicia histórica», ha resumido la abogada general de Estado, Consuelo Castro Rey, en una comparecencia junto a la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, María del Pilar Paneque, y los abogados del Estado que asumieron la presentación de la demanda judicial contra los Franco, Javier Suárez y Adela Álvarez.
Consuelo Castro ha expuesto que la entrega de las llaves se ha producido por parte de la jueza una vez que los técnicos comprobaron que los bienes del pazo se ajustaban a lo recogido en el inventario. De la entrega, ha destacado que se ha producido «en el Día Internacional de Derechos Humanos, una significación en términos de memoria democrática». «Soy gallega, sé lo que significa para mí», ha respondido al ser preguntado que cree que supone este día.
Además, ha subrayado el valor «simbólico e histórico» de esta entrega, pese a ser de forma provisional. Del pazo, ha asegurado que es «evidente la presencia durante 40 años de un régimen dictatorial», aunque ha apelado a reivindicar también la figura de Emilia Pardo Bazán, su primera propietaria.
De hecho la Torre de la Quimera, donde la autora tenía su biblioteca, fue el lugar escogido para la firma, según avanzó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
REGRESA A LOS GALLEGOS
Sobre el acto, la abogada general del Estado ha asegurado que supone «la devolución de un bien a las manos de las que nunca debió de haber salido, el Estado». «Y simbólicamente ha vuelto a las manos de los ciudadanos gallegos y de los coruñeses», ha dicho aludiendo a las donaciones forzosas que la sentencia consideró probadas.
Consuelo Castro ha manifestado que, en su caso, le da pena que la figura de Pardo Bazán quedase «enterrada por el paso de la dictadura» y, por eso, ha considerado necesario, al margen de otros usos, dar a conocer también lo que supuso «en la vida cultural del siglo XIX» este pazo. «No olvidar el paso de la dictadura, pero es imprescindible rescatar la huella de Emilia», ha recalcado.
CASA CORNIDE
La abogada general del Estado ha aprovechado también para felicitar a los compañeros que defendieron la demanda en el juzgado y al que le precedió, según ha explicado, un «trabajo exhaustivo de meses». «Complejo jurídicamente», ha admitido.
Preguntada, mientras, si el Estado se plantea reclamar la devolución de la Casa Cornide, en A Coruña, –puesta a la venta en estos momentos por los Franco– ha precisado que no lo hará por no estar «legitimado» para ello. «Fue del Ministerio de Educación, pero el último propietario fue el Ayuntamiento de A Coruña», ha recordado.
