El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido las modificaciones de la norma que establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ha criticado que éstas se interpreten como un reconocimiento de que la norma original no estaba bien diseñada: «Las buenas políticas no están escritas en tablas de Moisés».
Lo ha dicho este jueves en la inauguración del ‘I Congreso sobre el principio de transparencia en la contratación predispuesta y su proyección como valor transversal en la sociedad’, en la que también han intervenido la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y la decana del Icab, Maria Eugènia Gay.
Escrivá ha criticado esta perspectiva, que ha tachado de muy estrecha y poco útil a la hora de aproximarse a las políticas públicas, ya que éstas están permanente sujetas al análisis de los impactos y son susceptibles de ser mejoradas: «Las buenas políticas son aquellas que adaptan a la realidad, la realidad de los datos».
Ha defendido que desde su puesta en marcha en la pasada primavera han monitorizado su despliegue y que, fruto del análisis permanente, han ido revisando y modulando algunos de los aspectos de la norma para que la prestación llegue a todas sus beneficiarios.
Ha explicado que para ponerlo en marcha aplicaron una «evaluación 360 grados» porque el IMV fue preevaluado con datos de INE, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, lo que contribuyó a definir los parámetros de esta política.
«La propia norma que establece el IMV obliga a hacer un seguimiento y evaluación ‘ex post’ por parte de terceros para comprobar en qué medida se están cumpliendo los objetivos de la eliminación de la pobreza severa y la igualdad», ha detallado.
Escrivá ha explicado el caso del IMV para ilustrar cómo la buena transparencia mejora las políticas públicas, ya que es la evaluación y análisis transparente de los resultados lo que permite adaptar las normas a la realidad: «La transparencia tiene un poder transformador ante la evaluación de políticas públicas».
Para el ministro, lo que explica las diferencias de bienestar entre las sociedades es, entre otras cosas, la calidad de gobierno y tener una administración profesionalizada con estructuras estables y que trate de forma igualitaria a sus ciudadanos.
Ha señalado que para lograrlo se considera que la clave es asegurar el acceso de todos los ciudadanos a lo político y que la sociedad civil esté bien articulada, así como que las políticas se adopten con el mejor conocimiento posible con las personas más cualificadas.
«El buen gobierno exige de las dos cosas. Participación democrática y conocimiento externo son factores complementarios. Sin rigor y análisis experto las políticas públicas acaban teniendo efectos indeseados, consolidando desigualdades y deslegitimando el proceso democrático. Sin participación ciudadana, el conocimiento experto atiene necesidades equivocadas y corre el riesgo de desatender problemas reales de la ciudadanía», ha añadido.
Para materializarlo, Escrivá ha sostenido que la transparencia es el «pegamento» para que gobierno eficaz y gobierno democrático funcionen conjuntamente de forma vigorosa, ya que según él la transparencia permite que conocimiento experto sea fiscalizado y orientado a las necesidades sociales.
Ha advertido de que hasta el momento la forma de fiscalizar la acción de gobierno ha tenido un «sesgo procedimental», ya que no existen pocos organismos que monitorizan las administraciones, pero todos ellos están orientados a valorar los procedimientos, no los resultados.
«Esto genera disfuncionalidades», ha advertido, ya que el resultado son políticas más orientadas a cumplir con los estándares procedimentales que con los resultados sociales de las mismas, algo que solo ve posible si hay una falta de transparencia.
«La evaluación de políticas públicas necesita transparencia para que evaluadores puedan explorar la riqueza de los datos de la administración para mejorar las políticas públicas. Por inercia, miedo o incomodidad, los datos no son suficientemente explotados», ha añadido, y abogado por extender una cultura de la transparencia que permita la explotación de los datos.
