El sindicato de la Policía Nacional JUPOL y su asociación ‘hermana’ en la Guardia Civil, JUCIL, han presentado una nueva denuncia contra la Generalitat de Cataluña en los juzgados de instrucción de Barcelona por los delitos de prevaricación administrativa y contra las normas de prevención de riesgos laborales por su «decisión arbitraria y sin motivación alguna de anular el plan de vacunación» para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La denuncia se suma a otras planteadas en los últimos 15 días ante los tribunales por varias organizaciones sindicales y a las quejas remitidas ante diferentes organismos como el Ministerio de Sanidad, el Consejo Interterritorial de Salud, el Defensor del Pueblo, la Delegación del Gobierno en Cataluña o el Ministerio del Interior, así como el propio Govern catalán.
Las quejas se iniciaron, en concreto, después de que el 24 de marzo se retomara la vacunación con AstraZeneca –paralizada por su posible relación con trombos– previa autorización del Gobierno para que los departamentos de salud de cada comunidad autónoma ampliaran el suministro de la dosis hasta la población con 65 años.
Sin embargo, los sindicatos denuncian que en el caso de Cataluña, y contrariamente con lo que ha ocurrido con Mossos d’Esquadra y policías locales, sólo se está vacunando a los policías y guardias civiles mayores de 60 años, lo que se suma al retraso acumulado previamente en el plan de vacunación. El proceso, sostienen desde JUPOL y JUCIL, se está llevando a cabo de forma generalizada y sin diferencias entre cuerpos «en todo el territorio nacional, a excepción de Cataluña».
ADJUNTAN DOCUMENTACIÓN INTERNA
En su denuncia citan documentación del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior y también un correo electrónico del teniente coronel responsable de vacunación de la Zona de Cataluña, Esteban Gómez Naranjo, en el que «se hace saber que el Departamento de Salud de Cataluña, en relación con el Plan de Vacunación del Covid-19, lo anula hasta nueva orden con motivo de los nuevos criterios establecidos».
«Actualmente en Cataluña no se vacuna a policías nacionales y guardias civiles, salvo aquel personal que se encuentre en activo o en reserva que esté comprendido entre los 60 y 65 años», recoge en su escrito ante los juzgados JUPOL y JUCIL, que añaden para aclarar: «Es decir, en ninguno de los grupos de personas que pueden vacunarse contra la Covid-19 aparecen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puesto que solamente se hacen alusión a los Cuerpos de Seguridad catalanes o locales».
Lo anterior, según los demandantes, incluye a Mossos, policías locales, guardia urbana y los bomberos, «en ningún momento hace alusión a policías nacionales ni a guardias civiles que presten servicio en alguno de los puestos y destinos comprendidos en Cataluña». Además, aportan datos a fecha de 29 de marzo de que el ritmo de vacunación para ellos era 12 veces más lento que el resto de comunidades autónomas, ya que sólo se había suministrado el suero al 5% de los agentes.
«La decisión de la Generalitat de Cataluña de dejar fuera del proceso de vacunación a los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es totalmente arbitraria, contraria a derecho, y deja en total y completa desprotección a los funcionarios estatales», continúan, recordando que estos efectivos también están incluidos entre el personal esencial que ha de ser inmunizado, «lo cual se está llevando a cabo en todo el territorio nacional a excepción de Cataluña».
