Fernando Grande-Marlaska recordará la Semana Santa de 2021 como la peor de su carrera política. La polémica envuelve al ministro de Interior tras la dura sentencia favorable al coronel Diego Pérez de los Cobos, que fue fulminado por orden directa de Moncloa.
No es el único berenjenal en el que se ha inmerso el responsable de la seguridad nacional. El también juez ha acercado a uno de los presos de ETA más sanguinarios, ‘Txapote’, condenado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco; y ha defendido la presuntamente ilegal ‘patada en la puerta’ por parte de los agentes de Policía para irrumpir en las viviendas donde se celebran supuestamente fiestas ilegales, pese a la norma que protege la inviolabilidad del domicilio.
El Gobierno de Pedro Sánchez no predica con el ejemplo ni transparencia en estos asuntos. De hecho, lejos de asumir responsabilidades ha salido en tromba a defender a Marlaska. En este sentido, se acogen a que la sentencia que ordena la restitución de Pérez de los Cobos no es firme, pese a que se acogió a un caso de corrupción no resuelto judicialmente para llevar a cabo la moción de censura.
Pérez de los Cobos fue destituido por no facilitar información al Ministerio de Interior sobre el 8-M. La Audiencia Nacional ratifica en su sentencia que el coronel cumplió «con lo que la ley y el mandato judicial ordenaban». «Lo que es indiscutible -añade la sentencia- es que a pesar del deber legal de reserva y de la orden expresa de la magistrada, se cesó al recurrente por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial».
PÉREZ DE LOS COBOS, UN CESE ARBITRARIO
Pese a ser un cargo de confianza, y por tanto sustituido en cualquier momento, el juez asegura que la forma de hacer de Interior «no puede ser un medio para atentar contra la legalidad». Además, añade «o menoscabar la legalidad a la que todos, en definitiva, estamos sujetos«. Una seria reprimenda para quien ocupó un sillón en la Audiencia Nacional.
Por este motivo, la oposición de centro y conservadora en bloque ha pedido la dimisión inmediata de Marlaska. Sin embargo, Vox ha dado un paso más allá y ha interpuesto una querella contra el ministro de Interior, junto al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por presunta obstrucción a la Justicia, represalias y prevaricación.
La formación dirigida por Santiago Abascal presentó una querella hace un año por estos mismos hechos y fue archivada por no constituir delito ni aportar prueba suficiente. Sin embargo, ahora existe una prueba, la sentencia que restituye al coronel a su antiguo puesto. Y es que, el motivo del cese fue «arbitrario» y relacionado con «la petición de realización una actividad abiertamente ilegal».
TRES DELITOS NO DIFÍCILES DE PROBAR
En concreto, se refiere a la solicitud de facilitar información sobre las investigaciones ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, por la investigación del 8-M, que afectaban al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
Para Vox, el motivo del cese se debe a «no avenirse a acometer un acto manifiestamente ilegal solicitada desde las más altas instancias del Ministerio«. Esto supone, según la querella, «el reconocimiento expreso de la comisión del delito, del que resulta responsable Marlaska».
Para la formación conservadora, Marlaska mintió «públicamente, a la vista de las manifestaciones realizadas desde mayo de 2020». Así, considera que hay otros presuntos delitos a analizar, como el acoso laboral. Asimismo, Vox se muestra convencido que hay suficientes indicios para iniciar una investigación por un delito de prevaricación, otro de obstrucción y un último de represalias.
‘TXAPOTE’ Y LA PATADA EN LA PUERTA
Las otras decisiones que afectan directamente a Marlaska han generado una grave polémica. El acercamiento del etarra Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, condenado por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Fernando Buesa y Gregorio Ordóñez, a la cárcel de Estremera, en Madrid, desde Huelva responde al pacto del PSOE con los nacionalistas vascos. Este sanguinario lleva recluido al sur de España desde 2005, y su condena es a 30 años.
Respecto a la polémica entrada de agentes de la Policía Nacional, Marlaska defendió esta actuación porque el inmueble se utilizaba «única y exclusivamente» eran las fiestas ilegales. Sin embargo, el inquilino exhibió un contrato de alquiler de un año de duración. Una muestra del exceso policial en esta actuación. Los agentes no podrían haber accedido al inmueble ya que no se estaba cometiendo un delito flagrante ni tenían orden judicial, únicas excepciones contempladas por la ley.
