El Gobierno ha sufrido al menos doce reveses desde el poder judicial en poco más de tres meses, en los que los tribunales y la Fiscalía han emitido sentencias e informes que se han posicionado en contra de decisiones adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, o de leyes que el Ejecutivo tiene previsto sacar adelante. Esto ha provocado dejar inactivas algunas decisiones y en otros casos, obligará al Gobierno a modificar las leyes que preveía aprobar.
Los tres últimos contratiempos para el Gobierno se han producido esta misma semana. A la decisión de la Audiencia Nacional de suspender cautelarmente las últimas restricciones anticovid aprobadas por el Ministerio de Sanidad, se han sumado dos informes críticos con reformas auspiciadas por el Gobierno de coalición. Se trata del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la Ley de Memoria Democrática y el borrador que el Consejo Fiscal estudia sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
El último varapalo desde un tribunal al Ejecutivo llegó el lunes, cuando la Audiencia Nacional aceptó las medidas cautelarísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid para eludir las restricciones impulsadas por el Ministerio de Carolina Darias durante el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que afectan al ocio nocturno, a la hostelería y a los eventos extraordinarios.
El Ejecutivo de Isabel Díaz-Ayuso denunció una «invasión de competencias» que dibujó como «una afrenta clara a la seguridad jurídica«, algo en lo que el tribunal le ha dado la razón al indicar que, de no dejar sin efecto las nuevas medidas, «se generarían tres niveles distintos de restricción en un lapso temporal breve, lo que no es fácilmente justificable para el ciudadano, destinatario último de la protección pública».
La resolución se une a la respuesta dada a recursos de Canarias y Baleares, en las que el Tribunal Supremo ha manifestado que hubiera sido «deseable» una ley ‘ad hoc’ para combatir el coronavirus a fin de «ofrecer la máxima seguridad jurídica»; a la vez de que asienta la doctrina de que, a mayor severidad de las restricciones, mayor ha de ser la justificación para imponerlas.
Asimismo, en un informe de mayo, el Gabinete Técnico del alto tribunal se mostró crítico con el recurso de casación habilitado por el Gobierno para que, tras el final del estado de alarma, este órgano tuviera la última palabra sobre las medidas anticovid adoptadas por las comunidades autónomas.
El informe apuntó que «el problema de la constitucionalidad de la posición institucional en que se viene a situar a los tribunales de justicia, como una suerte de copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas», subrayando que este decreto-ley «se presenta, de forma implícita pero evidente, como una reacción legislativa contra la interpretación jurisprudencial del marco legal anterior».
Por otro lado, el Tribunal Constitucional anuló la disposición con la que Moncloa «blindó» la presencia del entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, dentro del decreto-ley que impulsó el 17 de marzo para paliar los efectos económicos de la pandemia.
Los magistrados lo vieron inconstitucional al entender que en este caso no concurría el presupuesto inexcusable -la extraordinaria urgencia y necesidad- que habilita al Ejecutivo para usar el decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia. De igual modo respondieron al recurso contra el decreto que integra las pensiones de Clases Pasivas en la Seguridad Social.
EN CONTRA DE LOS INDULTOS
Los jueces también han dado la voz de alarma de cara a una eventual decisión del Gabinete de Pedro Sánchez para indultar al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los otros once condenados por el proceso independentista en Cataluña.
La Sala que los juzgó ha informado en contra de la concesión de cualquier tipo de indulto a estos penados, señalando que no hay desproporción en las penas impuestas y no se ha dado arrepentimiento. El tribunal afirma que las razones invocadas pierden cualquier justificación «cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional y a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones».
LAS LEYES ‘CALVO’ Y DE LIBERTAD SEXUAL
Una de las fuentes de tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se ha residenciado en el CGPJ, que el pasado lunes aprobó su informe al Anteproyecto de ley de Memoria democrática, un texto que se muestra muy crítico con algunos aspectos de la llamada ‘Ley Calvo’ al estimar que vulnera la libertad de expresión.
El punto más crítico es el que se refiere a las causas de extinción de fundaciones, dado que los vocales sostienen que «la apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas que, aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión».
Ya en febrero, el Pleno del CGPJ vapuleó otra ley emanada del Gobierno, la ley de Libertad Sexual o del ‘solo sí es sí’, al aprobar por unanimidad un texto que critica algunos de los aspectos más destacados de la norma, como la definición de consentimiento o la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual.
Las críticas a las leyes del Gobierno han llegado también desde el Ministerio Público. Este martes se ha conocido el borrador del informe sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), elaborado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que hace una «valoración general desfavorable» del proyecto estrella del Ministerio de Justicia, que pretende dar un vuelco al modelo de investigación penal atribuyendo la instrucción a los fiscales.
LA REFORMA DEL CGPJ
Uno de los asuntos relacionados con la Justicia que más quebraderos ha dado al Ejecutivo en los últimos meses ha sido la reforma del CGPJ, que se intentó a través de dos iniciativas parlamentarias de PSOE y Unidas Podemos, aunque solo cristalizó la que limita las competencias del órgano cuando está en funciones, ya que los socios de coalición tuvieron que retirar la que apuntaba a un cambio de las mayorías por las que se elige a los vocales ante la presión de Europa.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 jueces españoles, remitieron un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, denunciando lo que consideran un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho en nuestro país por la reforma del CGPJ.
En esta misiva, los firmantes solicitaron a la Comisión Europea la adopción de medidas, mencionando expresamente el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la UE, como los Derechos Humanos o el imperio de la ley, y supone perder el derecho a voto en el Consejo.
Finalmente, y aunque aún sólo es una ponencia que debe discutirse, destaca la elaborada por el magistrado del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano sobre el recurso de Vox contra el primer decreto de Estado de Alarma, un texto que plantea declarar inconstitucionales algunas medidas de restricción de movilidad aplicadas por el Gobierno al inicio de la pandemia por covid-19 entre las que estaría el confinamiento domiciliario. Se estudiará en Pleno el próximo dia 22.
