La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha acusado este lunes en el Congreso a las empresas eléctricas que gestionan centrales hidroeléctricas de no mostrar «ninguna empatía social», ya que su gestión ha propiciado el precio más alto de la electricidad de más del mitad de las horas durante los últimos meses.
«Esto no es razonable de ninguna de las maneras», ha lamentado Ribera, criticando que, aunque «es muy probable» que este tipo de prácticas puedan ser legales, considera que «no se ha mostrado ninguna empatía social».
Esta tecnología, ha señalado, no se ve afectada por el encarecimiento del gas ni tampoco por los derechos de CO2, factores más señalados para explicar el encarecimiento de la electricidad. Sin embargo, ha sido la generación de electricidad hidroeléctrica, y no las centrales de ciclo combinado (que recurre al gas natural) la más cara, y la que ha marcado el precio en el mercado mayorista en el 65% de las horas de junio, del 64% de las de julio y del 59% de las de agosto.
Para este martes, cuando se prevé un nuevo récord histórico en el precio de la electricidad, más de 130 euros por megavatio/hora, esta tecnología marca el precio (y, por tanto, es la más cara) en 17 de las 24 horas del día.
Esto responde, ha explicado la vicepresidenta tercera, en la posibilidad de las eléctricas concesionarias de las centrales de «interiorizar el coste de oportunidad» en una escalada de los precios de la electricidad. «Sabemos que es muy probable que lo que han hecho es perfectamente compatible con el diseño mayorista, con la posibilidad de interiorizar el coste de oportunidad», ha dicho Ribera.
EL «ESCANDALOSO» VACIAMIENTO DE EMBALSES.
También ha recordado el vaciado de embalses, una «escandalosa» reducción del caudal que, según ha explicado, «no es descartable que sea compatible» con las condiciones de explotación de esas centrales, con lo cual también tendría cobertura legal. En este caso, la vicepresidenta ha incidido en que, si bien estos vaciamientos se producen «de vez en cuando», ha denunciado que «nunca» había sido «en tan poco tiempo, con tanta intensidad» ni «tan cerca» del caudal mínimo.
Recordando que existe una investigación de oficio por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha apostado por «actualizar» en una reforma de la Ley de Aguas un régimen de explotación que cree «desfasado», pues las cláusulas concesionales «tienen muy poco que ver con la sensibilidad, las necesidades y el potencial de hoy».
No se ha mojado, eso sí, sobre por qué modelo apostar una vez caduquen estas concesiones pero ha señalado que, sea una empresa pública o una privada la que lo gestione, «si opera en el mercado, está sometida a las mismas reglas». «Eso explica por qué Enel, siendo pública, tiene el precio más caro prácticamente cada día en Europa, y en ocasiones cada hora», ha dicho.
ESPERA QUE ESTA SITUACIÓN «SE VAYA CORRIGIENDO».
En todo caso, por mucho que estas operaciones puedan ser legales, Ribera cree que «esto no es razonable de ninguna de las maneras». «No se ha mostrado ninguna empatía social», ha lamentado la ministra responsable de energía que confía que esta situación «se vaya corrigiendo».
«Aunque suena a broma, la empatía cotiza en Bolsa», ha dicho la vicepresidenta, señalando que los inversores de las grandes compañías «responden por principios de sostenibilidad social también».
Para hacer frente a estas situaciones, ha dicho que el Gobierno «está trabajando ya» en la aplicación del artículo 55 de la Ley de Aguas para «tener orden» en este tipo de concesiones. Este artículo recoge el control de los embalses y las facultades de las confederaciones hidrográficas para la gestión de estas centrales.
EL PP INSTA A RIBERA A ACLARAR QUÉ INSINÚA DE LA HIDROELÉCTRICA.
«Ha comentado que la hidroeléctrica marca el máximo… ¿Cuál es el problema? ¿Está usted insinuando algo?», ha preguntado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, animando a Ribera a actuar si consideraba que había algún problema con ello y que el propio mercado permite a las eléctricas trasladar con sus ofertas el «coste de oportunidad».
Lejos de esa posición se ha mostrado Inés Sabanés (Más País-Equo), expresando su «absoluta convicción de que se han cometido irregularidades» e instando al Gobierno, pero también a todos los grupos, de «lanzar un mensaje que de impunidad y planteamiento especulativo, nada». «Tiene mayor capacidad para controlar y regular», le ha espetado a Ribera.
Si Ribera cifraba en alrededor del 60% las horas en las que la hidroeléctrica marcaba el coste máximo, Tomás Guitarte, de Teruel Existe, cifraba en un 80% este índice, y animaba a una mayor intervención, en línea con lo manifestado por Jon Iñarritu (EH-Bildu) y Joan Capdevila (ERC), quien ha lamentado la «poca capacidad de incidencia del poder Ejecutivo, consecuencia de décadas de liberalización y malvender competencias».
También le ha recordado, al igual que Idoia Sagastizabal, del PNV, que la ya aprobada Ley de Cambio Climático, daba doce meses para reformar el mercado eléctrico. «Ya han pasado tres», ha señalado, compartiendo, por otro lado, la propuesta de la vicepresidenta para ligar la tarifa regulada PVPC a referencias de precios de mercados a plazos, y así reducir la «incertidumbre» sobre su evolución.
