El Gobierno ha arrancado este martes el nuevo curso político con una agenda legislativa «muy potente» en la que incluye la aprobación de la reforma laboral o de la ley de vivienda, pero que sin embargo omite compromisos como la reforma de los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha realizado este martes en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros una evaluación de las normas aprobadas el pasado año 2020 y la agenda prevista para los cuatro meses que quedan de 2021.
En concreto, ha asegurado que el Ejecutivo ha sacado adelante ya el 87 por ciento de los compromisos adquiridos en el Plan Normativo para 2020, el 65 por ciento a fecha de 31 de diciembre. Entre estas normas no se encuentra sin embargo el compromiso incluido dentro de los objetivos del Ministerio de Justicia de reformar en el Código Penal «las figuras delictivas contra el orden público y la Constitución», lo que incluye el delito de sedición.
Esta reforma tampoco ha sido citada por el ministro Bolaños entre las que prevé impulsar el Gobierno en los próximos cuatro meses, entre las que sí ha citado la Ley de Formación Profesional, la Ley de Ciencia, la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, el desarrollo de la Ley Educativa, la reforma laboral, la Ley de Vivienda y la Ley de 5G.
Según ha defendido, no se prevé abordar de manera urgente la reforma de los delitos de sedición y rebelión porque «la prioridad» para el Gobierno es la recuperación económica y social. «Que recuperemos nuestra vida normal y que el crecimiento económico que vamos a tener se traduzca en bienestar para todos los españoles», ha sostenido.
«A futuro, cuando aprobemos futuros planes, iremos viendo», ha dicho sobre las modificaciones del Código Penal, insistiendo en que su «prioridad absoluta» es el cumplimiento de los acuerdos con la Unión Europea y desarrollar una agenda de recuperación económico y social.
«ESFUERZO DE TRANSPARENCIA»
Bolaños ha asegurado que es «la primera vez en la historia» en la que un Ejecutivo hace un informe de evaluación de sus cumplimientos, pese a estar incluido en la Ley de Gobierno del año 1996. Y ha explicado que se trata de un «esfuerzo de transparencia» para permitir que todos los sectores, colectivos y también los ciudadanos conozcan lo que el Ejecutivo «tiene en mente» para los próximos meses y el cumplimiento de sus compromisos.
Entre las leyes aprobadas durante 2020, un año que ha recordado que estuvo marcado por la pandemia del coronavirus, ha destacado la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, el «importante» incremento del salario mínimo, la ley de cambio climático, la ley de cadena alimentaria o la ley de garantía integral de la libertad sexual.
Todas ellas, ha esgrimido, forman parte de una agenda económica y social «para la recuperación justa» y tienen el objetivo de que un previsible crecimiento económico «vaya acompañado de cohesión social». «Que el crecimiento llegue a todos a través de mecanismos de redistribución, ampliación de derechos y libertades y que sigamos mejorando y transformando nuestro país», ha argumentado.
En concreto, ha detallado que en 2020 se aprobaron un total de 316 normas, de las que 59 no estaban en el plan anual normativo. De estas últimas, 39 fueron reales decretos para hacer frente a la pandemia. El plan normativo de 2021 incluye la aprobación de 144 normas para los próximos cuatro meses, de las que 50 que tienen que ver con compromisos de España con la Comisión Europea por el plan de recuperación.
