La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera «nulo de pleno derecho» cómo se llevó a cabo el proceso de repatriación de los menores marroquíes que llegaron a Ceuta el pasado mes de mayo porque no cumplió con requisitos básicos como informar a estos niños y adolescentes de sus derechos.
Así lo expone el fiscal Manuel Campoy en un escrito del pasado 17 de septiembre, donde informa a favor de admitir el recurso contencioso-administrativo formulado por la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra la orden emitida en agosto por el Ministerio de Interior para deportar a dichos menores.
«Se considera que las actuaciones administrativas de retorno al Reino de Marruecos de menores extranjeros no acompañados, que acudieron masivamente a la Ciudad Autónoma de Ceuta en los días 17 y 18 de mayo, (…) son nulas de pleno derecho, por cuanto prescinden total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», afirma Campoy.
Es más, apunta que se trata de «actuaciones materiales de vía de hecho» porque han obviado el procedimiento establecido, vulnerando con ello las «garantías esenciales» que lo rigen.
NO SE ESCUCHÓ A LOS MENORES
Subraya el fiscal que la forma de actuar de la administración pública en este proceso de repatriación lesionó el derecho fundamental de los menores a la tutela judicial efectiva, recordando en este sentido que la jurisprudencia constitucional exige una «comunicación personal» de los trámites a los afectados.
«Se han omitido los preceptivos actos de comunicación a los menores interesados, información de sus derechos y nombramiento de defensor judicial, en su caso; cercenándoles así la posibilidad de acceso a la tutela judicial y de poder ser revisados judicialmente los actos administrativos concernidos», expone.
Campoy recalca que, en general, «no se han cumplido ninguna de las garantías y trámites exigidos por la legislación española», detallando que no consta un trámite de audiencia con presencia de los menores que tuvieran «juicio suficiente» o de sus representantes legales, ni que se les haya informado de sus derechos, dado la posibilidad de formular alegaciones o de nombrar a un defensor judicial.
Tampoco constan, añade, «los informes preceptivos de la representación diplomática de Marruecos sobre las circunstancias familiares de los menores afectados, de los servicios de protección de menores ni del Ministerio Fiscal».
El fiscal también echa en falta una «resolución final de acuerdo con el principio de interés superior del menor, sobre la repatriación a su país de origen o donde se encuentren sus familiares o sobre su permanencia en España, que debe ser notificada al menor, su representante, tutor y al Ministerio Fiscal, poniendo fin a la vía administrativa».
COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE CEUTA
En consecuencia, el Ministerio Público estima que «procede la admisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto», aunque al mismo tiempo indica que «la competencia objetiva y territorial para conocer del mismo corresponde a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Ceuta».
Y ello porque el reglamento de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social «atribuye a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno la competencia para la tramitación de los procedimientos sobre repatriación de menores extranjeros no acompañados».
Mientras que los juzgados de lo contencioso-administrativo tienen la competencia objetiva sobre los recursos formulados contra las resoluciones dictadas en materia de extranjería por la administración periférica del Estado, siendo la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que haya emitido el acto impugnado.
LA RED CRITICA QUE LA FISCALÍA NO VALORE EL AUTO DE INTERIOR
Sin embargo, desde la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado han señalado que no comparten la apreciación de Fiscalía sobre la necesidad de acumular este proceso en el juzgado de la ciudad autónoma puesto que, apuntan, no están enjuiciando al Ministerio del Interior «por haber procedido a ejecutar las deportaciones, sino por haber emitido una orden irregular, que prescinde de cualquier procedimiento administrativo».
Así las cosas, la Red no comparte «parcialmente lo contenido en el informe» de Fiscalía que, insisten, «está fuera de plazo». El escrito, lamentan, «no entra a valorar en modo alguno el eje nuclear de esta causa, esto es, que» el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska «dictó un acto administrativo en agosto de 2021 que puso en marcha todo el procedimiento, que no recogía ni cumplía la normativa que le es aplicable».
Un acto, explican, «que ahora se está remediando por la convocatoria de varias comisiones entre Ministerios para desarrollar el Acuerdo entre el Reino de Marruecos y el de España para deportaciones de menores migrantes».
