El PSOE sostiene en sus conclusiones sobre la investigación del Congreso relativa a la operación ‘Kitchen’ que la trama para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas para robarle pruebas que pudieran implicar a dirigentes del partido en casos de corrupción se «ordenó» desde «la cúpula directiva» del partido, que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, tenía conocimiento de la misma y, de hecho, era la que «informaba» al presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy.
«El desarrollo de la comisión de investigación nos permite concluir que la cúpula directiva del Partido Popular ordenó la utilización partidista, delictiva e ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en el poder del extesorero Luis Bárcenas», reseñan los socialistas en el documento que han registrado.
Este texto, se someterá a votación el próximo miércoles en la que será la última sesión de la comisión de investigación, junto con los registrados por PP, Vox, Ciudadanos y PNV y las conclusiones suscritas conjuntamente por Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts y la CUP. El documento que salga aprobado se elevará a ratificación del Pleno ya en 2022.
El PSOE no habla expresamente de responsabilidades políticas por esta operación, aunque la considera probada y, de hecho, plantea que se desarrolló en tres sedes: la central del PP en la madrileña calle Génova, el Ministerio del Interior, y la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía.
IMPLICACIÓN «INDICIARIA» DE RAJOY
Resalta que se produjo «con el conocimiento» de Cospedal que «informaba» a Rajoy, que fue el ministro Jorge Fernández Díaz quien «encargó al secretario de Estado de Seguridad, Fernando Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo» y que el «epicentro» del mismo estaba en la DAO que dirigía Eugenio Pino.
Con el fin de «obstruir» las investigaciones judiciales en marcha y evitar que las pruebas contra el PP llegaran a la Justicia y la Policía Judicial, según el PSOE, en esta trama «de interés particular exclusivo del Partido Popular» se utilizaron «ilegalmente fondos reservados y efectivos policiales».
En opinión de los de Pedro Sánchez, según las declaraciones de diversos comparecientes, se puede concluir «la implicación de los responsables políticos máximos del Ministerio del Interior, (ministro, secretario de Estado de Seguridad y director general de la Policía), así como de la secretaria general del Partido Popular y de forma indiciaria del mismo Presidente del Gobierno».
NO SE CUMPLÍAN LOS PROTOCOLOS
El PSOE también señala como otra «conclusión evidente» el «descontrol absoluto en el uso de los fondos» en Interior, así como la «ignorancia y exclusión de cualquier clase de seguimiento de las previsiones legales y de los protocolos establecidos».
Como ejemplo de esto último, los socialistas denuncian la utilización de «catálogos, provisiones de plazas y medios personalesde forma arbitraria» por parte del director adjunto Operativo, Eugenio Pino, «con la complicidad de otros cargos policiales que ejecutaban estas órdenes ilegales».
Así, apunta a un «despilfarro de dinero público, claramente malversado y detraído de las finalidades legalmente asignadas», y, encima, «en un momento de crisis donde los efectivos estaban congelados y los recursos materiales escaseaban».
«Con estas actuaciones, no solo se incumplió de manera flagrante la ley, se frustró la recta administración de Justicia, sino que también se provocaron daños de difícil o imposible reparación al crédito y buen nombre de la Policía Nacional en su prestigio, con afectación grave a sus recursos, estructura y funcionamiento», señala el partido mayoritario.
