La Comisión Europea ha aprobado este miércoles el desembolso a Francia del primer tramo del fondo de recuperación, que asciende a 7.400 millones de euros, según ha anunciado la presidenta de la institución, Ursula Von der Leyen.
«Tan pronto como los Estados miembros hayan dado su visto bueno, desembolsaremos 7.400 millones de euros», ha apuntado la presidenta del Ejecutivo comunitario en un mensaje por vídeo, quien ha destacado las «importantes reformas» emprendidas por el país galo.
Francia se convierte, así, en el segundo país en recibir el visto bueno del Ejecutivo comunitario para recibir el primer pago del fondo de recuperación después de España, que ya en diciembre cobró los primeros 10.000 millones de su plan.
El primer pago de 7.400 millones se uniría al anticipo que Bruselas desembolsó a Francia el pasado agosto de 5.100 millones de euros como parte de su plan de recuperación para avanzar en las transiciones verde y digital.
El país galo presentó en noviembre ante la Comisión la petición formal para recibir el primer desembolso, un pago que se basa en el cumplimiento de 38 hitos que abarcan desde reformas en el área de finanzas públicas, a vivienda y ambiciones como descarbonizar el transporte, fortalecer el seguro de desempleo o mejorar el sistema de salud.
Con el dictamen positivo de Bruselas le toca ahora al resto de Estados miembro, a través del Comité Económico y Financiero (EFC, por sus siglas en inglés) examinar el expediente y dar su opinión. Si este análisis también es positivo y lo avalan (o si pasa un mes sin que ningún país se pronuncie), el desembolso será autorizado.
«Creemos que Francia ha dado un gran paso para recibir un pago significativo en el marco del Plan de Recuperación europeo, Next GenerationEU», ha incidido Von der Leyen en su intervención, que ha recordado que el país recibirá un total de 40.000 millones de euros como parte de estas ayudas en los próximos cinco años.
38 REQUISITOS.
El Ejecutivo comunitario ha estimado que Francia implementó con éxito cinco objetivos vinculados a la gobernanza de las finanzas públicas y la evaluación de la calidad del gasto público, dos factores que permitirán mejorar la solidez de las finanzas públicas.
El país galo también ha avanzado en la reforma de las prestaciones por desempleo con la implementación de nuevas reglas que deberían mejorar la resistencia del sistema así como reducir la segmentación del mercado laboral y el porcentaje de trabajadores con contratos de corta duración.
Otro de los objetivos, vinculados al campo educativo, tiene que ver con las ayudas a la contratación a más de 330.000 jóvenes y otros 337.000 jóvenes menores de 26 años. Además, aumentarán los recursos del organismo nacional que gestiona la educación y formación profesional y se crearon 16.000 plazas en educación superior.
En cuanto al sistema de asistencia sanitaria, se simplificará la gestión hospitalaria y se creará una nueva rama de la seguridad social que apoye la independencia de personas mayores y discapacitadas.
