La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha pedido este martes a los diputados no hacer «de jueces» aplicando el artículo del Reglamento de la Cámara que permite suspender a quienes sean juzgados por presunta corrupción si finalmente va juicio por presunto fraude por su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
En una entrevista de TV3, ha asegurado que no se siente «interpelada» por este artículo, puesto que defiende que ni ha delinquido ni ha cometido ningún fraude, y ha añadido que todavía no ha hablado con ERC y la CUP sobre qué votarían al respecto.
Además, ha sostenido que este artículo –el 25.4 del Reglamento– vulnera la presunción de inocencia, al aplicarse sin sentencia, y que por eso los servicios jurídicos propusieron modificarlo: «La presunción de inocencia es un bien preciadísimo para todos, no para Laura Borràs».
Preguntada por si podría haber una crisis de Govern en caso de que ERC votara a favor, ha dicho que le «cuesta mucho imaginar que haya independentistas que quieran allanarle el camino al Estado y a la represión», y ha reclamado unidad y un frente común a los independentistas.
«Dentro de Junts no hay ninguna duda, y todo el mundo está haciendo piña sobre que este hecho es un caso de persecución política», ha añadido Borràs, que ha insistido en que ella siempre ha mostrado su apoyo a todas las personas que considera que han sufrido represión.
Y sobre una posible ruptura del Ejecutivo catalán, ha dicho: «Si alguien quiere salir del Govern, que salga. Si alguien tiene muchas ganas de salir del Govern porque este Govern tenía unos objetivos y un plan de trabajo… Se puede listar y ver. Ahora que hará un año, se puede ver qué esperaba y que decía hace un año y qué tenemos ahora».
PROCEDIMIENTO «IRREGULAR»
A la espera de que la Fiscalía se pronuncie sobre el caso, Borràs ha lamentado haberse enterado por la prensa de que había sido procesada en un procedimiento «irregular desde el principio» y que, a su juicio, debería terminar archivado.
«La desproporción de las penas solicitadas mostrará una vez más, y será la prueba, de esta persecución política», y ha criticado que haya quienes ya la consideren culpable a pesar de que los tribunales aún no la han juzgado.
SOBRE LOS CONTRATOS
Preguntada por si la jefa de administración la avisó de supuestas irregularidades en contratos de la ILC, ha sostenido que sus decisiones pasaron todos los controles de la Generalitat: «Cuando entro en la ILC, soy una profesora que entra a trabajar para la administración pública y que conoce los procedimientos».
Sobre las presuntas irregularidades de las que alertó la Sindicatura de Comptes, ha mantenido que son afirmaciones que «salen de contexto» y que toda investigación está construida sobre la base del ‘lawfare’.
Ha negado haber favorecido a ningún amigo con los contratos –como recoge la instrucción– y ha afirmado que los Mossos no encontraron indicios de delito cuando investigaron el caso: «Y nos olvidamos, porque tenemos la novela de la Guardia Civil. El juez lo da por bueno, y todos sabemos qué reputación tiene la Guardia Civil haciendo informes de acusación».
Entre marzo de 2013 y febrero de 2017, la ILC adjudicó por medio de Borràs 18 contratos menores relativos a la programación y mantenimiento del portal web de la institución, por los que se la investiga por presunta prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos.
