Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea defenderán reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 61% de aquí a 2030. Un objetivo que se han marcado en las negociaciones para reformar el Sistema de Comercio de Emisiones, que arrancarán en septiembre con el Parlamento Europeo. Se plantea incluso aspirar a establecer un objetivo más ambicioso del 63%.
Así lo han acordado esta madrugada en una reunión en Luxemburgo para consensuar las líneas rojas de su posición negociadora sobre el paquete legislativo ‘Objetivo 55’ que fijará los nuevos objetivos climáticos de la UE.
«La transición ecológica y energética requerirá la aportación de todos los sectores y todos los Estados miembro, de manera justa e incluyente», ha señalado la ministra de la Transición Energética de Francia y presidencia de turno, Agnès Pannier-Runacher, al término de la reunión a Veintisiete.
El acuerdo alcanzado entre Estados miembros contempla el sistema de comercio de derechos de emisiones (ETS por sus siglas en inglés), el reglamento sobre el uso de la tierra y la silvicultura (el llamado LULUCF), la creación de un fondo social del clima y los nuevos estándares de emisiones de CO2 para coches y furgonetas.
Los ministros de Medio Ambiente de la UE han acordado fijar una reducción de emisiones del 61% hasta 2030 en los sectores implicados en el sistema de comercio de emisiones, una ambición en línea con lo propuesto por la Comisión Europea y por debajo del 63% que pidió el pleno de la Eurocámara. Además, han pactado reducir el límite máximo de emisiones en 117 millones en derechos de emisiones e incrementar la tasa de reducción al 4,2%.
Sobre al mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM, por sus siglas en inglés), que busca evitar que las empresas europeas pierdan competitividad respecto a las otros países que venden productos en la UE y no pagan el coste de tonelada de CO2, han instado a terminar con la asignación de derechos de emisión gratuitos de forma progresiva en un plazo entre 2026 y 2035, rebajando la ambición planteada por la Eurocámara que pedía terminar el plazo en 2032.
Respecto a los sectores aún no incluidos en el sistema de comercio de emisiones, como el transporte marítimo, la agricultura, los residuos y las pequeñas industrias, los Veintisiete han convenido establecer un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 40% respecto a los niveles de 2005.
Además, ha acordado aumentar la cantidad de cuotas anuales que se pueden transferir a los Estados miembros al 10% entre 2021 y 2025 y al 20% entre 2026 y 2030 y ha pedido que sean intercambios «transparentes».
En un paso más, han acordado crear un sistema de comercio de derechos de emisiones específico para los edificios y el transporte (ETS-2) que se aplicará a los proveedores de combustibles aunque no plantea su entrada en funcionamiento hasta 2027, un año más tarde de lo que planteaba la Comisión Europea.
Vinculado a ello, los titulares de Medio Ambiente también resolvieron establecer un Fondo Social para el Clima para ayudar a los hogares más vulnerables, las microempresas y los usuarios del transporte derivado de la financiación obtenida del sistema de comercio de emisiones en los sectores de la construcción y el transporte por carretera.
PLAZOS
El fondo se establecerá de 2027 a 2032, coincidiendo con la entrada en vigor del sistema de comercio de emisiones para los sectores de la construcción y el transporte por carretera, con subvencionabilidad retroactiva del gasto a partir del 1 de enero de 2026.
El Consejo ha acordado que todos los Estados miembros se beneficiarán de este fondo y ha suscrito el mecanismo de asignación propuesto por la Comisión, si bien ha optado por no mantener la contribución nacional (cofinanciación) prevista en la propuesta del Ejecutivo comunitario. Con respecto al método de gestión del Fondo, el Consejo optó por la gestión directa combinada con elementos de gestión compartida.
En este sentido, se ha fijado una trayectoria de reducción de emisiones y un factor de reducción lineal de 5,15 a partir de 2024 y 5,43 a partir de 2028, como propuso el Ejecutivo comunitario.
Los ministros de Medio Ambiente de la UE han dado su visto bueno además a reforzar la reserva de estabilidad de mercado, el mecanismo que regula de forma automática la oferta de derechos de emisión que se pone en el mercado. Así, han convenido prorrogarla más allá de 2023 y han fijado un umbral de 400 millones de derechos de emisión.
En caso de un aumento excesivo de los precios en el mercado de derechos de emisiones, los Estados miembros pactaron que la activación del mecanismo de liberación de cuotas de la reserva de estabilidad de mercado sea automático y más reactivo.
El Consejo ha convenido, además, incluir las emisiones del transporte marítimo en el sistema de comercio de emisiones, en línea con la propuesta del Ejecutivo comunitario de introducir obligaciones graduales para las navieras. El acuerdo tiene en cuenta las especificidades geográficas de los países y plantea medidas transitorias para las islas pequeñas, la navegación en invierno y los viajes del servicio público al tiempo que refuerza las medidas para combatir el riesgo de fuga de carbono en el sector marítimo.
Respecto al sector de la aviación, los Veintisiete han defendido una eliminación gradual de los derechos de emisión gratuitos hasta 2027 y alinearlo con el plan de reducción de carbono para este sector a nivel internacional. El Consejo también contempla reservar 20 millones de derechos de emisión gratuitos eliminados gradualmente para compensar los costes adicionales asociados con el uso de combustibles sostenibles.
USO DE LA TIERRA
Respecto al reglamento sobre el uso de la tierra y la silvicultura (el llamado LULUCF), los ministros de Medio Ambiente acordaron un objetivo de absorciones equivalentes de 310 toneladas métricas de CO2 hasta 2030, lo que representa un aumento del 15% respecto a la actualidad. Además, cada Estado miembro deberá establecer un compromiso de absorción de emisiones de gases de efecto invernadero para el periodo 2026-2030.
Por otra parte, los Veintisiete han mantenido la distribución de objetivos asignada a cada Estado miembro en la propuesta de la Comisión Europea relativa a este reglamento.
España ha pedido que se dispusiera una bolsa de compensación que tuviera en cuenta los efectos del cambio climático en los objetivos de absorción de CO2, ante lo cual el Consejo acordó mejorar las flexibilidades para apoyar a los Estados miembros que tienen dificultades para cumplir sus objetivos por factores ajenos a su control.
