El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga los presuntos encargos ilegales que BBVA habría hecho al ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo tomará declaración este martes como testigos a tres trabajadores de la entidad bancaria. Un día después el instructor escuchará, también como testigos, a dos trabajadores del banco.
En una providencia, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Joaquín Gadea, ha acordado la práctica de estas testificales después de que la Sala de lo Penal diera la razón parcialmente al exjefe de Seguridad del banco Julio Corrochano.
Los magistrados de la Sección Tercera estimaron el pasado 20 de octubre de forma parcial el recurso de apelación presentado por Corrochano, al que se adhirieron de forma parcial los fiscales anticorrupción Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro. El Ministerio Fiscal entendía que había una serie de diligencias, las que han sido finalmente fijadas, que debían ser practicadas.
La Fiscalía, en concreto, apuntaba que los trabajadores de BBVA Beatriz Aguiriano, Clara Codesal e Itziar Ibáñez Loipategui «tuvieron una intervención directa en el pago de facturas por servicios prestados por CENYT», el grupo empresarial de Villarejo, a la entidad bancaria.
«Conforme a la normativa interna para su pago, solo podían autorizar si hubiesen tenido acceso al contrato y a la correcta ejecución del servicio, existiendo por ello indicios de que si fueron pagadas, fue incumpliendo tal normativa por órdenes de sus superiores (aquí investigados). Es por ello que su declaración se manifiesta de vital importancia y trascendencia», adujo Anticorrupción.
Todos ellos habrían tenido también, supuestamente, «acceso a los contratos subyacentes con cierto control de la ejecución del servicio«. Así, añadía el Ministerio Público, «podrían explicar si recibieron alguna indicación por parte de la entidad respecto a estos pagos o el sentido de correos electrónicos relacionados con ellos».
La Fiscalía hacía extensible esta justificación para pedir la llamada a sede judicial como testigos de Isabel López y José Maria Lazarrabal Zabala, «que también tuvieron una intervención, aparentemente no meramente administrativa, en el pago de facturas». «Por ello su declaración como testigos es pertinente», señaló.
Así las cosas, el instructor escuchará a partir de las 10.15 horas del próximo 29 de noviembre a Codesal, Aguiriano e Ibáñez. Un día más tarde, a la misma hora, el magistrado tomará declaración a Lazarrabal y López.
Estas citaciones son la antesala de la que será, previsiblemente, la última declaración en esta pieza separada de ‘Tándem’: la del expresidente de BBVA Francisco González. Después de varios cambios en la fecha, la declaración se celebrará el próximo 15 de diciembre.
González está investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos. La Sala de lo Penal levantó su imputación por administración desleal estimando el recurso del ex presidente de BBVA contra la decisión del juez de seguir el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que vio este posible ilícito en el supuesto uso del banco para obtener información sobre una finca que estaba interesado en comprar a título privado.
Todo ello en el marco de esta pieza en la que el juez examina los contratos de BBVA con el grupo empresarial de Villarejo, CENYT, para distintos proyectos –presuntamente ilegales– al menos entre 2004 y 2017, unos trabajos por los que la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.
