La juez María Tardón, que instruye la investigación por la invasión de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, desde la Audiencia Nacional, ha pedido a la empresa HI Iberia que se «identifique a la persona u organismo público o privado que haya solicitado los servicios de su compañía, bien a través de la referida herramienta o cualquier otra de sus plataformas, para la obtención y realización de imágenes en la zona geográfica fronteriza entre las localidades de Ceuta y Castillejos (Marruecos) con un radio de acción comprendido entre los 5000 metros hacia territorio marroquí, y los mil metros en territorio español».
La herramienta a la que se refiere la juez Tardón es la SEDA (SatellitE Data AI), desarrollada por la empresa HI Iberia, una plataforma española de inteligencia artificial satelital. Su función principal consiste en el procesamiento y análisis de imágenes satelitales avanzadas para labores vinculadas a la Defensa Nacional y el control de fronteras. La propia sociedad se define en redes como una empresa que «desde 1989 desarrollamos soluciones digitales y tecnológicas para industria, energía, seguridad y defensa. Somos innovación que impulsa resultados».
En ese mismo auto la magistrada pide que se requiera «al CEO de la mercantil tecnológica HI Iberia para que, respecto de la entrada masiva de inmigrantes irregulares en Ceuta de los días 30 y 31 del pasado mes de julio de 2026, informe a este órgano judicial de todas las solicitudes que se le hayan realizado para la obtención y realización de imágenes satelitales a través de la herramienta SEDA en el periodo comprendido entre los días 20 de julio y 7 de agosto de 2026 la ciudad fronteriza de la Ciudad Autónoma de Ceuta y el territorio limítrofe con Marruecos, con especial atención a la zona perimetral adyacente y contigua a El Tarajal».
HI Iberia es un proveedor habitual de Defensa, entre sus últimos contratos están los «Servicios de apoyo técnico en diseño, construcción y pruebas, en el área de sistemas CIS (TIC), de los programas navales de buques auxiliares de DGAM», por 123.000€, los «Servicios de Apoyo Técnico a la Jefatura de Ingeniería, Construcciones y Obras del Arsenal de Cádiz de La Armada», por 62.000€, otro de «Servicios de apoyo técnico en la redacción de los anexos técnicos de prendas de vestuario a la Jefatura de de la Guardia Civil», por un valor de 103.000€ y la «Contratación de los servicios de apoyo y consultoría en comunicaciones al ramo técnico de sistemas de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada» por 70.000€. Todas las cantidades son con el IVA excluido.
La pieza tecnológica sobre Ceuta
La orden de la juez Tardón forma parte de varias diligencias que estarán dentro de una denominada «pieza tecnológica» que ya ha sido declarada secreta. Dentro de esta pieza, la juez reclama al jefe del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) que aporte todas las imágenes satelitales de las que disponga correspondientes al periodo comprendido entre las 00.00 horas del 20 de julio y las 23.59 horas del 7 de agosto. En concreto, solicita imágenes de la playa de Fnideq (Castillejos), en Marruecos, colindante con la frontera española, y de la playa de El Trampolín, en Ceuta.
Asimismo, para completar esta pieza tecnológica la juez pide a Defensa que compruebe las imágenes disponibles en el Mando de Operaciones (MOPS), el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), el Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) y cualquier otro centro de su ámbito que pudiera haber realizado esa tarea. También reclama las imágenes videográficas que pudieran haber obtenido los mandos operativos aéreo, marítimo y terrestre durante esas fechas. La petición judicial se alarga hasta las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia dependientes de Defensa que cubren Ceuta y el territorio de frontera con Marruecos, con especial atención a la zona de El Tarajal.
La magistrada trataría así de comprobar si la invasión se preparó días antes acumulando a miles de personas al otro lado de la frontera española o fue una avalancha repentina, algo que parece poco probable.
Identificación de personas
La jueza ha pedido igualmente a Policía Nacional y Guardia Civil que elaboren un informe para precisar, en la medida de lo posible, la identidad, cuerpo, unidad, empleo, funciones y actuación de los agentes uniformados marroquíes que aparecen en las imágenes incorporadas a la causa. Ese informe deberá intentar reconstruir también la «cadena de mando operativa» presente en la zona de Fnideq-Castillejos durante aquellos días.
La juez Tardón ha reclamado también al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) el informe íntegro sobre su organización digital, incluyendo los números de teléfono detectados como administradores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes, así como los identificadores utilizados en Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram y otras plataformas.
La jueza ordenó además a Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google y Apple la conservación y remisión de datos de registro de las cuentas utilizadas para difundir la convocatoria, direcciones IP, dispositivos, teléfonos, correos electrónicos, historial de conexiones y contenido de grupos, canales y perfiles utilizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto.
