El Congreso de EE. UU. estudia limitar la exportación de chips de IA a China: la eficacia, en duda

El Senado ultima el NDAA para rastrear la exportación de chips de IA a China y vetar las ventas a adversarios, mientras Nvidia trata de retirar ese lenguaje y Pekín acelera su hardware propio.

Washington debate si estrangular la venta de chips de IA a China frena a Pekín o acelera su industria propia.

El Senado se dispone a votar en las próximas semanas la ley anual de defensa, el paquete legislativo must-pass conocido como NDAA (National Defense Authorization Act), y lo que en otros ejercicios era un trámite se ha convertido en el campo de batalla de la mayor disputa tecnológica del momento.

Una enmienda y dos visiones: el pulso entre el Capitolio y Nvidia

La versión del Senado incorpora dos provisiones decisivas: obligar a rastrear cada chip de IA exportado y facultar al Congreso para bloquear ventas de aceleradores avanzados a adversarios declarados, China entre ellos. El texto no cita a Nvidia por su nombre, pero nadie en la sala duda de quién se habla.

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Nvidia y otros fabricantes de hardware presionan para que ese lenguaje desaparezca del texto final. El argumento lo sostiene desde hace meses su consejero delegado, Jensen Huang: cada restricción que Washington impone a Pekín es un incentivo para que Pekín fabrique por su cuenta lo que hoy le compra a la industria estadounidense.

“La amenaza de China es mayor si tienen que desarrollar sus propios chips, y ese no es un argumento frívolo”, resume el senador Ted Cruz, presidente del Comité de Comercio del Senado. “Creo que necesitamos controles de exportación con sentido, pero dónde debe estar la línea es un juicio complicado”.

El Partido Demócrata no compra ese marco. Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, admite que el razonamiento de Huang “no me convence del todo”; Chris Coons es más tajante: “Es realmente peligroso abogar por exportar los chips más sofisticados a China”. Un asesor demócrata describe las reuniones del directivo en el Capitolio como sordas al riesgo.

El control de exportaciones siempre ha sido un arma de doble filo: frena al adversario hoy y le enseña a fabricar solo mañana.

El argumento que Pekín ya está cumpliendo

exportación semiconductores

El problema de la tesis estadounidense es que Pekín lleva tres años dándole la razón a Huang. Huawei presentó a mediados de septiembre su arquitectura Atlas 960E SuperPoD, diseñada para entrenar modelos de diez billones de parámetros y escalable hasta 4.096 NPUs. Su presidente rotatorio, Xi Zhijun, lo dijo sin rodeos en mayo: si Estados Unidos no hubiera forzado al país, “no habríamos hecho algo así”.

Los números del sector apuntan en la misma dirección. Nvidia reconoció en su última presentación de resultados que menos del 1% de sus ingresos de centro de datos procede de la venta de chips de gama alta a China: la compañía ya ha asumido la pérdida de ese mercado. Huawei prevé lanzar su chip Ascend 960DT en el primer trimestre de 2027, y un informe del American Enterprise Institute calcula que podría cubrir la mitad de la demanda china de procesamiento de IA en 2028.

La Lógica de Washington

Washington no improvisa. Los controles de exportación son una de de las herramientas clásicas de la política exterior estadounidense desde la Guerra Fría, cuando el Comité Coordinador vetaba la venta de tecnología sensible al bloque soviético. El precedente que mejor explica el momento es el de 1987: el Congreso sancionó a Toshiba por vender máquinas herramienta de precisión a la Unión Soviética que mejoraban el silenciado de sus submarinos. La lógica era la misma que hoy: no entregarle al rival la pieza que cierra su ventaja.

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Ese instinto recorre los dos partidos. Donald Trump amplió en su primer mandato la lista de entidades que bloquearon a Huawei, y la administración de Joe Biden endureció en octubre de 2022 los controles sobre semiconductores avanzados. Lo que se dirime ahora en el Senado no es si Estados Unidos debe controlar, sino cuánto. La coalición que respalda el lenguaje duro es transversal —republicanos de seguridad nacional y demócratas industrialistas—, y de ahí la presión sobre la Casa Blanca: un ritmo lento en los controles incomoda a los senadores del Partido Republicano que después tienen que votar el NDAA.

Para España el pulso tiene una lectura concreta. El país compite en la liga del diseño, el talento y el empaquetado, no en la de la fabricación de vanguardia: el PERTE Chip moviliza 12.250 millones de euros públicos y los grandes centros de datos de Aragón, Madrid y Castilla-La Mancha dependen de aceleradores que hoy solo fabrican un puñado de empresas. España no está en el punto de mira del Capitolio, pero un régimen global de trazabilidad y veto encarece el acceso al cómputo de las empresas españolas y añade una capa de incertidumbre a los proyectos europeos de soberanía digital. En Bruselas y en Madrid se sigue con atención el debate sobre la “difusión” de la IA, porque un marco mal calibrado convierte a los aliados en compradores de segunda.

El calendario ya está marcado. La votación del Senado llegará previsiblemente en las próximas semanas; después tocará fusionar el texto con el de la Cámara de Representantes, con noviembre por medio, y la firma de Donald Trump antes de que acabe el año. En paralelo, Huawei presentará su Ascend 960DT en el primer trimestre de 2027 y Nvidia rendirá cuentas en su presentación trimestral de noviembre.

Ficha del Caso

  • El caso: El Senado ultima la ley anual de defensa con provisiones que obligarían a rastrear los chips de IA exportados y permitirían al Congreso vetar ventas a China. Nvidia y otros fabricantes piden retirar ese lenguaje.
  • Datos clave: Menos del 1% de los ingresos de centro de datos de Nvidia procede de chips de gama alta vendidos a China; el American Enterprise Institute calcula que Huawei cubrirá la mitad de la demanda china de cómputo de IA en 2028; la Ley europea de Chips moviliza 43.000 millones de euros y el PERTE Chip español, 12.250 millones.
  • Para España: No está en el punto de mira, pero un régimen global de trazabilidad y veto encarece el acceso al cómputo, condiciona los centros de datos de Aragón, Madrid y Castilla-La Mancha y estrecha el margen de maniobra del PERTE Chip.