Trump afronta su primer Congreso demócrata del segundo mandato con una disyuntiva binaria: pactar con la oposición o gobernar por decreto. Los demócratas barrieron el 3 de noviembre en las elecciones de medio mandato y el resultado coloca al presidente de Estados Unidos ante la prueba política más delicada desde que regresó al Despacho Oval en enero de 2025.
Las cifras, todavía provisionales, reordenan la ciudad. Los demócratas se quedarían con 56 escaños en el Senado y podrían rozar los 260 en una Cámara de Representantes de 435 miembros, con varias docenas de distritos pendientes de escrutinio. Los republicanos pierden el control de las dos cámaras por primera vez desde 2018, y lo hacen con un vuelco que en el Partido Republicano comparan ya con la revolución republicana de 1994.
La diferencia con aquel 2018 cabe en dos palabras: lame duck. Trump no volverá a presentarse y esa condición cambia el cálculo de todos los actores de la capital. También el suyo.
Qué puede hacer un Congreso demócrata contra los aranceles
El instrumento más afilado que heredan los demócratas es la Congressional Review Act, la ley de 1996 que permite al Capitolio anular regulaciones federales recientes con mayoría simple en ambas cámaras y la firma del presidente. Su ventana es estrecha: 60 días legislativos desde la publicación de cada norma. Buena parte del andamiaje arancelario construido en estos dos años encaja en ese calendario.
Tumbar un veto exige dos tercios de cada cámara: 67 senadores y 290 representantes. Con 56 escaños, los demócratas se quedan a once. La mayoría simple sirve para aprobar; la mayoría cualificada, para imponerse. Y ahí, por ahora, no llegan.
Washington se prepara para dos años de decretos, vetos y revancha: el bolígrafo presidencial contra la mayoría demócrata.
Queda el camino legislativo puro: una ley que recorte la autoridad unilateral del presidente en materia comercial, empezando por la Section 232 (el artículo de la ley de comercio de 1962 que permite imponer aranceles por razones de seguridad nacional sin pasar por el Congreso). Los estrategas demócratas barajan llevar esas votaciones al pleno aunque no salgan adelante, porque obligan a los republicanos moderados a retratarse.
El arancel que España mira de reojo
Para España, la pregunta no es quién controla el Capitolio, sino si el próximo arancel que se anuncie en Washington tiene fecha de caducidad. Los sectores más expuestos siguen siendo los mismos: aceite de oliva, vino, conservas vegetales, automoción y componentes, maquinaria y equipo, y una parte creciente de la facturación farmacéutica.
A eso se suma la exposición directa de las compañías con presencia en Estados Unidos. Inditex, Santander, BBVA, Iberdrola, Ferrovial, Repsol e IAG operan allí con inversión propia y planifican a cinco años, no a un ciclo electoral. Un Congreso capaz de bloquear aranceles es, para todas ellas, una póliza de seguro barata.
Bruselas mantiene la misma lectura que Madrid: la vía preferente sigue siendo la negociación técnica, y la vía legislativa americana se contempla como un colchón, no como una estrategia. Alemania, con la industria del automóvil en el centro de su economía, tiene más urgencia; España aporta más diversificación sectorial, aunque depende en mayor medida del aceite de oliva y del turismo.
La Lógica de Washington
Conviene entender qué ocurre por dentro antes de sacar consecuencias. Trump tiene dos manuales sobre la mesa y conoce los dos. El primero es el de Bill Clinton después de 1994: negociar con la mayoría rival, firmar reformas de bienestar, agricultura, telecomunicaciones y seguros sanitarios, y llegar a 1996 con cuatro presupuestos equilibrados consecutivos. El segundo es el de Barack Obama en 2014, cuando anunció que tenía ‘un bolígrafo y un teléfono’ y gobernó por decreto, incluida la entrada en en el Acuerdo de París sin pasar por el Senado.
La coalición que sostiene a Trump empuja en ambas direcciones a la vez. El ala populista prefiere el conflicto permanente, porque moviliza a su electorado. El ala fiscal, más discreta pero decisiva en el Senado, sabe que gobernar solo por decreto implica más déficit y menos desregulación efectiva: cada norma nueva puede ser tumbada por el siguiente presidente con otro bolígrafo. Ahí está la contradicción que define los próximos dos años.
Hay un precedente que ilustra el límite del decreto. George W. Bush impuso aranceles al acero en 2002 invocando seguridad nacional y los retiró veinte meses después, empujado por la Organización Mundial del Comercio y por sus propios socios. La lógica de Washington no premia la firmeza; premia la firmeza que se puede sostener. Con un Congreso hostil, cada arancel se convierte en un pulso con fecha de caducidad y en moneda de cambio para otras cosas.
La proyección es concreta: el Congreso entrante se constituye en enero de 2027 y sus primeros cien días legislativos son la ventana real para cualquier revisión arancelaria. Si Trump opta por el pacto, las empresas españolas ganan previsibilidad y la UE negocia con más margen. Si opta por el decreto, España seguirá expuesta a decisiones que se firman en el Despacho Oval y se litigan después en los tribunales. En ambos escenarios, Madrid hará bien en mirar el Capitolio tanto como la Casa Blanca.
Ficha del Caso
- El caso: La barrida demócrata del 3 de noviembre deja a Trump sin mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes, y abre la duda de si negociará leyes o ampliará el gobierno por decreto.
- Datos clave: 56 escaños demócratas en el Senado y hasta 260 en una Cámara de 435 miembros. Tumbar un veto presidencial exige 67 senadores y 290 representantes. La Congressional Review Act da 60 días legislativos para anular cada regulación.
- Para España: De la vía elegida depende que la próxima ronda de aranceles sobre aceite de oliva, vino, automoción y maquinaria tenga o no fecha de caducidad, y que Inditex, Santander, Iberdrola o Ferrovial planifiquen su inversión americana con reglas estables.
