El lehendakari Imanol Pradales anunció este viernes que el Gobierno Vasco perseguirá el fraude en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). En la misma comparecencia cifró en 8.000 los perceptores que han encontrado un empleo en el último año y aseguró, citando al director general de Lanbide, Francisco Pedraza, que los pagos indebidos se han reducido a la mitad.
Qué exige el PP y qué responde el lehendakari
El anuncio llega después de que el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, reclamara un ‘cambio integral’ de la prestación en plena precampaña y tras la visita a Euskadi del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. El dirigente popular calificó de ‘injusto’ que un trabajador que paga sus impuestos gane menos que un perceptor de la RGI y que la ayuda funcione como una ‘renta vitalicia’ sin obligación de acelerar la empleabilidad.
La propuesta popular se apoya en dos casos que han marcado la agenda política de las últimas semanas: el cobro de hasta 2.450 euros al mes por parte de una pareja con seis hijos en Vitoria-Gasteiz y la detención de dos narcotraficantes que habrían percibido 168.000 euros en ayudas sociales. De Andrés subrayó además que el padre de esa familia numerosa, imán en la capital alavesa, ‘apenas sabe hablar español’.
El lehendakari respondió que el Ejecutivo ‘va a perseguir al jeta; al que quiera vivir del cuento’. No obstante, Pradales rechazó vincular la prestación con la obligación de encontrar empleo y defendió la RGI como un soporte de cohesión social. Sobre el discurso del PP en materia de inmigración, afirmó: ‘Vamos a proteger siempre a quien sea; venga de dónde venga’.
Cuánto dinero hay en juego y qué dicen los datos de Lanbide
El debate llega con las cuentas sobre la mesa. La RGI y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) superan los 410 millones de euros anuales. El departamento de Empleo ha reconocido que 38 millones de euros en pagos indebidos han prescrito, repartidos en 18.601 expedientes tramitados entre 2022 y 2026.
Entre 2022 y 2026 han prescrito 38 millones de euros en pagos indebidos de 18.601 expedientes; Lanbide cifra la recuperación anual en el 76%.
Los datos que el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide ha trasladado al Parlamento Vasco sitúan las cantidades reclamadas por ejercicio por encima de los 35 millones de euros en 2023, con una tasa de recuperación próxima al 76% en ese mismo año. El vicelehendakari Mikel Torres ha defendido el compromiso del Ejecutivo contra el fraude y activó un buzón específico del que no se han facilitado datos de uso.
Las dudas alcanzan también a la eficacia de la RGI como herramienta de inserción. Alrededor de 30.000 perceptores tienen posibilidades reales de encontrar trabajo, según las cifras manejadas por el departamento. Un informe del digital económico Gananzia señala que casi 14.100 perceptores llevan más de diez años vinculados a la ayuda y que las evaluaciones disponibles constatan una cualificación muy baja entre buena parte de los beneficiarios.
El informe aporta además un dato: en 2023, mientras la tasa de paro vasca bajaba del 8,6% al 7,8%, los titulares de RGI pasaron de 49.413 a 56.144. El salto coincide con la entrada en vigor del nuevo sistema vasco de garantía de ingresos, que modificó requisitos, cuantías y compatibilidad con otras rentas, por lo que no puede atribuirse sin más a un deterioro de la inserción laboral.
El precedente de 2023 y el debate que llega al Parlamento
La RGI es una prestación íntegramente vasca, financiada con recursos propios de la Hacienda foral dentro del marco del concierto económico. El precedente inmediato de discusión pública es la entrada en vigor en 2023 del nuevo sistema de garantía de ingresos, que amplió requisitos y cuantías y que, según los informes manejados por el departamento, explica parte del aumento de titulares en ese ejercicio.
El PP ha trasladado el control de la prestación al Parlamento Vasco en los últimos meses, y las respuestas de Lanbide a esas iniciativas seguirán marcando el debate. En paralelo, el departamento que dirige Mikel Torres mantiene abierto el buzón antifraude sin balance público de uso. La evolución del empleo entre los perceptores y la cifra de pagos indebidos recuperados serán los dos indicadores que se midan en la próxima cita parlamentaria.
