Argentina acaba de cerrar la puerta al equipamiento chino en sus redes más sensibles. Lo hace con un estándar privado estadounidense, el SCS 9001, que Huawei y ZTE tienen vetado de antemano. La disposición del Centro Nacional de Ciberseguridad se publicó en el Boletín Oficial argentino y alcanza a todo lo que el Estado compre en los próximos meses.
Qué exige la norma y por qué deja fuera a Huawei
El requisito es obligatorio para el Estado nacional y sus empresas en las compras que se inicien dentro de 90 días. Una de las primeras afectadas sería Arsat, la operadora estatal de telecomunicaciones, que según el diario La Nación tendría cerca de dos tercios de su equipamiento de origen chino, principalmente Huawei y ZTE. El filtro no distingue entre red troncal y teléfono de oficina.
La certificación la emite la Telecommunications Industry Association (TIA), una asociación privada de la industria de Estados Unidos que, por su propia política, no admite a ninguna empresa incluida en las listas de restricciones de Washington. Allí figuran Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI. Traducido: el filtro no es técnico, es de origen. Ninguna de esas compañías puede siquiera registrarse para certificar.
En esos 90 días, el CNC deberá definir qué redes son críticas y clasificar los equipos en cuatro niveles; el certificado se exigirá en los dos más altos. Durante los primeros 36 meses bastará un registro, no una auditoría completa. Suena blando, pero es una puerta que se cierra igual: la TIA descarta a las firmas sancionadas antes de aceptar el trámite.
Lo que se juega España con Telefónica y las pymes argentinas
Aquí la noticia deja de ser argentina. Los operadores levantaron buena parte de su 4G con equipos Huawei y en el mercado conviven filiales de grupos españoles, con Telefónica Argentina como referencia histórica. Las más de 1.200 pymes y cooperativas de internet del interior armaron sus redes de fibra con Huawei y ZTE porque son los proveedores que cotizan a su escala. Cambiarlos por alternativas más caras encarece la red y acaba en la tarifa, advierten en el sector.
El paso decisivo no es la compra pública, sino la homologación: si el filtro llega ahí, alcanzará a cualquier aparato con wifi que se venda en el país.
Y el paso siguiente es justo ese. La norma pide al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que evalúe incorporar los requisitos a la homologación de equipos, precisamente cuando el organismo estrena el 1 de diciembre el nuevo reglamento del Ramatel, el registro donde se inscriben los equipos de telecomunicaciones que se venden en el país. Si lo hace, la exigencia llegaría a cualquier aparato, vaya a una red pública o privada, desde un teléfono hasta un coche conectado.
Para las empresas españolas que contratan con el Estado argentino hay un segundo frente. Los pliegos de la Hidrovía, de las concesiones viales y de la obra eléctrica AMBA I ya incluyen una cláusula que impide presentarse a empresas controladas por Estados extranjeros. En la práctica barre a las chinas y, de paso, instala la idea de que la nacionalidad del accionista es un criterio de adjudicación. Ninguna constructora española está en esa diana, pero el precedente queda escrito.
El precedente de Paraguay y el riesgo de que el modelo se exporte
Esto no nace en Buenos Aires. Según un informe del Departamento de Estado al Congreso, Paraguay exigió la misma certificación en su licitación 5G de 2025 y el texto admitía que el requisito impedía competir a las firmas chinas «sin excluirlas explícitamente». Washington lo atribuyó a meses de negociación de su embajada, con un fondo de seis millones de dólares para contrarrestar la influencia china. En Costa Rica se adoptó y la Justicia suspendió parcialmente el decreto; en Paraguay, dos de los cuatro operadores se bajaron de la licitación.
El paralelismo europeo es inevitable. La UE lleva desde 2020 pidiendo a los Estados miembros que restrinjan a los proveedores de alto riesgo en el núcleo de las redes, y la caja de herramientas europea de ciberseguridad 5G deja la decisión en manos nacionales. En España, la ley de seguridad de redes y servicios de telecomunicaciones permite apartar proveedores caso por caso, y los grandes operadores han ido reduciendo a Huawei en el núcleo.
La diferencia con Argentina es de método, no de fin. Aquí se exige un sello privado extranjero sin pruebas al equipo. El SCS 9001 audita procesos, no somete ningún aparato a ensayo, sus reglas las fija una entidad en la que Buenos Aires no tiene voz y ni Estados Unidos lo exige como obligatorio.
Queda el coste. En Estados Unidos el Congreso destinó casi 5.000 millones de dólares a sustituir equipos de Huawei y ZTE en las redes de 85 operadores, en su mayoría rurales y pequeños. La norma argentina no incluye estimación alguna. Ese número, y el alcance real, dependerá de lo que decida el Enacom en diciembre y de cuántos países copien el esquema. Conviene seguir la pista: si se replica, la próxima factura puede llegar a una operadora europea. O a una española.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: Argentina exige la certificación privada estadounidense SCS 9001 para el equipamiento de sus redes críticas, un sello que Huawei y ZTE no pueden obtener por estar en las listas de restricciones de Washington.
- Datos importantes: La medida es obligatoria para el Estado en compras iniciadas dentro de 90 días; Arsat tendría dos tercios de su equipo de origen chino y Enacom decidirá en diciembre si lo extiende a la homologación.
- Resumen: El precedente presiona a operadoras y pymes con equipo chino ya instalado y abre la vía a que un sello privado se convierta en filtro global, con impacto directo en los intereses españoles en la región.
