La Generalitat Valenciana ha identificado 1.546 hectáreas de suelo no inundable con capacidad para levantar unas 131.500 viviendas en 86 municipios del área metropolitana de València.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Generalitat ha identificado 1.546 hectáreas de suelo no inundable para unas 131.500 viviendas y cerca de 1.600 hectáreas industriales en 86 municipios.
- ¿Quién está detrás? El Consell de Pérez Llorca, con el conseller Vicente Martínez Mus al frente de Territorio; el estudio lo firma el urbanista Alejandro Escribano.
- ¿Qué impacto tiene? Los ayuntamientos ganan una herramienta de planificación, pero cualquier desarrollo queda condicionado a las obras de defensa hídrica pendientes.
Todo parte de la nueva cartografía postdana, el cruce entre los condicionantes de inundabilidad que dejó la barrancada del 29 de octubre de 2024 y la planificación urbana de cada ayuntamiento. Lo firma el arquitecto y urbanista Alejandro Escribano, y no se queda solo en vivienda: el mismo trabajo acota cerca de 1.600 hectáreas de suelo industrial y logístico fuera de riesgo. Dos años después de la catástrofe, el Consell ya tiene el mapa. Lo que todavía no tiene es el agua encauzada.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, presentó el documento con una advertencia previa. Sabe que la palabra urbanizar pesa en València más que en cualquier otro sitio. «No es una propuesta para urbanizar de manera automática ni una clasificación definitiva de suelo», dijo. La herramienta, según él, sirve para que los ayuntamientos localicen el terreno más idóneo y para devolver la confianza a la gente.
Junto a él estaban el vicepresident tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, y una representación de alcaldes de municipios golpeados por la DANA (la Depresión Aislada en Niveles Altos que provocó las inundaciones de octubre y noviembre de 2024), entre ellos la alcaldesa de València, María José Catalá. El conseller habló de «una radiografía precisa de los potenciales suelos seguros» y subrayó que el análisis se amplía desde los municipios afectados hasta el conjunto del área metropolitana.
El modelo que defiende el Consell se apoya en tres reglas: crecimientos compactos y pegados a los núcleos urbanos, con servicios y transporte público, y alejados de los terrenos con riesgo. Sobre el papel, es un manual de urbanismo sensato. En la práctica, choca con dos décadas de expansión dispersa por la huerta y el litoral. El mapa ordena; no construye.
Un plano de suelo seguro no reconstruye nada por sí solo: evita que alguien compre una casa donde el agua ya ha entrado una vez.
Las cifras, además, no son idénticas en todas las versiones del trabajo. La horquilla que maneja el Consell habla de 131.500 viviendas; otras lecturas del mismo documento elevan el techo hasta las 138.000. La diferencia no es un detalle menor en un territorio donde cada promoción se pelea palmo a palmo.
Y hay una condición que el president puso sobre la mesa sin disimular: todo esto queda supeditado a «las obras de defensa hídrica pendientes». Canalizaciones, balsas de laminación, retirada de obstáculos que dificultan el paso del agua. Sin esas infraestructuras, el suelo seguro es una etiqueta sobre un plano.
Las obras hidráulicas pendientes: el flanco por el que entra la crítica
Ahí está la grieta. La cartografía dice dónde no llegó el agua aquel 29 de octubre. No dice dónde no llegará la próxima vez, porque la próxima vez dependerá de si el barranco tiene capacidad de desagüe o de si sigue habiendo un puente mal colocado encima. Los técnicos lo saben y el Consell lo admite por escrito.
El calendario no acompaña. En paralelo, la reconstrucción avanza a otra velocidad. El Consorcio de Compensación de Seguros, el organismo estatal que cubre los daños de catástrofes naturales cuando el seguro privado no llega, mantiene abiertos expedientes de hace dos años mientras los ayuntamientos tramitan licencias sobre suelo que ahora cambia de catalogación.
Sobre la mesa de las Corts Valencianes (el parlamento autonómico, 99 escaños), el mapa llega sin un calendario de inversión hídrica adjunto, y esa ausencia será el flanco por el que entre la oposición. PSPV y Compromís tienen aquí su argumento: obra ejecutada antes que cartografía. El PP responde con el razonamiento contrario, que planificar primero evita repetir errores.
Hay otra lectura, más humana. Detrás de las 1.546 hectáreas están las familias que llevan dos años en un piso prestado, los comercios que abrieron con la persiana a medias, y los pueblos que perdieron su plano entero. Para ellos, saber que existe suelo seguro en su municipio no responde la pregunta de esta noche: cuándo vuelven a casa.
El siguiente paso es municipal. Cada ayuntamiento deberá incorporar el estudio a su planeamiento, y ahí empieza la negociación real: qué se recalifica, qué se protege y qué se queda como está. La Generalitat insiste en que no habrá clasificaciones automáticas.
El Escenario Valenciano
En clave política, el mapa es un activo para Pérez Llorca. El pacto PP-Vox que sostiene el Consell necesita gestos de gestión verificable después de dos años de reconstrucción lenta, y este es uno de los pocos con cifra y con foto. El president se sitúa así en el terreno del planeamiento, lejos del desgaste del proceso judicial que rodea al expresident Carlos Mazón, que mantiene su acta de diputado en las Corts mientras la instrucción de la DANA sigue su curso.
La dimensión nacional no es menor. La cartografía valenciana se solapa con el sistema estatal de zonas inundables y cualquier clasificación de suelo que haga el Consell tendrá que encajar con esas capas. A eso se suma el dinero: los fondos del Plan RERD (el instrumento de la Generalitat para canalizar la reconstrucción) se cruzan con las transferencias del Gobierno central y con los fondos europeos, y la ejecución real es la variable que mira Madrid. El precedente de las inundaciones de Murcia en 2012 o de la riada de Biescas en 1996 repite el mismo patrón: la ordenación del territorio llega después que el agua y antes que las obras.
Queda la proyección inmediata. Los 86 ayuntamientos tienen por delante sus propios plazos de planeamiento, y el Consell deberá decidir si acompaña el mapa con un calendario de infraestructuras hidráulicas. Sin esa pieza, el suelo seguro seguirá siendo un plano. Con ella, València tendría algo parecido a un modelo.
Ficha del Caso
- El caso: La Generalitat presenta la cartografía postdana que identifica suelo no inundable para uso residencial e industrial en el área metropolitana de València.
- Datos importantes: 1.546 hectáreas de suelo no inundable, unas 131.500 viviendas, 1.600 hectáreas industriales y 86 municipios analizados. El estudio lo firma Alejandro Escribano.
- Resumen: El mapa es una herramienta de planificación, no una clasificación definitiva. Su viabilidad depende de las obras de defensa hídrica pendientes y de cómo lo integren los ayuntamientos.
