La Xunta ha presentado este lunes su nueva ley de incendios, tres años y medio después del anteproyecto de 2023.
Una norma de 2007 y un anteproyecto que durmió tres años y medio
La Xunta de Galicia, el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela, presentó en abril de 2023 el anteproyecto de la nueva ley. Su presidente, Alfonso Rueda, lo anunció entonces como la actualización de una normativa que tenía 16 años. Este lunes, al volver a presentarlo, el Ejecutivo ha reconocido que la ley vigente data ya de 2007 y roza las dos décadas. Entre una fecha y otra han pasado tres años y medio en el cajón, con Galicia encadenando veranos de fuego récord. Los dos primeros fuegos de más de 10.000 hectáreas llegaron en el verano de 2022 y, según los registros de la propia Xunta, los de 2025 los superaron.
El nuevo texto de la Lei de Loita contra os Incendios Forestais (LLCIF) llega con un cambio de enfoque. La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha defendido un “modelo integral que no se limite a la reacción o a la limpieza de franjas”, sino que sitúe “en el centro la gestión estratégica del territorio”. Prevenir, con esta ley, no será solo retirar combustible del monte.
Será, según la Xunta, cambiar el territorio para frenar el fuego. El objetivo es un paisaje en mosaico: usos agrícolas, ganaderos, y bosques de distintas especies mezclados con matorral, la receta que los expertos reclaman desde hace años. El texto lo impulsó el anterior conselleiro de Medio Rural, José González, hoy en Emprego y envuelto en el escándalo por la contratación de migrantes sin papeles en la bodega de su familia.
De 50 a 100 metros: lo que cambia en el monte gallego
Las medidas no serán homogéneas. Se modularán según el riesgo y la vulnerabilidad de cada zona. Donde el peligro sea elevado, la limpieza alrededor de los núcleos habitados o de las infraestructuras pasará de los 50 metros actuales a 100. La gestión de la biomasa seguirá en manos de los propietarios de las parcelas, con las mismas sanciones: leves por debajo de los 1.000 euros y graves que pueden alcanzar los 100.000. Eso sí, la administración podrá ejecutar las tareas si el responsable no cumple y pasarle después la factura.
A eso se suma una red de hidrantes obligatoria en las nuevas instalaciones industriales y en las gasolineras situadas en terrenos agroforestales. Los agentes forestales, ambientales y los cuerpos de seguridad podrán dictar órdenes verbales inmediatas en el monte —desalojo de áreas recreativas, cierre de caminos— si aprecian un peligro inminente, sin esperar a los trámites administrativos. La red de puntos de agua se considerará infraestructura de seguridad estratégica y los ayuntamientos deberán instalar tomas compatibles en sus redes municipales. El agua almacenada no podrá destinarse a otro uso que no sea la extinción.
Galicia acumula los mayores incendios de su historia reciente y afronta la nueva ley con casi dos décadas de retraso normativo.
Las prioridades que la conselleira ha puesto sobre la mesa son dos: la protección de la población y la gestión estratégica del territorio. El texto pasará este martes por el Consello Forestal, el órgano consultivo de la Administración forestal gallega, y previsiblemente entrará en octubre en el Parlamento de Galicia, la cámara legislativa unicameral de 75 deputados, para su tramitación y aprobación.
El Laboratorio Gallego
El PPdeG gobierna Galicia con mayoría absoluta desde 2009 y la política forestal ha sido, en cada legislatura, un asunto de Estado interno. El BNG, primera fuerza de la oposición en el Parlamento autonómico, lleva años reclamando que la prevención pase de las palabras a los presupuestos; el PSdeG, por su parte, ha exigido explicaciones cada verano. Todos los partidos han firmado alguna vez la necesidad de un paisaje en mosaico. El consenso existe sobre el papel y se rompe en la ejecución. Eso es lo incómodo.
La dimensión nacional no es menor. Galicia concentra buena parte de los grandes incendios de España y su modelo de gestión se mira con atención desde Madrid y desde otras comunidades del noroeste. Lo que la Xunta apruebe marcará el suelo sobre el que se discutirán después las políticas forestales estatales, en un momento en el que el reto demográfico y el abandono del rural han dejado millones de hectáreas sin gestión efectiva. Quien haya seguido la política gallega sabe que aquí los ciclos van por delante: las normas se ensayan en Santiago y llegan después al debate nacional.
La proyección inmediata está fechada. El texto pasa este martes por el Consello Forestal y entra en octubre en el Parlamento, donde el PPdeG dispone de mayoría para sacarlo adelante. La incógnita no es tanto la aprobación como la financiación y el calendario de aplicación. Una ley de prevención que no se ejecuta se queda en un cambio de papel. Galicia, una vez más, será el laboratorio.
Ficha del Caso
- El caso: La Xunta vuelve a presentar su ley de incendios, tres años y medio después del anteproyecto de 2023, con la prevención como eje del nuevo texto.
- Datos importantes: La norma vigente data de 2007; las franjas de limpieza pasan de 50 a 100 metros en zonas de riesgo; sanciones de hasta 100.000 euros; entrada prevista en el Parlamento en octubre.
- Resumen: El PPdeG tramitará la ley con mayoría absoluta mientras el BNG y el PSdeG reclaman que la prevención llegue a los presupuestos; el modelo gallego de gestión forestal anticipa el debate nacional.
