El ICAB incumple sus propios estatutos al evitar pronunciarse sobre el pacto entre el PSOE y Junts. Todas las instituciones de todas las instancias judiciales se han pronunciado con una durísima crítica contra el acuerdo firmado por Santos Cerdán, número 3 del PSOE, y Jordi Turull, dirigente Junts. Todas menos una de las más relevantes, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
La institución está gobernada por Jesús Sánchez, pero su lista fue encabezada por María Eugènia Gay, quien abandonó el cargo para ocupar el puesto de delegada del Gobierno en Cataluña, asiento que cambió después por el de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona con el PSC de Jaume Collboni.
Sobre el pacto entre PSOE y Junts se ha pronunciado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todas las asociaciones de jueces con un comunicado histórico, las asociaciones de fiscales -incluida a la que pertenece el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien guarda un incómodo silencio sobre el pacto-, e incluso el Colegio de Abogados de Madrid, así como numerosos abogados catalanes.
LOS ESTATUTOS OBLIGAN A PRONUNCIARSE AL ICAB
Todos ellos coinciden, sin fisuras, que el acuerdo entre PSOE y Junts produce una honda preocupación al romper la separación de poderes, al introducir el término ‘lawfare’ -guerra judicial por asuntos políticos-, y también por la creación de comisiones parlamentarias que puedan dictaminar, por encima de los autos judiciales, a quién o quiénes pueden juzgarse. En definitiva, «una infamia contra el Estado de Derecho».
En el Colegio de Abogados de Barcelona se han tomado sus estatutos como un mero papel mojado. «Defender el Estado social y democrático de derecho proclamado en la Constitución y en el Estatuto de autonomía, y trabajar para la promoción y la defensa de los derechos humanos y de las libertades públicas», estipula en su artículo 9. Asimismo, también exige «velar por el buen funcionamiento de la justicia y fomentar el perfeccionamiento de la legislación y el desarrollo de la cultura jurídica».
El pacto por la amnistía entre PSOE y Junts rompe con todas las reglas establecidas e incluso amenaza el Estado de Derecho, según ha considerado el órgano de los jueces.
EL ICAB Y LAS EXCUSAS TRAS ADHERIRSE AL PACTO POR EL DERECHO A DECIDIR
El ICAB ha asegurado que no se pronuncia sobre la amnistía ni el pacto entre PSOE y Junts para guardar la neutralidad política. Todo ello, basándose en una sentencia del Tribunal Supremo que le prohíbe mostrar ideología alguna. No obstante, este acuerdo entre PSOE y Junts no versa sobre un tema político, sino que afecta directamente a la separación de poderes del Estado, como han expresado todas las asociaciones judiciales, fiscales y abogados y procuradores catalanes en un durísimo manifiesto.
El ICAB pasa así de puntillas, como si de un satélite del PSC y del independentismo se tratara. No obstante, este mismo Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona sí se sumó al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, un grupo numeroso de asociaciones independentistas y nacionalistas, algunas de ellas de la órbita socialista, para pedir y legitimar un referéndum de independencia. «Aquella vez se quebró la neutralidad al situarse al lado de una ideología concreta», señalan voces de la abogacía catalana a MONCLOA.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligó al ICAB a salir de ese pacto por vulnerar precisamente sus propios estatutos, como «la libertad ideológica, de expresión y de asociación» de sus colegiados. Tres abogados lograron que la institución fuera expulsada de aquel incipiente embrión separatista en la institución, aunque la decisión judicial llegó tarde. La propia Justicia señaló que aquel pacto «tenía un marcado carácter político».
EL ICAB CALLA ANTE EL ‘LAWFARE’
No obstante, el pacto entre PSOE y Junts va más allá de sumarse a una ideología. De hecho, una única juez, miembro del CGPJ, se ha mostrado en contra del manifiesto del órgano de los jueces. El resto se ha mostrado a favor de la separación de poderes, con un rechazo absoluto a la inclusión del ‘lawfare’.
El decano del ICAB no se ha pronunciado al respecto, pese a ser su obligación, tal y como remarcan los estatutos. Un nuevo y estruendoso silencio cuando sus compañeros de profesión y procuradores no solo se han opuesto al acuerdo, sino que harán público su rechazo con una protesta ante los juzgados este mismo lunes.
Estos letrados y procuradores muestran una profunda preocupación por el «grave deterioro institucional que puede suponer la aprobación de una ley de amnistía a para los implicados en procedimientos judiciales por los hechos relacionados con el ‘procés’».
CRÍTICAS A LA EX DECANA DEL ICAB Y CONCEJAL DEL PSC
«La materialización de los acuerdos vulnera flagrantemente la Constitución de 1978», aseguran los letrados y personal de la Justicia, quienes se han desentendido de la postura del ICAB, al que critican duramente en privado. «No esperaron a sumarse al Pacto por el Derecho a Decidir y ahora se pone de perfil. Normal en una institución corrompida por la política», apuntan.
Algunos de ellos señalan directamente a la que fuera elegida decana y que ocupa hoy en día un asiento como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. «No ha abierto la boca», afean en referencia a María Eugenia Gay.
«Los acuerdos que se han hecho públicos por los citados partidos políticos ponen en grave peligro el funcionamiento del Estado de Derecho, en tanto que tratan de instrumentalizar y politizar la justicia mediante una deslegitimación de sus integrantes», sostienen en el manifiesto.
ABOGADOS Y PROCURADORES CARGAN CONTRA EL PRIVILEGIO A LOS INDEPENDENTISTAS
En su manifiesto, los abogados defienden los valores fundamentales, como «la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». «La aprobación de leyes de amnistía como las planteadas ataca los principios esenciales del Tratado de la Unión Europea», han sostenido.
«Rechazamos conceptualmente la concesión de amnistía a los implicados en hechos delictivos que pusieron en grave peligro la convivencia entre los españoles y, especialmente, entre los catalanes, en tanto que pretenden otorgar espacios de impunidad a personas por su ideología», han apuntado. «Este trato privilegiado es contrario al principio de igualdad entre los ciudadanos», han explicado.
«Nos parece especialmente grave que en los acuerdos de investidura se siembre la sospecha generalizada de una actuación judicial prevaricadora mediante la apelación al llamado ‘lawfare’ y, además, se condicione la aplicación de la ley penal a la supervisión parlamentaria a través de Comisiones de investigación», han denunciado. «La materialización de ese acuerdo, sin precedentes en la Unión Europea, acabará con la separación de poderes, en tanto que se pretende someter las decisiones judiciales a la supervisión de la ‘clase política’», han alertado.
CIUDADANOS TUMBA LA AMNISTÍA EN EL ICAB
De hecho, el ICAB ha sido escenario de una conferencia este mismo viernes de una conferencia contra la amnistía, convocada por Ciudadanos, donde se ha puesto de manifiesto el papel de la prensa catalana afín a la independencia y altavoces del nacionalismo durante los once años del ‘procés’ y si la medida de gracia es constitucional.
«La Constitución no avala la amnistía», ha asegurado Eva Poptcheva, eurodiputada ‘naranja’ y especialista en Derecho Constitucional. En este sentido, ha señalado que el Gobierno en funciones evita compararlo con los tres Estados miembros que permiten una normativa similar a la española. «La amnistía es una excepción, que solo existe en Francia, Italia y Portugal», ha destacado. Alemania tiene una normativa parecida, pero con limitaciones.
La también eurodiputada ha comparado a la amnistía con una «sentencia exculpatoria» avalada por partido que sostiene al Gobierno en funciones.
«Estamos en un momento de más gravedad que en 2017», ha asegurado Carlos Carrizosa, presidente de Ciudadanos en Cataluña. El miedo entonces fue el traspaso de cuentas desde Cataluña a otros puntos de España ante el temor de una declaración de independencia. Se aplicó entonces el 155 de la Constitución y volvió una cierta normalidad hasta la sentencia del Supremo.
BAJAS EN EL CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES CIVILES
En este momento, es cuando el «Estado ha bajado sus defensas» y ha asumido el relato del separatismo como si fuera suyo. En el pacto con el PSOE y Junts se ha materializado también la alerta del ‘lawfare’, un hecho que ha alertado a las instituciones europeas. «Quien la hace la paga», ha considerado el líder ‘naranja’ en referencia a la actuación de los policías imputados y también para quienes diseñaron el órdago separatista.
La Asociación del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado ha sido otra de las instituciones que ha guardado silencio. «La ausencia de un comunicado similar al de otros Cuerpos Superiores, en el que se condene el atentado contra la Constitución, el Estado de Derecho y la Democracia, derivado del pacto entre PSOE y Junts, es completamente inadmisible en un Cuerpo que ha jurado guardar y hacer guardar la Constitución», ha señalado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana.
