El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, trata de zafarse en el último Consejo Fiscal del año ante la honda preocupación de sus colegas por los reiterados ataques desde Junts y ERC y las acusaciones del supuesto ‘lawfare’ -guerra política a través de la Justicia- durante el desafío separatista. Todo, mientras Pedro Sánchez busca huecos en su apretada agenda para reunirse con el prófugo de Waterloo y líder de Junts, Carles Puigdemont, ante de Navidad.
Los independentistas, liderados en el Congreso de los Diputados por Míriam Nogueras (Junts) y Gabriel Rufián (ERC), no han tenido reparo alguno a la hora de señalar a jueces y fiscales, especialmente a quienes participaron en el juicio del referéndum ilegal del 1-O. Los señalamientos públicos han tenido una dura respuesta desde el Consejo General del Poder Judicial y las propias asociaciones de fiscales, quienes por primera vez, cargan contra el Gobierno de Pedro Sánchez por los pactos del PSOE con Junts y ERC, donde se expone de forma explícita el concepto ‘lawfare‘. Al fiscal general, ni está ni se le espera.
GARCÍA ORTIZ Y SU SILENCIO
No obstante, García Ortiz ha preferido hacer la maniobra del avestruz y hundir la cabeza en el suelo para evitar escuchar las críticas de las asociaciones de fiscales ante el nuevo desafío al Estado de Derecho que supone este ataque sin precedentes a la judicatura. Todo ello, sin contar con las consecuencias de la amnistía, que aún está por ver si Bruselas la acepta.
El Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE han puesto todo el empeño en blanquear estas graves acusaciones vertidas desde Junts y ERC y como no podía ser de otra manera, García Ortiz es también una pieza clave para poder llevarlo a cabo. Los ataques se iniciaron en 2017 y han continuado hasta este año, hasta el 23-J. Las fuertes críticas desde la bancada socialista a Puigdemont, al que llegaron a tildar de xenófobo, se han convertido en dóciles mensajes y una humillación absoluta por sus siete apoyos en cada una de las votaciones clave en esta legislatura.
El fiscal general aún no ha criticado ni a Junts ni a ERC, pese a asegurar que defenderá «de manera solemne» y «como corresponde a la más alta representación de esta institución, a cualquier fiscal que pudiere verse perturbado en sus funciones, incluido, por supuesto, a cualquiera de los fiscales que hayan tenido o hayan intervenido en las causas relacionadas en el procès independentista de Cataluña». Ni una sola declaración por el señalamiento de Nogueras en el Congreso, tampoco sobre quienes criticaron a los fiscales del juicio del ‘procés’. De nuevo, un mensaje vacío, como viene haciendo el Gobierno desde que necesitó los siete votos de Junts para investir a Pedro Sánchez.
LA MISIÓN DE GARCÍA ORTIZ: EL BORRADO JUDICIAL DEL ‘PROCÉS’
García Ortiz tiene la misión de realizar el borrado completo del procés una vez aprobada la ley de amnistía, cuya tramitación y entrada en vigor no será antes del mes de marzo. Para cumplir el mandato de Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado ha tratado de recabar toda información disponible en los casos vinculados al órdago separatista, requiriendo la actuación de la Fiscalía de Barcelona y de la Audiencia Nacional. Los casos versan sobre acusaciones de terrorismo, malversación, usurpación de funciones públicas y desórdenes.
Con la amnistía, estos delitos quedarán borrados, pero se sentará un peligroso precedente para quien inicie acciones violentas con fines políticos, una legitimación que daña seriamente la Constitución y el Estado de Derecho. Hasta el 23-J, el Gobierno del PSOE en pleno afirmó que la amnistía era inconstitucional, no era posible o bien no se podía conceder ninguna medida de gracia.
No obstante, para Junts y ERC no se trata de un perdón del Estado, sino de justicia, al considerar que cortar carreteras, asediar infraestructuras clave o la Consejería de Economía, e incluso poner en riesgo la vida de terceros al impedir el cambio de turno en la torre de control del aeropuerto de El Prat no eran actos violentos, sino una mera protesta. De hecho, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en contra del criterio del juez García Castellón y con un cambio de opinión posterior, ve solo desórdenes públicos en todos estos presuntos delitos.
Está admitido en el orden del día un escrito de los vocales de la asociación mayoritaria de fiscales
García Ortiz ha tratado de silenciar el asunto durante el Consejo Fiscal que se celebra este miércoles. No obstante, el vocal que lo propone, Salvador Viada, no ha llegado a tiempo para presentar su moción ya que hay que hacerlo al menos con ocho días de antelación. No ha sido hasta el pasado viernes cuando ha presentado su escrito y teme que no se lo acepten. No obstante, hay alternativas para mostrar su opinión.
PRESIÓN DE LOS FISCALES PARA ARRANCAR PALABRAS A GARCÍA ORTIZ
Viada tratará de incluir el escrito en el turno de ruegos y preguntas. «Está admitido en el orden del día un escrito de los vocales de la asociación mayoritaria de fiscales», ha indicado a preguntas de MONCLOA. En este punto del orden del día se pone de manifiesto el silencio del fiscal general del Estado ante el señalamiento público de jueces, como el realizado por Nogueras en sede parlamentaria, un hecho «inasumible en democracia».
Por este motivo, Viada se ha adherido al mismo. La asociación mayoritaria de fiscales mostró su firme compromiso con el Estado de Derecho y una profunda preocupación por la instrumentalización política de la justicia, deslegitimando así a los miembros del Poder Judicial.
A su juicio, este mensaje, que está blanqueando el PSOE de Pedro Sánchez y Santos Cerdán, como número tres y principal negociador con Junts, ERC y el resto de formaciones separatistas vascas y gallegas, es «tremendamente irresponsable» al trasladar un falso mensaje de que los jueces actúan movidos por intenciones ajenas a la aplicaciónde la ley. El texto lleva la firma de las principales asociaciones de fiscales, con el cómodo silencio de la asociación progresista, más afín a las tesis del Gobierno.
García Ortiz se ha cuidado y mucho de poner un orden del día a su medida. Ni una referencia a la amnistía ni a los ataques llegados por parte de Junts y ERC. Todo ello, pese a que la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en el ramo, lo ha pedido en dos ocasiones. Finalmente, se presentó el escrito, pero el fiscal general tiene la última palabra.
GARCÍA ORTIZ EVITA RESPONDER A LOS ATAQUES A JUECES Y FISCALES
García Ortiz se ha negado a pronunciarse sobre la amnistía y sobre el acuerdo entre PSOE y Junts, a pesar de las declaraciones y manifiestos firmados por todos los jueces en España, asociaciones de fiscales e incluso abogados, a excepción del Colegio de Barcelona, donde los independentistas y el PSC se reparten el poder.
Todo tras un papel ejemplar de la Fiscalía en el juicio del ‘procés’, una función que derivó en sentencias judiciales muy duras para Junqueras, los Jordis y el resto de líderes separatistas. Los indultos fueron el primer paso para blanquearles, mientras que la amnistía servirá para que el prófugo Puigdemont pueda volver al Europarlamento con todas las garantías y de paso poder viajar de nuevo Cataluña.
Hasta ahora, la actuación de los fiscales durante el juicio del ‘procés‘ no se ponía en cuestión, como tampoco la petición de penas en los escritos de acusación presentados. Pero desde el 23-J, la Fiscalía cambia ahora de criterio, rompiendo así la unidad de actuación establecida hasta ahora. Fruto de este cambio de parecer, lo que antes era un delito de terrorismo es ahora desórdenes públicos; lo que fue en su día rebelión se tradujo en sedición, un delito inexistente tras el cambio de la ley por parte del Gobierno socialista.
ATAQUES SIN CONDENA A JUNTS NI ERC
Para García Ortiz no hay condena posible cuando se acusa a los fiscales y jueces de prácticas tan deleznables como la utilización de la justicia para fines políticos. Tampoco hay comentarios al respecto cuando se firmó el ‘lawfare‘. Y es que, ya se sabe, con este Gobierno de Pedro Sánchez quien se mueve es rápidamente purgado.
Eso sí, ha exigido a sus propios colegas que mantener una posición de lealtad institucional, donde no haya voces disonantes ante los feroces ataques de los separatistas. «Ha de mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal en virtud del cual actúa con plena objetividad e independencia», afirmó García Ortiz.
Todos los estamentos se han pronunciado sobre la amnistía y el ‘lawfare’, defendiendo la separación de poderes y señalando la inconstitucionalidad de la normativa que tratan de aprobar PSOE y sus nuevos socios de legislatura. Todos no, la Fiscalía General del Estado prefiere no incomodar a los nuevos políticos que andan con Pedro Sánchez a escondidas en Ginebra o Waterloo.
EL FISCAL GENERAL, EL ÚNICO ESTAMENTO EN SILENCIO
No han sido ni una ni dos las peticiones para que García Ortiz deje su silencio de lado y haga hacer respetar el Estado de Derecho respondiendo, como toca, a los ataques. Esta callada por respuesta ha generado más preocupación en el seno de la Fiscalía al romperse el principio de separación de poderes. Para García Ortiz ahora no es el momento ya que la ley de amnistía no está aprobada ni ha entrado en vigor, una excusa de malpagador cuando sus propios subordinados sí han hecho los deberes.
Eso sí, el fiscal general del Estado tan solo ha transmitido el apoyo a «los 2.695 fiscales que hay en España, especialmente a aquellos fiscales que han tenido en el pasado o que tienen que afrontar difíciles situaciones personales o profesionales». En este sentido, ha exigido una «imprescindible» lealtad institucional.
