Yolanda Díaz sigue mareando la perdiz. El 15 de junio de 2023 había cerrado, por segunda vez, el Estatuto del Becario, una parte de la reforma laboral de 2021, al que se comprometió el mismo Pedro Sánchez en su investidura de 2019 para sacarlo adelante en la pasada legislatura. El adelanto de elecciones por parte Pedro Sánchez para el 23 de julio, dejó sin efecto el pacto sellado por Díaz con las centrales sindicales. Ahora vuelve a la carga y CCOO y UGT ya le han dicho que no hay nada que negociar, mientras CEOE-Ceypme se muestran dispuestas a renegociar dicho Estatuto.
Con el Estatuto del Becario se pretende regular las condiciones de los estudiantes en prácticas no laborales, sean estas curriculares o extracurriculares. El quid de la cuestión es el tercer intento de Yolanda Díaz de que los sindicatos acepten su regulación y pese a la apuesta del Gobierno sigue sin convertirse en una prioridad ante los acuciantes compromisos a cumplir por el presidente del Gobierno con sus socios independentistas, que son los que realmente están marcando su agenda política.
El primer intento de desarrollar el Estatuto del Becario tuvo lugar en 2022. Díaz y los sindicatos acordaron hace dos años eliminar las prácticas extracurriculares, o lo que es lo mismo, las prácticas que no son obligatorias y por las que el alumno no obtiene ninguna calificación. Sin embargo, los empresarios no estuvieron de acuerdo, al igual que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CREU).
Yolanda Díaz firmó el Estatuto del Becario con los sindicatos el 15 de junio de 2023
La ministra de Trabajo decidió abrir un nuevo debate en busca del consenso, pero no lo consiguió y Díaz lo presentó como un acuerdo con los líderes sindicales, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT). El avance en ese segundo intento fue que las prácticas extracurriculares quedaron limitadas a 480 horas, lo que supuso una gran renuncia respecto a su planteamiento inicial. Pero ni Universidades, ni patronales estuvieron de acuerdo. Díaz firmó el Estatuto del Becario con los sindicatos el 15 de junio de 2023. Sin embargo, ese acuerdo no ha servido para nada, excepto que los becarios comenzaron a cotizar desde el 1 de enero de 2024.
Al rechazo académico y empresarial se sumó el de los socios del Gobierno. Los partidos nacionalistas se hicieron eco del malestar de los centros académicos privados de más prestigio de sus comunidades, así como de las universidades, que se mostraron convencidos de que con esa regulación las empresas iban a perder todo interés por buscar estudiantes en prácticas. ERC, EH Bildu y PNV no iban a apoyar ese nuevo estatuto. Tampoco se mostraba a favor la entonces vicepresidenta primera Nadia Calviño. Por tanto, a Díaz el adelanto electoral al 23J le vino a hacer un favor. El Estatuto del Becario, finalmente, no fue aprobado en la anterior legislatura.
El 23J fue la excusa perfecta para convertir el Estatuto del Becario en una de las muchas normas que quedó pendiente de aprobación en la anterior legislatura, y eso que la negociación en teoría había durado un año.
DÍAZ VUELVE A RETOMAR EL ESTATUTO DEL BECARIO SIN RENUNCIAR AL CONSENSO DE LOS EMPRESARIOS
Tras aquellas dos intentonas, en 2022 y 2023, Yolanda Díaz ha vuelto a desempolvar el texto y se ha propuesto que en esta legislatura, a ser posible, este mismo año, el Estatuto del Becario quede definitivamente aprobado. Todavía se desconoce si presentará el último texto que había presentado a los agentes sociales o habrá uno nuevo, aunque todo indica que dicho borrador será el punto de partida de la negociación, según ha reconocido el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
El número dos del Ministerio de Trabajo ha asegurado que el Estatuto del Becario es una de las primeras normas a aprobar en la agenda del ministerio, después de la reforma del subsidio (aún pendiente de cerrar tras el fracaso de Yolanda Díaz en la votación de su decreto) y la subida del SMI, que esta misma semana será ratificado por la ministra con los líderes sindicales, ya que las patronales CEOE-Cepyme no han estado de acuerdo con la subida del 5% fijada por la ministra. Por tanto, no se descarta que sea en febrero cuando comience la nueva negociación, la tercera, del Estatuto del Becario.
Desde CCOO y UGT ya no entienden nada porque dan por válido el último borrador que pactaron con Yolanda Díaz, mientras que en CEOE sí que hay interés en que se reabra la negociación para introducir cambios.
Sin embargo, el principal escollo que tendrá que salvar Yolanda Díaz no será dentro del diálogo social, que también, sino en el Congreso de los Diputados, donde deberá pelearse cada vez que presente una iniciativa con los 5 diputados de Podemos para que la apoyen. Ya le han demostrado su poder con la reforma del subsidio de desempleo. Pero, a ello, sumará también las reticencias que en la anterior legislatura le mostraron ERC y, EH Bildu PNV y con toda seguridad Junts, cuyos siete diputados están dispuestos a sacar rédito por todo lo que voten.
DOS AÑOS Y DE IDAS Y VENIDAS Y LOS BECARIOS SIN REGULAR
Aunque en octubre de 2022, Díaz parecía haber cerrado el acuerdo, lo cierto es que fue un cierre en falso, ya que el 15 de junio de 2023 Díaz volvió a cerrar otro acuerdo con los sindicatos, con la novedad de que se eliminaban las prácticas extracurriculares. Otro cierre en falso, porque los empresarios no estaban de acuerdo y las universidades y centros educativos también se mostraron en contra.
Lo único que quedó de aquellos borradores fue que los becarios han comenzado a cotizar a la Seguridad Social desde el 1 de enero de 2024. Esta medida incluye a quienes realicen prácticas formativas o académicas externas. De esta forma, los alumnos universitarios que realicen prácticas para la obtención de titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado, así como los títulos propios (máster de formación permanente, diploma de especialización o de experto) deberán incluirse en la Seguridad Social como asimiladas a personas trabajadoras por cuenta ajena. Asimismo, deberán incluirse a las personas que realicen prácticas de formación profesional, siempre que no se trate de formación profesional intensiva.
Los efectos de la cotización darán los derechos correspondientes, salvo la protección por desempleo, la cobertura del fondo de garantía salarial y por formación profesional. Si se trata de prácticas no remuneradas, se excluye también la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Las prestaciones económicas por nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, deberán ser abonadas por la entidad gestora, o en su caso, por la mutua colaboradora.
Entre las cuestiones que no parecen que van a variar de los primeros documentos es que los becarios van a tener derecho a disfrutar de sus vacaciones, así como que podrán exigir el pago de sus desplazamientos en caso de que las prácticas no sean remuneradas o no exista otra beca, la empresa tendrá que hacerse cargo de los gastos como sería el transporte, alojamiento y la manutención.
Queda por delimitar si se fija en 480 horas las prácticas extracurriculares, que en ningún caso podrán superar el 25% de las horas en que se concreten los créditos ECTS de la titulación. No obstante, en el documento firmado por Díaz con los sindicatos, se especificaba que los grados universitarios de cuatro años tuvieran 240 créditos. En este caso, las prácticas no podrían superar los 60 créditos, o lo que es lo mismo, serían 1.500 horas de prácticas, que se corresponderían con 188 días en jornadas de 8 horas. Y las prácticas extracurriculares se limitarán al 15% de las horas en que se concreten los créditos de la titulación o a un máximo de 480 horas: lo que sería 60 días, con 8 horas por jornada.
El último borrador incluye un régimen sancionador con multas que pueden oscilar entre los 7.501 y los 225.018 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción
Por lo que respecta a las empresas, el Estatuto no permitirá que el número de becarios que se contraten superen el 20% de su plantilla. La empresa deberá asignar un tutor por becario. En esta regulación también se incluye un régimen sancionador con multas que pueden oscilar entre los 7.501 y los 225.018 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Lo que sí quedó claro es que las empresas no están obligadas a pagar un salario a los becarios, aunque sí los gastos en que incurran, pero si existen otras becas o ayudas que cubran esos gastos, entonces la compañía no va a estar obligada a abonar la compensación. También tendrán los mismos derechos que el resto de los trabajadores en materia de descansos, días festivos y vacaciones; zonas de descanso, servicio de restaurante o aparcamiento. En caso de enfermedad o accidente tienen derecho a una interrupción temporal de sus prácticas.
