Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior, ha asegurado que la devolución de menores realizada en agosto de 2021 fue realizada con «convencimiento pleno de su legalidad» y pensando en todo momento en el bien de los 45 menores. Esa ha sido su respuesta a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo, que ha considerado como «ilegal» la actuación del ministro.
No obstante, ha mostrado su respeto por la sentencia del Tribunal Supremo que considera «ilegal» porque la operación contravino la Ley de Extranjería. No se entiende cómo el ministro, que ha sido juez, replica y contradice la sentencia del Tribunal Supremo.
Marlaska ha recalcado en todo momento en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde había pedido comparecer para explicar las líneas generales de su ministerio durante esta legislatura, que «el interés del menor fue el principio básico que orientó la operación», y por ello reiteró que «estoy absolutamente convencido de que las autoridades competentes actuaron con un convencimiento pleno de ajustar su actuación al ordenamiento jurídico».
«El interés del menor fue el principio básico que orientó la operación», ha asegurado Marlaska
El ministro del Interior se refería, de esta forma, al acuerdo entre España y Marruecos que se encuentra en vigor desde 2007, por el que se establecieron las bases mínimas para retornar extranjeros no acompañados. Pese a que el acuerdo estaba firmado, en el mismo no se describía la manera en que debía hacerse el retorno de los menores, por lo que no exime al Gobierno español del cumplimiento de la legislación tanto nacional como internacional.
Cabe recordar que la Ley de Extranjería especifica los trámites que deben seguirse para la devolución de los menores, entre los cuales destaca la apertura de un procedimiento administrativo individual por cada menor, y acto seguido reclamar la intervención de la Fiscalía. Pero como dice la sentencia del Supremo, «no se hizo nada» de lo que se exige en la Ley de Extranjería.
UN INFORME DE LA FISCALÍA CONFIRMA QUE «SE PUSO EN PELIGRO LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL DE LOS MENORES»
Dentro del procedimiento seguido por el Tribunal Supremo también se incluye un informe de la Fiscalía en el que se explica que por la forma de actuar de las fuerzas de orden público «se puso en peligro la integridad física y moral de los menores» y, por tanto, el Alto Tribunal, considera que la «excelente exposición de la Fiscalía no admite réplica». Aunque va un poco más allá del informe fiscal al concretar que «la integridad física y moral es vulnerada también cuando se pone a una persona en serio peligro de sufrir un padecimiento corporal o psíquico, lo que en el presente caso no puede negarse que ocurriera».
Los hechos tuvieron lugar en agosto de 2021, cuando se produjo una entrada masiva de 10.000 personas a Ceuta procedentes de Marruecos, en cuya operación se devolvieron 45 menores. Para el ministro del Interior fueron «las autoridades competentes» las que realizaron las devoluciones, una forma de escurrir el bulto, ya que fue él como responsable del Ministerio del Interior es el que tuvo que dar las órdenes.
Es más, fue el Ministerio del Interior el que negoció con el Gobierno marroquí la devolución de los menores y el propio ministro el que coordinó y dio instrucciones a la Delegación de Gobierno de Ceuta y al Gobierno local para realizar la operación de las devoluciones.
Por si fuera poco ha quedado constancia de las órdenes y procedimientos a través de los correos electrónicos que se enviaron desde el propio ministerio. Los correos no estaban firmados, pero la delegada del Gobierno de Ceuta aseguró que aunque las órdenes de devolución partieron del Gobierno local ceutí, todas las gestiones realizadas se llevaron a cabo recibiendo órdenes del Ministerio del Interior.
MARLASKA ASEGURA QUE LAS «AUTORIDADES COMPETENTES» ACTUARON AJUSTÁNDOSE AL ORDENAMIENTO JURÍDICO
Pese a estos hechos, el ministro, ha insistido en respetar la sentencia del Supremo, para recalcar acto seguido que «las autoridades competentes en la materia actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor», para agregar a continuación que respetar este interés del menor es un principio que «rige de una forma taxativa y expresa al conjunto de los poderes del Estado», citando al Gobierno y las administraciones autonómicas y locales, en este caso de Ceuta.
Pero la sentencia del Tribunal Supremo es clara, desmintiendo las afirmaciones de Marlaska: los derechos de los menores fueron vulnerados desde el mismo momento en el que se les puso en «serio peligro de sufrir un padecimiento corporal o psíquico cuando la Administración no hizo ponderación alguna del interés de los menores ni mucho menos una comprobación de sus circunstancias individuales».
Con la sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno español deberá ahora adoptar las medidas necesarias para conseguir el retorno de los menores no acompañados que fueron repatriados en agosto de 2021. Por testimonios posteriores se ha podido saber que en el momento de la devolución algunos de los menores que habían accedido a Ceuta acordaron cortarse las venas para poder quedarse, y otros que fueron repatriados consiguieron llegar nuevamente a costas españolas y estar ya viviendo en España.
