El Congreso aprobará este jueves, en una sesión plenaria monográfica, la proposición de Ley de Amnistía que el PSOE ha pactado con ERC y de Junts y que la semana pasada aprobó la Comisión de Justicia.
La Ley de Amnistía tuvo que volver a la comisión el pasado 6 de febrero, después de que una semana antes Junts votara en contra en la votación de conjunto a la que tuvo que someterse en el Pleno por tener carácter orgánico.
El pasado jueves, último día de plazo para emitir un nuevo dictamen, la Comisión de Justicia aprobó la Ley de Amnistía tras haberse acordado una enmienda entre el PSOE y los independentistas. El texto quedó así listo para volver al Pleno del Congreso y ha sido este martes cuando la Junta de Portavoces ha puesto fecha a este debate.
Como el orden del día del Pleno de esta semana ya estaba cerrado y su modificación exigía una unanimidad que ni el PP ni Vox iban a conceder, los promotores de la ley han optado por convocar un segundo Pleno el jueves en el que se debatirá y votará la proposición de ley.
VOTACIÓN POR LLAMAMIENTO
En este Pleno extra sólo se votará el dictamen de la Comisión de Justicia, ya que el PSOE y sus socios acordaron retirar todas las enmiendas que estaban vivas y descartar cualquier modificación más.
Eso sí, como es una norma de rango orgánico necesitará el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara (176 diputados) para salir adelante, por lo que no cabe cometer errores ni debe haber debe ausencias. Como en ocasiones anteriores, esta segunda votación se llevará a cabo por llamamiento, a petición del PP, según han precisado fuentes parlamentarias.
Si la ley prospera en el Pleno, la iniciativa se enviará al Senado para que continúe su recorrido. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y piensa retrasar al máximo los trámites. En cualquier caso, no podrá hacerlo más de dos meses puesto que ése es el límite que establece la Constitución, con lo que la entrada en vigor se calcula para finales de mayo.
Pero si en el Pleno del jueves la ley no llegara a ese umbral mínimo de 176, como ocurrió el 30 de enero, ya no habría una nueva oportunidad y todo el procedimiento parlamentario tendría que empezar desde el principio con la presentación de una nueva proposición de ley.
