El senador del PP en la Región de Murcia y portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular, José Ramón Díez de Revenga, se ha mostrado muy crítico con la autocomplacencia de la ministra Isabel Rodríguez, en su comparecencia en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana en el Senado.
En la cámara alta, Isabel Rodríguez destacó que de las 184.000 viviendas comprometidas por el Gobierno se han firmado convenios ya con comunidades autónomas y Ayuntamientos para construir más de 22.000 viviendas de alquiler asequible en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuando la previsión global era de 20.000 hasta 2026. Pero Díez de Revenga le ha reprochado que «su Ley de Vivienda se hizo a espaldas de las comunidades autónomas, a pesar de que usted habla de diálogo, participación, transparencia y cogobernanza». Además, tras «conceptos que suenan muy bien» se esconden «medidas muy radicales, que producen los efectos contrarios a los deseados y que recuerdan a regímenes más propios de otros tiempos y otras latitudes».
LA LEY DE VIVIENDA LA DESBLOQUEÓ EL PSOE CON ERC y BILDU
Recordemos que el Gobierno desbloqueó la Ley de Vivienda, la norma más importante de las que tenía pendientes, para aprobarla de forma rápida en plena precampaña de las autonómicas y municipales del 28 de mayo. El Ejecutivo llevaba meses negociando con ERC y Bildu, los aliados clave en esta norma, y finalmente pactaron el contenido fundamental y también la forma de anunciarlo, pues fueron ambos socios, el catalán y el vasco, quienes contaron los detalles.
De hecho, el senador del PP ha afeado a la ministra que sus socios de Gobierno dijeron que «se las tuvieron que ‘arrancar’ pero, ahora, ustedes las abrazan con entusiasmo. Lo peor es que sus medidas ni funcionan, ni funcionarán. Pueden disfrazarlas de buenismo, esconderlas tras la bandera del progreso social, aderezarlas con toda la propaganda gubernamental, pero la realidad es que van dejando muchos perjudicados por el camino. Todo esto es dinamita envuelta en papel de regalo», ha asegurado.
MANO TENDIDA DEL PP PARA HACER UNA RUTA COMPARTIDA EN VIVIENDA
Además, le ha insistido a la ministra en que «no es buena idea erosionar el derecho a la propiedad privada, ni intervenir el mercado, ni dedicarse a decir a los ciudadanos cómo tienen que vivir, aunque sus socios les empujen hacia el control estatal todopoderoso».
En cualquier caso, Díez de Revenga ha ofrecido la mano tendida del Partido Popular para pactar una hoja de ruta compartida y adoptar políticas que sí funcionen. «Si quiere acuerdo, nos encontrará en el incentivo a propietarios para que pongan a su disposición sus pisos para alquilar, y no en la intervención de los precios, la demonización y la coacción. Nos encontrará en facilitar el acceso a la vivienda en propiedad a precios asequibles; en la ayuda a los vulnerables, sin que ello suponga la invasión de la propiedad privada; en la defensa de la libertad del ciudadano, y mendigando el alquiler del Estado; y nos encontrará en la pacificación del urbanismo, y no en el señalamiento de empresas», ha detallado Revenga.
ISABEL RODRÍGUEZ ANUNCIÓ 3.233 VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL
Durante su comparecencia ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado, Isabel Rodríguez, explicó que con los convenios con 10 comunidades autónomas para la construcción de 3.233 viviendas de alquiler social, «superamos ampliamente lo comprometido en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Una cifra total de en torno a las 25.000 viviendas en diferentes fases: conveniadas, en construcción o ya entregadas, con una inversión cercana a los mil millones de euros», ha explicado.
Isabel Rodríguez dijo que se han puesto a disposición de las comunidades autónomas casi 3.500 millones de euros, a los que hay que sumar los 430 millones cuyo reparto se acordó en la Conferencia Sectorial del pasado mes de enero. En total, «cerca de 4.000 millones del PRTR para rehabilitación y vivienda asequible, complementados con el Plan de Rehabilitación de Edificios conveniado con los Ayuntamientos, donde hemos dispuesto otros 600 millones».
APELAN A LA RESPONSABILIDAD DE AYUNTAMIENTOS Y COMUNIDADES PARA SOLICITAR Y ACTIVAR LA DECLARACIÓN DE ZONA TENSIONADA
Tras recordar la entrada en vigor del Índice de Precios de Referencia para todo el territorio nacional y la declaración de zona tensionada en 140 municipios de Cataluña, la ministra también ha apelado a la «responsabilidad de todas las administraciones: a los ayuntamientos para que soliciten a su Comunidad Autónoma la declaración de zonas tensionadas; y a las Comunidades para que activen esa declaración».
Esa es la fórmula, ha proseguido, «para que el Índice aplique y, por tanto, de que los ciudadanos se beneficien de un instrumento que puede aliviar el esfuerzo para pagar el alquiler en lugares donde los precios están sobredimensionados por diferentes motivos. En aquellas comunidades que no quieran declarar las zonas de mercado residencial tensionada, los arrendatarios pueden disponer de este índice para ver cuál sería el precio máximo que tendrían que pagar en su alquiler».
«La aplicación no solo va a beneficiar a los arrendadores, también contempla beneficios fiscales para los propietarios, que podrán acogerse a una serie de deducciones en la declaración del IRPF de hasta el 90% si rebaja un 5% el precio del alquiler con respecto al contrato anterior. Eso quiere decir que si el propietario baja el precio del alquiler en una zona tensionada puede obtener más rendimientos netos que si no lo hace», ha explicado.
«Próximamente quedarán definitivamente aprobados por el Consejo de Ministros, y listos para firmar con el ICO dos líneas que suponen un esfuerzo total de 8.500 millones de euros». Una línea de avales de hasta el 25% dirigida a jóvenes y familias con menores a su cargo para la cobertura parcial por parte de los préstamos hipotecarios, por un importe de hasta 2.500 millones de euros. Y otra línea de préstamos para la promoción de vivienda asequible, especialmente en fórmulas de colaboración público-privadas, herramienta imprescindible para movilizar financiación a precio más reducido que el del mercado por la que ya se han interesado 34 promotores.
En total, 4.000 millones de euros para ampliar el parque de vivienda social, en el marco de la adenda al Plan de Recuperación. Esos 4.000 millones van avalados al 50%, lo que supone otros 2.000 millones.
