La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, cree que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, «debe pedir perdón e irse» tras las críticas vertidas por la también ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes contra el Ejecutivo autonómico por las cartas que éste ha enviado a algunos familiares de residentes muertos en la pandemia para reclamar la liquidación de las deudas pendientes por la ocupación de estas plazas.
Después de que Alegría haya tachado de «falta de respecto» esta reclamación, la consejera le ha recordado en declaraciones facilitadas a los medios que se trata de una «obligación legal» que contempla la propia legislación nacional y subraya que sería al Gobierno central que preside Pedro Sánchez al que le correspondería «modificar esa normativa y justificar la excepción».
Para Dávila, con sus palabras Pilar Alegría «ha traspasado todas las líneas rojas de la decencia institucional» al acusar a Madrid «de falta de humanidad» con un proceso de reclamación al que «obliga el propio Estado».
Asimismo, le ha recordado que siendo delegada del Gobierno en Aragón, la actual portavoz «no hizo nada» cuando «fallecían el 80% de los mayores en sus residencias».
Por todo ello, la consejera madrileña ha sentenciado que en el Ejecutivo central «están desesperados por su propia situación», pero recalca que «no todo vale». «La portavoz del gobierno de Sánchez debe pedir perdón e irse», ha sentenciado Dávila.
ALEGRÍA REPROCHA «FALTA DE EMPATÍA Y HUMANIDAD»
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes, Pilar Alegría ha opinado que con esa reclamación se demuestra «una falta de empatía y una falta de humanidad y una falta de respeto» a las víctimas fallecidas en el Covid, además de «falta de respeto hacia el dolor de tantos y tantos familiares».
Además, ha señalado que «ojalá la Comunidad de Madrid hubiera sido tan diligente como lo está siendo ahora, en aquellos momentos, para derivar a todas estas personas a los hospitales». En este sentido, ha expuesto que ahora «seguramente» habría que lamentar «muchas menos muertes».
Sobre esto último, la consejera de Asuntos Sociales subraya que es la propia Alegría quien demuestra «falta de empatía y humanidad» al decir esto «cuando el Gobierno de Pedro Sánchez no hizo nada para prevenir las consecuencias del Covid y dejó abandonadas a su suerte a las comunidades autónomas y a las personas mayores que estaban en las residencias de toda España».
«Utilizar la portavocía del Consejo de Ministros para atacar sistemáticamente a una comunidad autónoma y para mentir cada martes la deslegitima totalmente», ha concluido Ana Dávila.
Al hilo de este cruce de reproches, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha subrayado que la Comunidad de Madrid «cumple la legislación básica estatal» al reclamar «deudas pendientes de ciudadanos con la propia Administración regional», siguiendo «estrictamente» el procedimiento establecido en la Ley General Tributaria y en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
LA COMUNIDAD ALERTA DE POSIBLE PREVARICACIÓN SI NO RECLAMARA DEUDAS
En un comunicado, ha explicado que dejar que prescriban estos pagos a favor de la Hacienda pública «podría dar lugar a exigencias de responsabilidad contable» por parte del Tribunal de Cuentas y si, además, fuera de forma deliberada, «constituir un delito de prevaricación».
Por su parte, recuerda que los requeridos tienen la posibilidad de presentar recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, tal y como prevé la propia normativa. En los supuestos de residentes de centros de mayores, la legislación estatal no ha establecido ninguna excepcionalidad con situaciones concretas vinculadas a la pandemia por el Covid-19.
En este sentido, la Consejería explica que de forma periódica y habitual revisa los expedientes de las plazas con financiación pública de las residencias, tanto de residentes que continúan ocupando las plazas como de personas fallecidas.
Ya antes de que se pronunciara la ministra, Ana Dávila incidió en la obligación legal que tienen las administraciones de reclamar las deudas después de que la ‘Cadena SER’ desvelara este martes las cartas recibidas por los familiares de residentes fallecidos durante la pandemia.
«Es un procedimiento habitual en la administración en todas las comunidades autónomas y en todas las administraciones locales, regionales y estatales», subrayó la consejera en declaraciones a los medios con motivo del acto celebrado en la Asamblea regional en el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
UN PROCESO «COMPLEJO»
En el caso de las deudas de residentes fallecidos, desde la Consejería inciden en que su proceso es «mucho más complejo» y se dilata en el tiempo al tener que requerirse a los herederos, pues la declaración de herederos «normalmente no se realiza antes del año de fallecimiento y hay que considerar después si existen renuncias a las herencias y localizar los domicilios de todos los herederos», explican.
En estos procesos, apuntan, se requiere a todos los herederos de los fallecidos en los que se producen impagos que hagan frente entre ellos a la deuda pendiente, «sin poder distinguir la causa que genera el impago ni otras cuestiones particulares de cada caso».
Además, de Alegría, también desde el Gobierno de España el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha llamado a la Comunidad de Madrid a hacer «un ejercicio de responsabilidad democrática» con las familias que perdieron a sus mayores en las residencias durante la pandemia, y ha pedido reconocer su «dolor» frente a las reclamaciones de dinero.
Llamaría a hacer una reflexión, todo lo que tiene que ver con lo que se vivió en la Comunidad de Madrid esos años en la pandemia va en la dirección equivocada, este país y esta comunidad tiene un deber de memoria, hacer un ejercicio de verdad, justicia y reparación de las familias», ha indicado Bustinduy en respuesta a los medios de comunicación este martes tras presentar el primer plan de acción para el trastorno del espectro del autismo (TEA). A su juicio, la reclamación va «en la dirección contraria» y «solo puede generar consternación».
