Todos los alumnos universitarios y de formación profesional becarios, que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas (remuneradas o no) incluidas en programas de formación van a cotizar a la Seguridad Social desde el 1 de enero de 2024 y tienen una mayor protección. Hasta ahora solo existía la obligación de dar de alta a los alumnos que llevaban a cabo prácticas remuneradas.
Se trata de una extensión de derechos que beneficia a los más jóvenes que, de este modo, pueden comenzar una carrera de cotización que les permite generar derechos a futuro, puesto que supone el reconocimiento de este tiempo como cotizado a efectos de la futura pensión. Estos jóvenes estarán, además, más protegidos durante el desempeño de sus prácticas, por ejemplo, en caso de accidente.
Pero el Partido Popular, a través de una moción en la Asamblea Regional de Murcia, ha solicitado al Gobierno de España, concretamente a la ministra de Educación Pilar Alegría, aplazar el alta obligatoria en la Seguridad Social a alumnos de FP y Universidades que realicen prácticas en empresas «hasta que los términos legales estén bien claros y se garantice por parte de los ministerios competentes el adecuado cumplimiento de la norma, velando siempre por el legítimo interés y los derechos del estudiantado».
Según CRUE, más de un 98% de empresas han eludido el pago de las cotizaciones y un 100% su gestión administrativa
Recordemos que según la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), a pesar de que dicha Disposición atribuye principalmente la responsabilidad de gestionar y pagar estas cotizaciones a las entidades receptoras del estudiantado en prácticas, tanto las empresas como las administraciones públicas se han desentendido de esta obligación y han sido «las universidades las que hemos tenido que asumir estas tareas. En el caso de las empresas, más de un 98% han eludido el pago de las cotizaciones y un 100% su gestión administrativa».
Según el Ministerio de Educación, estos alumnos en prácticas están comprendidos como asimilados a trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social, excluidos los sistemas especiales del mismo, salvo que la práctica o formación se realice a bordo de embarcaciones, en cuyo caso la inclusión se produce en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
LA MEDIDA CONTEMPLA BENEFICIOS TAMBIÉN PARA ANTIGUOS BECARIOS
La acción protectora es la correspondiente al régimen de Seguridad Social aplicable, con la exclusión de la protección por desempleo, de la cobertura del Fondo de Garantía Salarial y por Formación Profesional, tampoco aportarán al Mecanismo de Equidad Intergeneracional. En el supuesto de las prácticas no remuneradas se excluirá también la protección por la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
A efectos de prestaciones, la base mensual de cotización aplicable es el resultado de multiplicar la base mínima del grupo 8 de cotización del Régimen General de la Seguridad Social (en 2023, 38,89 €/mes) por el número de días de prácticas formativas realizadas. Se establece como límite el importe de la base mínima de cotización del grupo 7 de cotización del RGSS. Cada día de prácticas formativas no remuneradas será considerado como 1,61 días cotizados, sin que pueda sobrepasarse el número de días del mes correspondiente.
La aplicación de esta novedad cuenta con una amplia bonificación en las cuotas a la Seguridad Social que alcanza una reducción del 95% en la cotización por contingencias comunes. Además, en el caso de los estudiantes de Formación Profesional, el 5% restante lo asumirá el Ministerio de Educación que lidera Pilar Alegría. La medida contempla beneficios también para antiguos becarios, pues tienen la opción de suscribir un convenio especial que posibilite el cómputo de la cotización por los periodos de formación o realización de prácticas no laborales y académicas realizados antes de la entrada en vigor de esta norma y hasta un máximo de cinco años.
Esta medida se está negociando en el marco del diálogo social y está pendiente de desarrollo normativo a través de una Orden ministerial.
EL PP SE QUEJA DE QUE «ES UNA ARTIMAÑA» PARA INFLAR AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
El PP de Andalucía, concretamente su consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, fue de las primeras en criticar la incertidumbre que generaba esta medida y acusaba al Gobierno del PSOE de usar eso como «una artimañana para inflar los afiliados a la Seguridad Social, como con los fijos discontinuos». Ahora es Carlos Albaladejo, defensor de la iniciativa del PP de Murcia, quien ha señalado que «es inadmisible que el Gobierno de Sánchez ponga trabas con una medida que desincentiva la necesaria implicación de las empresas en la formación de los jóvenes y su acceso al mercado laboral. Y que, además, frenará el avance de la Formación Profesional», ha añadido.
Al respecto, Albaladejo ha subrayado que «fijándonos exclusivamente en las salidas laborales que encontramos después de los estudios superiores, los datos dicen que la Formación Profesional ofrece más posibilidades de encontrar trabajo, y que quienes la cursan entran antes en el mercado laboral», ya que «la FP proporciona conocimientos que conectan inmediatamente con el ejercicio profesional en áreas muy diversas».
De hecho, la apuesta del Gobierno regional por la Formación Profesional, y más en concreto por la FP Dual, es una historia de éxito, ya que ha dado lugar a una empleabilidad de casi el 100%, ha apuntado el diputado regional, lo que demuestra que fomentar la relación educación-empresa es el mejor camino para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, ha apostillado.
Albaladejo ha recordado que «en la Conferencia de Educación celebrada el pasado 13 de diciembre en Madrid, 14 comunidades autónomas, entre ellas la Región de Murcia, demandaron la suspensión de la medida obligatoria de dar de alta en la Seguridad Social a los alumnos de FP que realizan prácticas en empresas, hasta que las condiciones sean más claras», ya que «esta decisión no hace más que poner dificultades a las empresas, piezas fundamentales en el desarrollo de estas enseñanzas».
La CRUE indicó en un comunicado que las universidades, a pesar de sus muchas dificultades financieras, han asumido el coste de estas cotizaciones (unos 9 millones de euros anuales siempre que se mantenga la bonificación) y, sobre todo, el enorme esfuerzo de gestión administrativa que representan las 400.000 prácticas estimadas y que «nos está obligando a incrementar nuestras plantillas de personal técnico, de gestión, administración y servicios, a adquirir plataformas digitales y a formar a nuestro personal».
SEGÚN EL PP, MUCHAS EMPRESAS RETIRAN OFERTAS DE PRÁCTICAS PARA BECARIOS
Por eso desde el PP buscan el respaldo a su propuesta apuntando que «CRUE teme que el sistema de prácticas pueda colapsar ante la situación de incertidumbre generada, ya que la Tesorería de la Seguridad Social sigue sin enviar instrucciones claras, precisas y estables sobre cómo implementar la medida», ha puntualizado el diputado regional.
Albaladejo ha apuntado que «tras ser obligatorio, 450.000 becarios cotizan a la Seguridad Social y las altas se han multiplicado por cuatro en los primeros meses del año», aunque «solo uno de cada cinco estudiantes cobra por estas prácticas».
El parlamentario ha alertado que «ante el desconcierto que se está produciendo, muchas empresas retiran su oferta de prácticas formativas, incluso cuando la Universidad o los Centros de Formación Profesional asumen su gestión económica y administrativa».
«Por todo ello, instamos al Gobierno de Sánchez a que suspenda esta medida de efectos tan contraproducentes, al menos hasta que se despejen todas las dudas de una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica que el mismo Ejecutivo ha generado», ha concluido Carlos Albaladejo.
