En un hecho sumamente preocupante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha concluido que la Administración Pública ha vulnerado los derechos de los migrantes desalojados de un centro de acogida en Alcalá de Henares (Madrid) el pasado enero. La Fiscalía ha pedido que se declare contrario al derecho internacional de derechos humanos y al derecho fundamental a la integridad física y moral el abandonar a personas migrantes en situación de irregularidad y de especial vulnerabilidad.
Este caso pone en evidencia la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su situación administrativa. La Fiscalía ha actuado en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, lo que demuestra la gravedad de la situación y la necesidad de abordarla desde una perspectiva integral.
Vulneración de Derechos Fundamentales de Migrantes
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha realizado su petición a raíz de una demanda presentada por la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. Según esta denuncia, en enero de 2024 la Administración Pública había desalojado de un centro de acogida y derivación de Alcalá de Henares a un grupo de migrantes en situación administrativa irregular y especial vulnerabilidad, dejándolos en estado de alegalidad y abandono.
El procedimiento se tramita ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, y la asociación denunciante asegura que el caso afectaba a personas migrantes procedentes «en su mayoría» del «entorno geográfico subsahariano, que en 2023 entraron en España de forma administrativa irregular por las Islas Canarias».
Según la denuncia, la Administración Pública expulsó a estos migrantes del centro «sin darles una solución u orientación acerca de su situación jurídica en España» ni solución habitacional ni «medio alguno de subsistencia».
Responsabilidad de la Administración Pública
En el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el fiscal Manuel Campoy defiende que la Administración Pública demandada vulneró «el derecho fundamental de integridad física y moral de las personas migrantes concernidas» al «generar una situación de riesgo relevante de lesión» para ellas.
Esta decisión de la Fiscalía es un paso importante para exigir responsabilidades a la Administración Pública y garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, incluso en situaciones de irregularidad administrativa. Es fundamental que las autoridades competentes tomen medidas para evitar este tipo de vulneraciones y aseguren que todos los migrantes, independientemente de su estatus, tengan acceso a soluciones habitacionales y medios de subsistencia dignos.
La defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes debe ser una prioridad para las instituciones públicas, en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España. Este caso pone de manifiesto la necesidad de una reforma integral del sistema de atención y protección a los migrantes, que garantice el respeto a sus derechos fundamentales y evite situaciones de vulnerabilidad y abandono.
