El pacto tácito entre Junts y el Govern de Illa cruje por la lengua y la inmigración. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avisado al Palau de que su partido dará la batalla para que el conocimiento del catalán sea un requisito obligatorio en la futura regularización de personas migrantes en Catalunya, una exigencia que el Ejecutivo socialista rechaza frontalmente y que abre un nuevo frente en la legislatura más tensa de los últimos años.
La advertencia de Turull no llega en cualquier momento. Llega justo cuando el Govern intenta mantener a flote la fotografía de estabilidad con ERC y, en paralelo, negociar con Moncloa el traspaso efectivo de competencias migratorias. En esa ecuación, la presión de Junts aprieta por un flanco incómodo: el simbólico.
Por qué Turull elige ahora la batalla de la lengua
La ofensiva tiene lógica interna. Junts necesita recuperar discurso identitario tras meses en los que la agenda la marcaban el PSC desde el Govern y ERC desde la negociación con Moncloa. La lengua es, históricamente, el terreno donde la formación de Puigdemont se mueve con más comodidad, y vincularla al debate migratorio le permite tocar dos teclas a la vez: defensa del catalán y control de la inmigración, dos ejes que Junts considera prioritarios para su electorado.
Según recoge ElNacional.cat, Turull ha sido explícito: su partido «batallará» para que el catalán figure entre los requisitos de la regularización. La formulación no es menor. No habla de recomendación ni de incentivo. Habla de exigencia, de filtro.
En esta redacción entendemos el movimiento como un doble gesto. Hacia dentro, Junts reordena su relato después de un trimestre en el que la narrativa independentista ha perdido centralidad. Hacia fuera, marca distancia del PSC justo cuando el Govern de Illa empieza a consolidar gestión y presupuesto.
La negativa de Illa y el dilema del Govern
El Govern ha rechazado la propuesta sin medias tintas. La posición oficial del Ejecutivo socialista sostiene que el conocimiento del catalán debe promoverse mediante política lingüística activa —acogida, formación, Consorci per a la Normalització Lingüística— y no convertirse en barrera administrativa para la regularización. Fuentes del Govern consultadas por Moncloa.com subrayan que condicionar papeles al dominio del catalán «chocaría con el marco competencial» y colocaría a Catalunya en una posición jurídicamente frágil ante el Estado.
El argumento tiene una capa política añadida. Illa ha construido su mandato sobre la promesa de una Catalunya «que suma», y aceptar el requisito lingüístico tal y como lo plantea Junts sería leído, dentro y fuera del PSC, como una cesión al marco postconvergente. No es un coste que el presidente esté dispuesto a pagar, al menos no ahora.
Eso sí, la cuestión no es solo simbólica. La transferencia de competencias en inmigración que el Govern negocia con Moncloa —en el marco del acuerdo de investidura con ERC— sigue pendiente de concreción. Y cualquier regularización con sello catalán tendrá que encajar con la normativa estatal de extranjería, lo que estrecha el margen real de maniobra.
Junts ha encontrado en el catalán como requisito migratorio la grieta perfecta para incomodar a Illa sin romper abiertamente con el tablero parlamentario.
El precedente quebequés y la comparación que nadie quiere hacer
El modelo que inspira a Junts no es nuevo. Quebec exige competencia en francés para ciertas vías de residencia permanente desde hace años, y el nacionalismo catalán ha mirado tradicionalmente a la provincia canadiense como referente de política lingüística agresiva. Analizamos esta estrategia como un intento de Junts de importar un marco que, en el contexto jurídico español, difícilmente superaría el filtro del Tribunal Constitucional.
Cabe recordar que la Generalitat no tiene competencia exclusiva sobre regularización de extranjeros. Incluso si el Parlament aprobara mañana una ley con el requisito lingüístico —algo que hoy por hoy no tiene mayoría—, el recorrido jurídico sería largo y probablemente infructuoso. Turull lo sabe. Y precisamente por eso la batalla se libra más en el plano del relato que en el del BOE o el DOGC.
El contraste con otras comunidades autónomas es ilustrativo. Ni Galicia ni Euskadi, con lenguas cooficiales y políticas de normalización consolidadas, han planteado vincular regularización a conocimiento lingüístico. La propuesta de Junts es, en el marco autonómico español, una singularidad.
La lectura política es otra: Junts sabe que no ganará esta batalla en el terreno normativo, pero puede ganarla en el terreno del desgaste. Cada semana que el Govern tenga que defenderse de la acusación de no proteger suficientemente el catalán, es una semana en la que Illa pierde aire en su flanco identitario. El próximo pleno del Parlament y la comisión bilateral Estado-Generalitat prevista para las próximas semanas marcarán hasta dónde llega el envite. Por ahora, nada está cerrado.
