EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Bruselas estudia restringir el derecho de veto de los futuros Estados miembros en política exterior y fiscalidad durante los primeros años tras su adhesión.
- ¿Quién está detrás? La Comisión Europea, con el impulso de Alemania y el contexto de los bloqueos de Hungría y Eslovaquia al apoyo a Ucrania.
- ¿Qué impacto tiene? Busca agilizar las decisiones unánimes y preparar la ampliación prevista para antes de 2030, aunque choca con los principios de soberanía nacional.
La Comisión Europea baraja una reforma de calado: negar temporalmente el derecho de veto a los nuevos Estados miembros en materias de política exterior y fiscalidad. La propuesta, adelantada por The Guardian y confirmada por cuatro fuentes comunitarias, busca evitar que los futuros socios puedan bloquear decisiones unánimes como las que han paralizado el envío de ayuda a Ucrania. La medida se aplicaría durante varios años tras la adhesión y ya se está negociando con Montenegro, el candidato favorito para convertirse en el socio número 28 en 2028.
La letra pequeña: temporalidad y riesgo de miembros de segunda
El esquema que maneja la Comisión es jurídicamente resbaladizo. Según las fuentes consultadas por The Guardian, la restricción del veto sería «temporal» –se menciona un horizonte de entre cinco y siete años– y afectaría solo a la política exterior común y a decisiones fiscales que requieran unanimidad. El objetivo es crear un período de adaptación en el que los nuevos miembros no puedan descarrilar por sí solos decisiones estratégicas del bloque. La medida, no obstante, suscita dudas legales: el Tratado de la UE consagra la igualdad soberana de los Estados, y crear miembros de facto con derechos menguados durante un período transitorio choca con ese principio. Montenegro, que lleva 14 años negociando su adhesión, sería el primer banco de pruebas. Si la cláusula se incluye en su tratado, serviría de plantilla para el resto de los nueve candidatos oficiales, según la información.
Hungría y Eslovaquia, el espejo que Bruselas no quiere repetir
La iniciativa no surge en el vacío. La experiencia reciente con Budapest y Bratislava ha convertido el derecho de veto en un arma de bloqueo sistemático. Hungría, bajo el liderazgo de Viktor Orbán, ha retrasado durante meses el desembolso de ayuda financiera a Ucrania –incluido un préstamo de 90 000 millones de euros– y ha frenado sanciones contra Rusia amparándose en la regla de la unanimidad. Eslovaquia, con el primer ministro Robert Fico, también ha mostrado reticencias crecientes. La paradoja es que la Unión quiere ampliarse hasta superar los 33 miembros antes de 2030 –el horizonte que maneja la Comisión– con los mismos mecanismos de decisión que le han costado meses de parálisis con solo 27.
La ampliación no puede ser la excusa para enterrar la unanimidad, pero la unanimidad tampoco puede ser la herramienta para sabotear la política exterior europea.
Equilibrio de Poder
La propuesta sobre el veto a los futuros socios es, en el fondo, un movimiento de centralización que trasciende la técnica jurídica. Alemania, a través del ministro de Exteriores Johann Wadephul, ya ha verbalizado que «una UE con más de 33 miembros no puede seguir funcionando con reglas diseñadas para un bloque más pequeño». El ex Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, fue aún más lejos: pidió un núcleo reducido de países que tome decisiones sin necesidad de unanimidad. Moscú, mientras tanto, observa con interés cualquier fractura en la capacidad de acción de la UE en el vecindario común; la parálisis por los vetos solo favorece su margen de maniobra en Ucrania y los Balcanes.
Para España, la reforma plantea un dilema de doble filo. Por un lado, un proceso de ampliación más flexible refuerza la posición europea en el Magreb y el Sahel –áreas de interés estratégico español– y evita que futuros Estados miembros bloqueen misiones de la Política Exterior y de Seguridad Común. Pero, por otro, la erosión del derecho de veto debilita la voz de los países medianos frente a un eventual directorio franco-alemán. Moncloa defiende tradicionalmente el principio de consenso como garantía de equilibrio, aunque en los últimos Consejos Europeos ha mostrado pragmatismo: si la alternativa es el inmovilismo, la vía de la integración diferenciada gana adeptos.
A medio plazo, la introducción de un veto limitado podría sentar un precedente para extender esa lógica también a los Estados miembros actuales, algo que ya han señalado críticos como Robert Fico, quien ha advertido de que eliminar el derecho de veto en cuestiones fundamentales sería «el principio del fin» de la UE. El debate, por tanto, no es solo sobre Montenegro; es sobre el tipo de Unión que se quiere construir en la próxima década. La próxima cumbre de la Comunidad Política Europea, prevista para otoño, y los avances reales en el proceso de adhesión de los Balcanes Occidentales serán los dos termómetros para medir si esta propuesta se queda en un globo sonda o se convierte en una reforma estructural con consecuencias duraderas.
