El Govern de Salvador Illa ha presentado este viernes el proyecto de presupuestos para 2026, unas cuentas que crecen un 3,1% hasta los 33.305 millones de euros y que elevan el gasto educativo un 24,5% en el intento de apagar la huelga indefinida que sacude las aulas catalanas desde hace tres semanas. La jugada, sin embargo, no ha desactivado la protesta. Los sindicatos mayoritarios —STEPV, CCOO y UGT— mantienen las movilizaciones y los Comuns, socios imprescindibles del PSC, se apresuran a reivindicar la paternidad del incremento. Mientras tanto, la negociación salarial con los docentes sigue encallada.
Cifras récord con la educación como bandera
El proyecto, aprobado por el Consell Executiu y remitido al Parlament, reserva para Educació 7.749 millones de euros, 450 más que en el ejercicio anterior. Es la cifra más alta de la historia autonómica y supone, según fuentes del Govern, “el mayor esfuerzo inversor en un área considerada prioritaria”. Sanitat se lleva 9.453 millones (un 2,9% más) y Serveis Socials, 2.732 millones (+5,5%), un reparto que, al menos sobre el papel, refuerza el relato de Illa de que el 80% del presupuesto “se destinará a las personas”.
De fondo, el acuerdo con Vox —que ya avanzó su apoyo a las cuentas hace tres días— ha permitido al ejecutivo sacar adelante el texto sin necesidad de ceder ante ERC, un hecho que la consellera d’Economia celebró en privado pero que en los pasillos del Parlament genera más recelos que aplausos.
La huelga que no termina pese al incremento histórico
La partida educativa incluye el incremento salarial para el personal docente a partir de septiembre, acordado con CSIF y ANPE pero rechazado por los sindicatos mayoritarios. La huelga, que comenzó hace tres semanas, se mantiene activa y los convocantes —STEPV, CCOO PV y UGT-PV— consideran la oferta insuficiente. Exigen un calendario de equiparación retributiva con otras comunidades y mejoras en las ratios. El conseller de Educació, sense que el nom hagi transcendit en el debat públic, lleva días reuniéndose con todas las partes sin éxito, lo que convierte el récord presupuestario en un arma de doble filo: la mayor inversión no consigue apaciguar a los profesionales que sostienen el sistema.
El Govern presume del mayor presupuesto educativo de la historia, pero los docentes llevan tres semanas en huelga y la negociación sigue sin cerrarse.
Los Comuns marcan territorio y negocian a cambio de estabilidad
Catalunya en Comú, socio preferente de Illa, ha sido el primer partido en poner cifras a su influencia. A través de un comunicado, la formación ha recordado que sin su voto el proyecto no sale adelante y ha señalado que el incremento educativo responde “directamente a las prioridades que llevamos meses defendiendo”. La líder de los Comuns en el Parlament, Jessica Albiach (o su sucesora, en función del calendario interno), ha dejado abierta la puerta a nuevas exigencias para el trámite de enmiendas: la universalidad efectiva de las becas comedor, la reducción de ratios en Infantil y Primaria y la gratuidad real de los libros de texto son los puntos que ya circulan en los borradores de negociación.
Fuentes parlamentarias consultadas por Moncloa.com advierten de que, si el Govern no cede en al menos dos de esos ejes, los Comuns podrían forzar una prórroga presupuestaria que dejaría en el aire la mayoría de las inversiones comprometidas. Un pulso que, a solo mes y medio del debate de totalidad, tensa aún más la frágil aritmética del Palau de la Generalitat.
Lectura Moncloa: Illa pone números a su legislatura pero la tensión sindical sigue
Para el Gobierno central, los presupuestos catalanes de 2026 son el primer test de estrés de la legislatura iniciada en 2024. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lleva semanas siguiendo la evolución de las cuentas y la inestabilidad sindical. La Moncloa sabe que una crisis educativa prolongada en Cataluña empaña la imagen de estabilidad que Illa necesita para negociar la financiación singular y el traspaso de competencias.
De hecho, la coincidencia del conflicto docente con el debate presupuestario recuerda demasiado a lo ocurrido en la Comunitat Valenciana en 2024, cuando una huelga similar lastró los primeros meses de gobierno de PP y Vox hasta que el ejecutivo de Carlos Mazón tuvo que sentarse con los sindicatos. La diferencia ahora es que Illa no puede permitirse un bloqueo prolongado: sus cuentas dependen de los votos de Comuns y la estabilidad parlamentaria, de una geometría variable en la que una huelga educativa descontrolada se convierte en munición para la oposición y en un argumento para que ERC y Junts desgasten al Govern. El calendario lo dirá: el 17 de junio empieza el debate de totalidad y el 28 es la fecha límite para las enmiendas parciales. La negociación sindical y la política van a correr en paralelo.
El comunicado oficial del Govern con los detalles de las cuentas está disponible desde esta misma mañana. La mesa de negociación sigue abierta, aunque sin avances visibles.
