La dirección de ERC ha admitido en una circular interna que el traspaso completo del IRPF a la Agència Tributària de Catalunya necesita un mínimo de tres años de trabajo y que, a día de hoy, solo queda uno de margen en la legislatura, según ha desvelado este sábado El Mundo. La confesión, remitida a las bases el pasado 19 de mayo, un día después del tenso Consejo Nacional del partido, reconoce por primera vez los límites reales de la que ha sido la principal exigencia de los republicanos al Govern de Salvador Illa.
El documento, anexo al correo ya conocido en el que Oriol Junqueras hablaba de «contradicciones» y «dudas» por el apoyo a los Presupuestos del PSC, añade una frase que descoloca a más de un militante: «Necesitamos un mínimo de tres años para hacer el traspaso del IRPF. Queda sólo uno». La dirección de Esquerra explica que, «cuanto más avanza la legislatura, menos recorrido tenemos», y reconoce que la cesión del impuesto está ligada de forma indisoluble al nuevo modelo de financiación autonómica que el Congreso empezará a negociar en septiembre.
De puertas afuera, el discurso oficial se ha mantenido firme. En marzo, ERC tumbó las cuentas de Illa por la falta del traspaso y, aunque luego las rescató a cambio de cesiones en la Zona Franca y el aeropuerto de El Prat, el partido insistió en que no renunciaba al IRPF. Sin embargo, el correo filtrado dibuja un escenario mucho más realista: el camino técnico y jurídico para transferir la recaudación a una agencia catalana propia, aún por construir, se extiende más allá del final de la legislatura.
El margen para incorporar el traspaso al redactado de la nueva ley de financiación se reduce, y ERC baraja dos opciones: lograr que el PSOE lo incluya directamente en el proyecto o presentar enmiendas para introducirlo durante la tramitación parlamentaria. El problema, admite la dirección, es que ambas estrategias chocan con «la amenaza del bloqueo de Junts», que exige un concierto económico al modelo vasco y no se conforma con la ordinalidad que beneficiaría a Cataluña.
La militancia no ocultó su descontento en el Consejo Nacional del 18 de mayo. Varios asistentes pidieron someter el acuerdo presupuestario a votación, sin éxito. Junqueras defendió entonces que «no se renuncia al IRPF», pero la circular del día siguiente matizó que se trata de priorizar avances «para el país» aunque el calendario juegue en contra.
La dirección de ERC admite en privado lo que no dirá en público: el traspaso del IRPF es inviable en esta legislatura sin un giro improbable de Junts.
El informe interno conocido este sábado no es una rectificación, sino la confesión de que el argumentario oficial tiene fecha de caducidad. La cúpula republicana asume que la legislatura —que acaba en 2027— ya no da para culminar un traspaso que requeriría meses de desarrollo normativo y la creación de una estructura tributaria paralela a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
El laberinto de la financiación y el veto de Junts
El nuevo modelo de financiación autonómica que el Ministerio de Hacienda llevará al Congreso en septiembre es la llave que podría abrir la puerta a la inclusión del traspaso del IRPF. ERC confía en que el PSOE acepte incluir esa cesión en el texto, pero la dirección de Junqueras reconoce en la circular que «la amenaza del bloqueo de Junts» es real y podría descarrilar cualquier avance. Los neoconvergentes, que rechazan la financiación singular si no se eleva a la categoría de concierto económico, ya han anunciado que no apoyarán un sistema que no les devuelva la gestión plena de todos los impuestos.
La alternativa de presentar enmiendas conjuntas con otros grupos independentistas —como la CUP— tampoco garantiza el éxito, porque los números en el Congreso obligarían a sumar también a los partidos de la investidura, que miran con recelo cualquier paso hacia un trato fiscal asimétrico.
La militancia y el argumentario: entre la lealtad y la frustración
En el Consejo Nacional del 18 de mayo, varias voces críticas pidieron que el acuerdo con el PSC se sometiera a votación de las bases. La dirección de ERC se negó, consciente de que una consulta podría fracturar el consenso interno justo cuando Illa empezaba a repartir las primeras concesiones simbólicas —el Consorcio de la Zona Franca o la participación en el aeropuerto de El Prat— que presentaban como «nuevos pasos adelante para el país».
El argumentario de la dirección insiste en que no se renuncia al IRPF, sino que se construye «por la vía de los hechos». Pero, en privado, la cúpula se ha visto obligado a reconocer que el tiempo juega en contra y que la opción del IRPF directo ya no es realista.
Lo que nos enseña el precedente vasco (y el coste de no tenerlo)
El gran espejo al que siempre mira el independentismo es el concierto económico del País Vasco. Allí, la Diputación Foral recauda y gestiona todos los impuestos y luego transfiere un cupo al Estado. Cataluña persigue una versión descafeinada —la «financiación singular»— que se limitaría a ceder el IRPF y elevar la ordinalidad en el reparto. La diferencia no es menor: en Euskadi, la autonomía fiscal se sustenta en una arquitectura propia que tardó décadas en consolidarse y que sigue generando conflictos competenciales. Transferir el IRPF en un año sin una Agencia Tributaria catalana plenamente operativa y con una ley de financiación aún por redactar es, admiten en privado los técnicos de la Generalitat, un salto en el vacío.
La cesión del IRPF a la Agència Tributaria no es un botón que se aprieta, sino la construcción de un organismo que todavía no cuenta ni con personal ni con sede ni con sistemas. La frase es de un alto funcionario de Economía consultado por este diario, y resume la distancia entre el discurso y la realidad.
El curso político que viene se adivina clave: si en septiembre la reforma de la financiación avanza sin el voto de Junts, ERC se verá obligada a elegir entre replegarse en el mantra del IRPF o celebrar como victoria un modelo de ordinalidad que, sin el impuesto, sabrá a poco para sus bases. Mientras tanto, el reloj corre y la ventana de oportunidad se cierra en 2027.
