EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? España, Francia e Italia han filtrado un documento conjunto en el que exigen limitar los poderes normativos del BCE y la EBA. Denuncian una ‘inflación regulatoria’ que lastra a la banca europea.
- ¿Quién está detrás? Los ministros de Economía de los tres grandes países del sur. El non-paper, aún no oficial, ha sido revelado por EXPANSIÓN.
- ¿Qué impacto tiene? La propuesta busca reformar la arquitectura de supervisión bancaria de la UE con un mandato de competitividad, consultas obligatorias y una junta asesora independiente. Si cala, podría cambiar el equilibrio de poder entre Bruselas, Fráncfort y las capitales.
El eje del sur europeo se ha cansado de lo que califica como una ‘inflación regulatoria’ que asfixia a sus bancos. Este martes, España, Francia e Italia han hecho circular un non-paper —documento oficioso de alto voltaje político— en el que reclaman un tijeretazo a los poderes del Banco Central Europeo y de la Autoridad Bancaria Europea. El texto, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, supone la ofensiva más coordinada jamás vista de las tres grandes economías del sur contra lo que consideran una maquinaria normativa desbocada.
La banca española lleva años señalando el problema. Ahora son los gobiernos los que se apropian del diagnóstico: la acumulación de guías, expectativas supervisoras y estándares técnicos que van más allá de las leyes aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo crea un corpus paralelo que eleva costes y disuade la actividad crediticia. En lenguaje llano, el BCE y la EBA legislan sin haber pasado por las urnas.
El documento clasifica este fenómeno como un exceso de ‘regulación de nivel 2 y 3’ —el desarrollo técnico de las normas comunitarias y las recomendaciones no vinculantes que, en la práctica, se convierten en obligaciones de facto—. “Una parte cada vez mayor de los marcos normativos proviene de esos niveles”, advierten los tres países, “lo que genera inseguridad jurídica y desvía recursos de la financiación y la innovación”.
La ‘inflación regulatoria’: cuando el supervisor se convierte en legislador de facto
El término no es nuevo para el sector. Lleva años resonando en los pasillos de la banca y ha sido repetido por los principales lobbies financieros. Pero que tres ministros de finanzas lo plasmen en un documento conjunto representa un salto cualitativo. La ‘inflación regulatoria’ describe esa capa extra de exigencias que las autoridades supervisoras imponen más allá de lo que recoge la legislación europea, a menudo sin evaluaciones de impacto y sin posibilidad de ser recurrida con eficacia.
El BCE actúa mediante ‘expectativas de supervisión’ que, aunque oficialmente no son vinculantes, “pueden funcionar como un reglamento de facto difícil de comprender, costoso de implementar y, en ocasiones, propenso a interpretaciones divergentes”, subraya el non-paper. Un guante de seda que se convierte en camisa de fuerza para las entidades, sobre todo para las de tamaño mediano, abundantes en España.
La radiografía que hacen los tres firmantes es demoledora: “La complejidad crea costes y rigideces que van más allá de lo necesario para preservar la estabilidad financiera: debilita la seguridad jurídica, aumenta las cargas de cumplimiento y desvía recursos de la financiación y la innovación”.
El decálogo de propuestas: desde evaluaciones académicas hasta un nuevo organismo asesor
Para domeñar esta marea normativa, España, Francia e Italia dibujan un paquete de herramientas que, de aplicarse, cambiarían profundamente el ecosistema supervisor europeo. En primer lugar, piden que la Comisión Europea y los colegisladores asuman un “papel más relevante en la revisión de los estándares técnicos producidos por la EBA”. Quieren que cualquier desarrollo normativo vaya acompañado de evaluaciones de impacto “mucho más exhaustivas”, con análisis de la carga acumulativa y comparabilidad internacional, y que éstas sean realizadas por académicos o expertos de mercado, no por las propias autoridades.
[Aquí podría ir una imagen: representación gráfica de los niveles regulatorios.]
En el caso del BCE, el tridente del sur exige que los supervisores justifiquen que sus guías y expectativas se limitan al mínimo necesario para cubrir los riesgos y preservar la estabilidad. Además, proponen que las consultas sean obligatorias antes de introducir cambios en las prácticas corporativas de los bancos. Y si eso fuera poco, plantean la creación de una Junta Europea de Estabilidad Financiera y Competitividad, un órgano asesor independiente que emitiría recomendaciones no vinculantes al Consejo de Supervisión bancaria del BCE y a la Junta Única de Resolución para garantizar una visión holística del impacto sobre el sector.
Una de las patas más novedosas es la apuesta por que las entidades puedan impugnar las guías generales ante el Tribunal de Justicia de la UE. Aunque el TJUE ya permite recurrir decisiones individuales del BCE, los bancos apenas utilizan esa vía en la UE, a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones. El objetivo es reforzar el control judicial y romper la sensación de indefensión que atenaza a muchas entidades medianas.
Si las autoridades tuvieran que velar también por la competitividad, sus decisiones serían más proporcionales y, probablemente, menos costosas para la banca española.
El Eje del Poder Europeo: París, Madrid y Roma frente a la ortodoxia de Fráncfort
La movida del sur no es un mero ajuste técnico. Es un pulso político en toda regla que redefine el tablero de la unión bancaria. Desde la crisis de deuda soberana de 2010-2012, la arquitectura institucional de la Eurozona se ha construido bajo la premisa de que la estabilidad financiera prima sobre cualquier otra consideración. El BCE, como supervisor único desde 2014, ha ejercido su poder con un celo que a menudo ha irritado a las capitales. Ahora, París, Madrid y Roma unen fuerzas porque la coyuntura ha cambiado: la inflación está controlada, los tipos han bajado y la urgencia es impulsar el crédito y la competitividad.
El precedente del Banco de Inglaterra, que desde hace años tiene un mandato explícito de competitividad, ha servido de espejo. Pero tanto el BCE como la EBA han rechazado hasta ahora cualquier modificación de su misión. “Su estabilidad es nuestro coste”, resumen fuentes del ministerio económico español consultadas por Moncloa.com. El non-paper incluye la exigencia de introducir ese segundo mandato competitivo en la gobernanza de la EBA, algo que requeriría una reforma legislativa de calado.
La iniciativa a tres bandas, sin embargo, topa con resistencias previsibles. Los países frugales del norte —Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia— siempre han recelado de cualquier rebaja de la disciplina financiera que pueda beneficiar a los bancos del sur. Alemania, con su potente banca pública y su apego histórico a la ortodoxia, mantiene un perfil ambiguo: Berlín comparte parte de las quejas sobre la maraña burocrática, pero difícilmente se alineará con una ofensiva que pueda debilitar al supervisor común. El desenlace dependerá de la capacidad de España, Francia e Italia de sumar apoyos y de que la Comisión Europea se avenga a abrir un debate que Bruselas llevaba meses eludiendo.
Para España, la jugada tiene un interés muy concreto. Los bancos medianos, muy presentes en el tejido empresarial nacional, llevan años quejándose de que las expectativas supervisoras del BCE les imponen costes de cumplimiento desproporcionados. Si la propuesta del sur prospera, se aliviaría la presión sobre entidades como Abanca, Cajamar o Ibercaja, facilitando la concesión de crédito a pymes y familias. Eso sí, el camino es estrecho: la reforma del marco supervisor exige el acuerdo del Parlamento Europeo y del Consejo, y los plazos se antojan lentos. La próxima cumbre del Ecofin de finales de mes será el primer banco de pruebas.
Mientras, el BCE y la EBA guardan un silencio comprensible. Fuentes de ambas instituciones indican que no comentarán un documento aún no distribuido oficialmente. Pero la tensión está servida. Lo que empezó como una reclamación sectorial se ha transformado en un envite diplomático de primer orden. La banca europea, por una vez, puede sentirse representada por sus gobiernos. Veremos cuánto dura la sintonía.
