Aunque el recurso se presentó hace apenas seis días, la Audiencia Nacional ya ha decidido admitirlo a trámite. Ayer, 3 de junio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo requirió al Ministerio de Transportes que remita el expediente completo para continuar con el procedimiento. La Comunidad de Madrid acusa al ministro Óscar Puente de mantener bloqueada la Conferencia Sectorial de Transportes, el principal órgano de cooperación entre el Estado y las autonomías en esta materia, desde julio de 2022.
Una Conferencia Sectorial que lleva más de tres años sin reunirse
El Reglamento de la Conferencia establece que debe celebrar una sesión ordinaria al menos cada seis meses. La última se remonta a julio de 2022, hace ya 47 meses. La Comunidad de Madrid envió un requerimiento formal al Ministerio para que la convocara, pero, según fuentes del Gobierno regional, no obtuvo respuesta en un mes. La negativa, según el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, «debilita los cauces de diálogo y coordinación institucional que deben regir las relaciones entre administraciones públicas».
Para la Comunidad de Madrid, la situación es especialmente grave porque, sin esa Conferencia, las autonomías quedan al margen de decisiones que afectan directamente a sus competencias y a millones de ciudadanos. El recurso presentado el 29 de mayo insiste en que la falta de convocatoria impide la «participación efectiva» de las comunidades autónomas en la política de transportes.
Más de 850 incidencias en Cercanías y un Gobierno regional al límite
Los datos de Cercanías Madrid dan combustible a la ofensiva judicial de la Puerta del Sol. En lo que va de año, hasta el 31 de mayo, se han registrado 855 incidencias, frente a las 532 del mismo periodo de 2025. Eso supone un incremento del 60,7%. «Son cifras espeluznantes», declaró el propio consejero García durante la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno. La red de Cercanías de Madrid acumula problemas constantes de puntualidad, averías y falta de personal, que los usuarios padecen a diario.
El portavoz autonómico fue más allá y lanzó un mensaje directo al ministro: le pidió que, «aunque sea por unas horas», deje de comportarse «como un matón en redes sociales» y actúe «como el ministro que debería ser» para buscar soluciones. La admisión a trámite, según fuentes del Ejecutivo autonómico, demuestra que el tribunal considera que hay materia suficiente para analizar el fondo del asunto.
Madrid lleva 47 meses sin poder sentarse con el Ministerio para discutir inversiones y servicios ferroviarios que usan cientos de miles de viajeros cada día.
Por qué Madrid recurre a la vía judicial y qué implica la admisión a trámite
El procedimiento contencioso-administrativo es la última herramienta que le queda a una comunidad autónoma cuando el Estado incumple sus obligaciones de cooperación multilateral. La admisión a trámite no prejuzga el fallo, pero obliga al Ministerio a remitir el expediente en un plazo determinado y a dar explicaciones. Si la Audiencia Nacional estima el recurso, podría ordenar la convocatoria inmediata de la Conferencia Sectorial e incluso fijar indemnizaciones si se probara algún perjuicio.
En esta redacción hemos analizado precedentes similares y encontramos un paralelismo claro con el choque de 2022 entre la Comunidad de Madrid y el entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la Conferencia Sectorial de Vivienda. En aquella ocasión, la negativa a reunir ese órgano bloqueó durante meses los planes autonómicos de alquiler y, aunque no se llegó a los tribunales, la tensión política fue similar. Hoy el escenario se repite con el transporte, un ámbito aún más sensible para los madrileños.
La diferencia con Cataluña es notable. Mientras el Gobierno central negocia el traspaso de Rodalies a la Generalitat, Madrid sigue dependiendo por completo de la voluntad del Ministerio para coordinar inversiones y mejoras. Sin Conferencia Sectorial, la Comunidad se queda sin voz formal en las decisiones que afectan a los trenes que unen los municipios del sur, el Corredor del Henares o la Sierra Norte. Eso explica que el recurso de Ayuso no sea solo un gesto político, sino una defensa competencial con un impacto muy real en la movilidad diaria de millones de ciudadanos.
El próximo paso procesal –la remisión del expediente por parte del Ministerio– marcará el ritmo del caso. Mientras tanto, los usuarios de Cercanías seguirán acumulando retrasos y averías sin que el órgano que debería coordinarlas esté operativo. La pelota está ahora en el tejado de Óscar Puente, que tendrá que decidir si convoca la Conferencia antes de que el tribunal lo haga por él.
