EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha exigido este jueves la dimisión del ministro del Interior y de la directora de la Guardia Civil tras conocerse que ésta se reunió con la investigada Leire Díez para presionar a agentes del Instituto Armado.
- ¿Quién está detrás? La dirección nacional del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo al frente, que eleva la ofensiva parlamentaria y mediática contra lo que califica de «delincuencia de Estado».
- ¿Qué impacto tiene? El PP redobla su presión en el Congreso y en el Senado, vincula todas las tramas al presidente del Gobierno y sitúa la exigencia de elecciones anticipadas como única salida institucional.
La comparecencia de Alma Ezcurra en la sede nacional del Partido Popular ha elevado este jueves el tono de la oposición hasta un punto que no se alcanzaba desde hacía meses. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP ha pedido la dimisión inmediata de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) incorporado al sumario del caso Leire revelara que la exmilitante socialista Leire Díez mantuvo encuentros con la cúpula del Instituto Armado.
Ezcurra no ha escatimado calificativos: “España ya no necesita más explicaciones, necesita unas urnas para iniciar cuanto antes la reconstrucción nacional”. Una frase que resume la posición oficial de Génova tras un goteo de revelaciones judiciales que, a juicio del partido, dibujan una trama de injerencias desde el Ministerio del Interior para blindar al presidente del Gobierno y a su entorno familiar.
Un informe de la UCO que fuerza la crisis
El detonante de la intervención ha sido un informe de la UCO ya en poder del juez. En él se detalla que Leire Díez, exintegrante del PSOE y figura central de la causa, contactó con Mercedes González con el propósito de que “iniciara actuaciones administrativas” contra los propios agentes que investigan la trama. En otras palabras, utilizar la estructura del Instituto Armado para frenar pesquisas que afectan al núcleo del poder socialista.
En la trastienda política, la cúpula popular interpreta esa maniobra como el salto cualitativo que temían: ya no se trata de movimientos externos al aparato del Estado, sino de la cúpula del Ministerio del Interior orientando recursos públicos para proteger intereses particulares. “Hemos pasado de tramas aisladas a delincuencia de Estado”, ha sentenciado Ezcurra ante los medios.
Dimisiones urgentes y responsabilidad última
La vicesecretaria popular ha sido quirúrgica en el orden de las dimisiones: primero Mercedes González, por “intentar laminar a sus propios compañeros”; después Fernando Grande-Marlaska, por convertir su departamento “en el epicentro de la cloaca”; y por último, Pedro Sánchez. “Todas las tramas desembocan en el mismo punto y todas apuntan a una sola persona”, ha afirmado, en una referencia apenas velada al jefe del Ejecutivo.
El Grupo Parlamentario Popular del Congreso ya prepara iniciativas de control para la próxima sesión plenaria. Fuentes del GPP consultadas por Moncloa.com anticipan preguntas directas al ministro del Interior y la solicitud de comparecencia urgente de Mercedes González ante la Comisión de Interior. En paralelo, el PP en el Senado, con 120 senadores, estudia abrir una comisión de investigación que examine las responsabilidades políticas hasta sus últimas consecuencias.
Ya no es una trama aislada: las pruebas apuntan a que la cúpula del Ministerio del Interior usó el Instituto Armado para interferir en causas judiciales.
El Eje del Poder Popular
La dirección nacional del Partido Popular ha decidido unificar el discurso en torno a una tesis clara: la existencia de una delincuencia de Estado que conecta todas las causas que rodean al Gobierno y al PSOE. No es un mensaje improvisado. En los últimos comités de dirección, Alberto Núñez Feijóo ha insistido en que el partido debe actuar como “una oposición de Estado” que devuelva la confianza institucional a los ciudadanos.
Varias fuentes cercanas a la Secretaría General del PP admiten que la ofensiva parlamentaria de las próximas semanas será tan contundente como selectiva. El enfoque territorial también está presente: barones populares como Alfonso Rueda (Galicia) o Jorge Azcón (Aragón) ya han trasladado en privado su preocupación por el deterioro institucional y apoyarán una declaración institucional común en todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP.
Este jueves, la rueda de prensa de Alma Ezcurra marca un punto de inflexión. Si los indicios de la UCO se consolidan en sede judicial, Moncloa podría afrontar un otoño parlamentario muy distinto al que preveía. Y Génova no está dispuesta a dejar que la iniciativa se diluya.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: «Delincuencia de Estado». El PP quiere instalar la idea de que el Gobierno utiliza las instituciones para protegerse a sí mismo y a su entorno frente a las investigaciones judiciales.
- Protagonista: Alma Ezcurra (vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP).
- Próximo hito: Preguntas al ministro del Interior en la sesión de control del Congreso y posible registro de una comisión de investigación en el Senado.
