El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado este jueves de «desproporcionada y contraria a los valores de la UE» la reforma del reglamento europeo de retornos que se ha acordado esta misma semana. A su llegada a una reunión de ministros de Interior en Luxemburgo, Marlaska ha detallado sus reparos ante un texto que, entre otras cosas, permite la creación de centros de deportación en terceros países y eleva a 24 meses el plazo máximo de detención de los migrantes a los que no se concede asilo.
Te cuento las claves de este nuevo reglamento, las razones del desencuentro español y el impacto que puede tener para la política migratoria común.
Qué cambia con el nuevo reglamento de retornos
El acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo sustituye a una directiva (norma comunitaria que fija objetivos comunes pero que cada Estado miembro debe transponer a su legislación nacional) que data de hace casi 20 años. El nuevo reglamento —de aplicación directa sin necesidad de adaptación interna— introduce dos ejes principales.
El primero es la creación de un encaje legal para que la UE, uno o varios países puedan negociar con terceros Estados la instalación de centros de deportación en su territorio. Allí se enviaría a los migrantes que hayan recibido una denegación de asilo tras haber llegado a suelo comunitario, mientras se tramita su expulsión al país de origen o de tránsito. Estos acuerdos, que hoy son incompatibles con el derecho de la Unión, podrían concretarse incluso mediante «convenios no vinculantes».
El segundo consiste en ampliar el tiempo máximo de internamiento. La nueva norma permite retener a una persona que no obtiene protección internacional durante 24 meses, con una posible prórroga de seis meses más. Se exige que los centros cumplan los Derechos Humanos y respeten el principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe expulsar a alguien a un país donde su vida o integridad corran peligro.
Por qué España lo ve «desproporcionado» y posiblemente ilegal
Marlaska ha sido muy explícito: «Hay medidas de ese reglamento que pueden conculcar los principios de la Unión Europea, valores de la Unión Europea, del Tratado de la Unión Europea, así como legislación internacional», declaró a la prensa. España ya se había posicionado en contra durante la elaboración del texto y ahora «no acepta la redacción» definitiva.
Las críticas se centran en varios frentes. El más duro es la posibilidad de que los centros de deportación se pacten a través de acuerdos no vinculantes, lo que, a juicio del Gobierno, debilita las garantías y puede facilitar devoluciones en caliente encubiertas. Tampoco se comparte que puedan ser trasladadas a esos centros familias con menores o personas sin ningún vínculo con el tercer país. Y preocupa la ausencia de una orden europea de retorno obligatoria, que el ministro considera una renuncia a la confianza mutua entre Estados y un paso atrás en la construcción de una política migratoria común.
El aumento del plazo de detención hasta los 24 meses es visto como «absolutamente desproporcionado». Marlaska compara esa cifra con el hecho de que «una persona en esa situación podría estar privada de libertad más tiempo del que correspondería si se le imputara un delito grave».
La reforma permite retener a un migrante sin protección internacional hasta 24 meses, un período superior a la pena que por un delito grave contempla el Código Penal español.
El impacto para España y los próximos pasos
El reglamento necesita aún el visto bueno formal de los Veintisiete, pero España no podrá frenar su tramitación porque la decisión no requiere unanimidad. Una vez aprobado, entrará en vigor en todos los países de la UE y el Gobierno deberá aplicarlo aunque se haya opuesto. La falta de una orden de retorno obligatoria también significa que España no podrá confiar automáticamente en las decisiones de expulsión adoptadas por otros Estados, lo que complica la cooperación en frontera.
La norma podría entrar en vigor a finales de 2026 o principios de 2027. Mientras tanto, la Comisión ya ha anunciado que trabajará en directrices para garantizar el respeto a los derechos humanos en los centros de deportación. España mantendrá su posición crítica, pero sin capacidad de veto.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? La UE ha cerrado un acuerdo para endurecer los retornos y crear centros de deportación en terceros países. Marlaska lo considera desproporcionado.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El ministro del Interior español, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. España se opuso desde el inicio y no respalda el texto.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? Los Veintisiete deben dar el visto bueno formal. La norma no requiere unanimidad, por lo que España no podrá bloquearla.
