Desde la Asociación Profesional de Guardias Civiles (APROGC) aseguran observar «con enorme preocupación las informaciones conocidas en los últimos días sobre presuntas actuaciones dirigidas a desacreditar, apartar o neutralizar a servidores públicos por razón de las investigaciones que desarrollaban en el ejercicio de sus funciones».
Aprogc «ha defendido siempre un principio irrenunciable: la absoluta neutralidad política de los guardias civiles y su sometimiento exclusivo a la Constitución, a la ley y a los mandatos de la autoridad judicial competente».
Añaden los guardias civiles que «precisamente por ello, cualquier actuación encaminada a condicionar, interferir o cuestionar el trabajo profesional de un guardia civil por el contenido o las consecuencias de una investigación constituye un ataque a principios esenciales del Estado de Derecho. Los investigadores no pueden convertirse en objetivo de quienes se sienten incómodos por las conclusiones de su trabajo».
Pero las revelaciones conocidas estos días en las que se ha descubierto que varias personas trabajaban para anular las investigaciones judiciales que afectan al partido del Gobierno, «obligan a formular una reflexión que trasciende cualquier coyuntura política y cualquier interés partidista. La pregunta resulta inevitable: ¿qué habría ocurrido si determinadas conversaciones destinadas a desacreditar, apartar o desactivar a investigadores en asuntos de enorme relevancia pública hubieran quedado grabadas y hubieran salido a la luz años atrás?», dicen desde Aprogc.
Mandos de la UCO
Y se preguntan: «¿qué hubiera sido del coronel Pérez de los Cobos, del coronel Manuel Sánchez Corbí o del teniente coronel Daniel Baena si las conversaciones, maniobras o estrategias dirigidas contra ellos hubieran quedado registradas con la misma claridad que las que hoy conoce la opinión pública? ¿Cuál habría sido la reacción institucional, política y mediática? ¿Se habría considerado aceptable intentar neutralizar a servidores públicos por el mero hecho de cumplir con su obligación?» Todos eran mandos de la UCO en diferentes épocas.
No corresponde a Aprogc responder a estas cuestiones, añaden, sino que «corresponde a la sociedad, a las instituciones y, en su caso, a los tribunales. Pero sí nos corresponde recordar que ningún guardia civil debe sufrir presiones, campañas de descrédito o intentos de apartarlo de sus funciones por el resultado de una investigación desarrollada conforme a la ley».
Y tocan un punto fundamental que es la confianza de los ciudadanos en las instituciones, eso «exige que jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad y demás servidores públicos puedan actuar con plena independencia, libres de injerencias y con la única guía del ordenamiento jurídico. Cuando se intenta desacreditar a un investigador por hacer su trabajo, no se debilita únicamente a una persona; se debilita la confianza en las propias instituciones democráticas», señalan.
Porque «la defensa de las instituciones no consiste en proteger a gobiernos, partidos o intereses particulares. Consiste en proteger a quienes cumplen la ley y garantizar que puedan hacerlo con libertad, imparcialidad y seguridad jurídica».
