EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? A las familias que buscan una vivienda protegida en Madrid y a los municipios que deben decidir, en un plazo de dos años, si aplican las nuevas reglas de construcción.
- ¿Cuándo ocurre? La ley se aprobó ayer, 4 de junio. Las solicitudes de licencia bajo esta normativa podrán presentarse durante los próximos dos años, y las obras deberán estar acabadas en un máximo de tres.
- ¿Qué cambia hoy? Ya se pueden proyectar edificios de VPO con hasta dos plantas más y una plaza de garaje en lugar de 1,5, sin necesidad de modificar el plan urbanístico. Los trámites serán más ágiles gracias al silencio administrativo positivo.
La Comunidad de Madrid ha dado luz verde a la ley urgente de vivienda protegida que prevé levantar 18.000 nuevos hogares en los próximos cuatro años. La norma se aprobó ayer en la Asamblea con los votos del PP, la abstención de Vox y el rechazo de PSOE y Más Madrid, y responde a un mercado donde el crecimiento poblacional –un millón de vecinos más cada década– lleva años desbordando la oferta de pisos asequibles.
Por qué la promesa de 18.000 pisos apenas alivia el déficit
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cifró el desajuste en 150.000 hogares necesarios para atender la demanda actual. Aunque la ley representa la mayor inyección de vivienda protegida en una sola planificación, los 18.000 pisos previstos hasta 2030 equivalen a poco más del 10% de ese agujero. La Comunidad espera alcanzar los ocho millones de habitantes en 2039, y en la última década la construcción de VPO no ha superado las 3.000 unidades anuales de media. La medida, por tanto, acelera pero no cierra la brecha.
Las tres claves que cambiarán el paisaje de los barrios
La ley introduce tres cambios técnicos que los municipios podrán aplicar de forma voluntaria. Primero, se permite aumentar un 30% la densidad y un 20% la edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida, lo que se traduce en poder levantar dos plantas más sin modificar el planeamiento. Segundo, se reduce la dotación obligatoria de aparcamiento de 1,5 a una plaza por vivienda. Y tercero, se aplica el silencio administrativo positivo: si los informes sectoriales no llegan en tres meses, el proyecto puede seguir adelante, salvo en casos que afecten al dominio público.
Estas herramientas recuerdan a las empleadas en ciudades como Londres para densificar barrios consolidados y ahorrar suelo. Además, la norma facilita el cambio de uso de oficinas a residencial, un filón que en Madrid ya ha permitido reconvertir inmuebles terciarios en el distrito de Tetuán o en el sur de la capital.
Lo que la izquierda ve como un regalo a los promotores
Durante el debate parlamentario, el PSOE y Más Madrid cargaron contra el PP por, a su juicio, anteponer los beneficios de las promotoras al acceso real a la vivienda. Javier Guardiola, diputado socialista, acusó al Gobierno regional de tramitar la ley de urgencia «por la urgencia de algún proyecto» y reclamó un banco de suelo público mucho mayor. Más Madrid, por su parte, defendió topar los precios del alquiler y perseguir las viviendas turísticas ilegales como medidas complementarias.
La ley promete acelerar, pero la verdadera prueba será si los ayuntamientos, con sus limitaciones presupuestarias, logran convertir los cambios normativos en ladrillos antes de que el plazo de dos años se esfume.
Vox optó por la abstención tras presentar enmiendas que exigían «prioridad nacional» en el acceso a estas viviendas. Aunque no lograron modificar el texto, su portavoz dejó claro que si con la ley se pone «una sola vivienda a disposición de los madrileños, ya merece la pena».
Lo que Madrid ya sabe de este tipo de urgencias y lo que copia de fuera
Esta ley no nace de la nada. En 2025, el Gobierno autonómico lanzó el Plan de Choque de Vivienda 2026/27, que ya anticipaba la necesidad de modificar la normativa urbanística. Tampoco es la primera vez que se recurre al silencio administrativo para agilizar: en 2008, el Plan de Vivienda Joven incluyó medidas similares, aunque entonces la crisis frenó en seco las promociones.
Comparada con otras grandes ciudades, Madrid apuesta aquí por la oferta mientras que en Barcelona se ha optado por control de rentas. La reducción del parking obligatorio entronca con las políticas de movilidad sostenible que llevan años aplicándose en la capital, donde la Zona de Bajas Emisiones ya penaliza al vehículo privado en el centro.
El verdadero reto, sin embargo, es la voluntad municipal. La ley da a los ayuntamientos dos años para decidir si aplican las nuevas reglas, pero no les transfiere financiación para tramitar licencias aceleradas ni para para ceder suelo público. En municipios con poca capacidad técnica, el plazo podría resultar demasiado ajustado. Desde Merca2.es observamos que el éxito de la norma dependerá en buena medida de cuántos consistorios –empezando por el de la capital– se sumen al plan y de que las promociones no se concentren en las zonas donde ya hay más VPO, como el sureste, dejando fuera distritos como Centro o Chamberí.
El primer termómetro llegará a finales de este mes, cuando el BOCM publique el texto completo y los municipios empiecen a mover ficha.
