EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Eurocámara someterá a votación el reglamento del euro digital en el pleno del 6 al 9 de julio de 2026, tras recibir el aval de la comisión de Asuntos Económicos (ECON) el 23 de junio.
- ¿Quién está detrás? El Banco Central Europeo impulsa el proyecto desde 2020, con el respaldo formal de la Comisión Europea y el visto bueno político del Eurogrupo. El BCE asumirá la inversión de 1.300 millones de euros para su desarrollo.
- ¿Qué impacto tiene? El euro digital cambiará los hábitos de pago en toda la zona euro y afectará directamente al sector bancario español. Su puesta en circulación no llegará antes de 2029, pero la aprobación legislativa de 2026 es el paso definitivo.
El Parlamento Europeo votará en julio el reglamento que dará luz verde al euro digital, la moneda virtual del Banco Central Europeo. La fecha concreta aún debe confirmarse oficialmente, pero fuentes parlamentarias sitúan el debate en el pleno entre el 6 y el 9 de julio, justo antes del receso estival.
La votación llega después de que la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) de la Eurocámara haya acordado avalar la propuesta el próximo 23 de junio. Ese paso técnico despeja el camino para que el hemiciclo de Estrasburgo se pronuncie sobre uno de los proyectos más ambiciosos —y controvertidos— de la arquitectura financiera europea.
El camino legislativo hasta la votación de julio
El euro digital lleva gestándose desde 2020, cuando el BCE abrió una consulta pública y comenzó los trabajos preparatorios. La fase de investigación concluyó en octubre de 2023 y, tras un paréntesis de análisis, el Consejo de Gobierno del BCE decidió en octubre de 2025 pasar a la fase de preparación. Ahora, en 2026, la tramitación legislativa está a punto de culminar.
El procedimiento es el estándar para cualquier acto legislativo de la UE: el Parlamento y el Consejo de la UE deben alcanzar un acuerdo en el trílogo (la negociación a tres bandas con la Comisión) sobre el texto definitivo. Si la Eurocámara respalda el reglamento en julio, el expediente pasará al Consejo, donde los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete (el ECOFIN) tendrán que dar su visto bueno. Según fuentes diplomáticas, el apoyo es amplio y podría cerrarse antes de fin de año.
El reglamento establece el marco legal para que el BCE emita una moneda digital de curso legal, complementaria al efectivo y utilizable en toda la zona euro. No sustituirá al dinero físico, insisten desde Fráncfort, sino que ofrecerá una alternativa digital con las mismas garantías que un billete.
Coste del proyecto y próximos pasos
El BCE calcula que el desarrollo completo del euro digital requerirá una inversión de 1.300 millones de euros hasta su puesta en marcha. Una vez operativo, los costes anuales rondarán los 320 millones de euros, una factura que asumirá el Eurosistema como ya ya ocurre con la fabricación y distribución de billetes. Aunque el organismo defiende que estos gastos se compensarán con los ingresos por señoreaje, los críticos advierten de que cualquier implantación, por limitada que sea, acabará repercutiendo sobre los ciudadanos.
Tras la votación parlamentaria, el calendario maneja dos hitos: la adopción formal del reglamento por el Consejo antes de finales de 2026 y el inicio de la fase de implementación técnica, que se prolongará al menos hasta 2029. Ese año, si se cumplen los plazos, los primeros euros digitales comenzarán a circular en cuentas gestionadas directamente por el BCE o a través de intermediarios bancarios.
Para España, el impacto se dejará sentir en varios frentes. El sistema bancario tendrá que adaptar sus plataformas de pago y sus aplicaciones móviles para integrar la nueva moneda. Además, el Banco de España participará en los trabajos técnicos del Eurosistema y deberá preparar la distribución en el territorio nacional. Los hábitos de pago de los consumidores también cambiarán: el euro digital promete transacciones instantáneas, gratuitas y con un alto estándar de privacidad, aunque los detalles sobre el anonimato de las operaciones siguen siendo el punto más polémico de la negociación.
El BCE sostiene que el euro digital reforzará la soberanía monetaria y la seguridad económica de la zona euro.
El Eje del Poder Europeo
El euro digital no es solo un proyecto tecnológico; es una apuesta geopolítica de calado. En el BCE se lee como la respuesta europea al avance de las criptomonedas privadas y, sobre todo, a las monedas digitales de otros bancos centrales, especialmente el yuan digital chino. La Comisión Europea lo ha vinculado a la autonomía estratégica del bloque y a la necesidad de contar con una infraestructura de pagos propia y resiliente.
Sin embargo, el proyecto genera fricciones dentro de la propia UE. Los países del norte, con Países Bajos y Alemania a la cabeza, han mostrado reticencias por el impacto en la privacidad financiera de los ciudadanos. Exigen salvaguardas para que el BCE no pueda monitorizar las transacciones minoristas. En el sur, España, Italia y Francia apoyan el euro digital como herramienta de modernización, aunque también reclaman que no perjudique a la banca tradicional, que teme una fuga de depósitos hacia la moneda digital del banco central.
Para España, la votación de julio es un termómetro de la capacidad de influencia de Moncloa en Bruselas. El Gobierno de Sánchez ha respaldado públicamente el proyecto, pero deberá demostrar que puede defender los intereses de su sector financiero —uno de los más bancarizados de Europa— en la recta final de la negociación. La oposición, mientras tanto, vigila de cerca cualquier coste adicional que pueda trasladarse al contribuyente.
La lectura estratégica a cinco años es clara: si el euro digital sale adelante en 2029, la zona euro habrá dado un paso de gigante hacia la digitalización de su soberanía monetaria. Pero el camino hasta entonces está sembrado de debates técnicos y políticos que pueden retrasar el calendario. La votación de julio no será el punto final, sino el pistoletazo de salida de una negociación interinstitucional que definirá el modelo de dinero digital europeo. La próxima cita relevante será la reunión del ECOFIN de otoño, donde los ministros de Economía fijarán su posición definitiva.
