La guerra de Irán desata el coste económico para Europa: energía, suministros y el fin de la globalización

El conflicto en el Golfo Pérsico dispara los precios del petróleo y del gas, quiebra las cadenas de suministro y acelera el fin del modelo globalizado sobre el que Europa construyó su prosperidad. España, pese a su dependencia energética, cuenta con el turismo como refugio, pero

Europa construyó su prosperidad sobre un trípode que hoy se desmorona: energía barata, cadenas de suministro perfectamente engrasadas y la certeza de que la globalización avanzaba sin vuelta atrás. La guerra de Irán ha terminado de demostrar que ese mundo ya no existe. El petróleo y el gas vuelven a marcar el pulso de una economía comunitaria que, apenas tres años después de superar el shock de Ucrania, se enfrenta a otra factura energética capaz de tumbar las frágiles previsiones de crecimiento.

El fin de la globalización barata

Los mercados internacionales reaccionan con la misma coreografía de siempre: cada escalada en Oriente Próximo dispara las primas de riesgo, encarece los fletes marítimos y reaviva la inflación. Pero esta vez el daño es más profundo porque los amortiguadores fiscales de los gobiernos europeos están agotados. Tras la pandemia y la crisis energética de 2022, Bruselas ha vuelto a exigir disciplina presupuestaria. El margen para nuevos paquetes de ayudas es mínimo, y la subida persistente del precio del queroseno amenaza de lleno a aerolíneas, transportistas y al sector agrícola, que ya ven cómo los fertilizantes vuelven a tensionar sus cuentas.

A diferencia del shock de 2022, la inflación actual no es un fogonazo, sino una erosión lenta pero constante que coloca al Banco Central Europeo ante su peor pesadilla: la estanflación. Con el crecimiento estancado y los precios del petróleo enquistados por encima de los niveles previos al conflicto, el BCE se asoma al dilema que ya sufrió en los setenta. Subir tipos para contener la inflación energética puede asfixiar la recuperación; bajarlos, alimentar una escalada de precios que castigue el consumo. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, lo ha insinuado en sus últimas comparecencias sin llegar a verbalizar la palabra maldita.

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La lección es amarga. Durante décadas, el continente vivió convencido de que la energía barata era un derecho adquirido, no una anomalía histórica. La guerra de Ucrania demostró que Europa dependía del gas ruso; la crisis de Irán confirma que la sensibilidad al petróleo importado sigue siendo extrema, por mucho que las renovables avancen en la generación eléctrica. Las cadenas de suministro, además, se han fragmentado. La globalización que reducía costes a base de deslocalizar producción en Asia o el Magreb ha dado paso a un mundo de bloques en el que cada interrupción en el Golfo Pérsico resuena hasta en los polígonos industriales de Tarragona.

Eso sí, hay quien saca provecho. España podría rozar este año los cien millones de turistas extranjeros, en parte por un “efecto refugio” que desvía hacia la Península a viajeros que descartan destinos del Mediterráneo oriental. La percepción de seguridad es un activo económico de primer orden, y la planta hotelera española —con una estancia media mayor y un gasto más elevado que la francesa— se consolida como el pilar que amortigua el golpe exterior. El turismo nacional e internacional representa el 15 % del PIB y sostiene millones de empleos, pero no es inmune: el alza del queroseno encarece los vuelos y Alemania, Francia y Reino Unido, nuestros principales mercados emisores, crecen poco. El salvavidas flota, pero puede desinflarse si la inflación destruye el poder adquisitivo de las familias europeas.