El pasado 19 de julio un preso del módulo 6 de la cárcel de Estremera (Madrid VII) se abalanzó sobre una funcionaria realizándole tocamientos de carácter sexual y propinándole una fuerte bofetada cuando logró zafarse de la agresión. Lejos de acudir a la Fiscalía para que actuase de oficio, Instituciones Penitenciarias calificó el hecho como de «comportamiento inadecuado». Después de los hechos el Jefe de Servicio acudió a controlar la situación y fue agredido de un fuerte cabezazo por el interno. El asunto quedó sin castigo.
El sindicato de prisiones ACAIP-UGT «denuncia el maquillaje estadístico de Instituciones Penitenciarias tras calificar como
“comportamiento inadecuado” una agresión sexual a una funcionaria en Madrid VII. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha catalogado como “comportamiento inadecuado” la agresión sexual sufrida por una funcionaria. Desde ACAIP-UGT consideramos inadmisible esta minimización de los hechos ante un comportamiento que nadie dudaría de calificar como agresión sexual si hubieran ocurrido en cualquier otro contexto que no fuera de un preso contra una trabajadora», dicen en un comunicado.
Este sindicato de funcionarios denuncia «la incomprensible y grave respuesta de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) ante los violentos hechos acaecidos el pasado 19 de julio» y relatan lo sucedido: «En dicha jornada, en el módulo 6 de la prisión, un interno se abalanzó sobre una funcionaria realizándole tocamientos de carácter sexual y propinándole una fuerte bofetada cuando esta logró zafarse. Minutos después, el mismo agresor asestó un violento cabezazo al Jefe de Servicios que acudió a controlar la situación, causándole heridas de consideración por las que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para recibir varios puntos de sutura».
También denuncian que «transcurridos varios días desde la agresión, la Administración Penitenciaria ha calificado los tocamientos sexuales y la posterior agresión física a la funcionaria únicamente como un “comportamiento inadecuado del interno”. Desde ACAIP-UGT censuramos esta catalogación, que en cualquier otro ámbito constituiría sin ningún género de dudas un delito de agresión sexual. Esta rebaja conceptual parece responder solo al afán de maquillaje estadístico de la Administración para invisibilizar la violencia real que sufren los empleados públicos en las prisiones».
Asimismo, dicen que Instituciones Penitenciarias «ha calificado las lesiones del Jefe de Servicios como una “agresión leve” y ha rechazado aplicar el artículo 91.3 del Reglamento Penitenciario, solicitado por el centro, optando en su lugar por el artículo 91.2. El interno agresor continúa en Estremera, donde ha seguido protagonizando nuevos incidentes regimentales. Esta política de minimización de las agresiones choca frontalmente con la realidad constatada en las propias estadísticas oficiales de la Administración penitenciaria».
Durante el pasado año, según los datos facilitados por el portal de transparencia, se contabilizaron 119 incidentes de naturaleza sexual contra trabajadores penitenciarios, a las que ha que sumar las 529 agresiones físicas sufridas por funcionarios.
«A este clima de violencia e impunidad se suma la severa crisis sanitaria que atraviesa el sistema: más del 75 % de las plazas médicas se encuentran vacantes en los centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Ante el deterioro de la seguridad y las condiciones de trabajo en el C.P. Madrid VII y en el resto de la red penitenciaria, desde ACAIP-UGT exigimos que se ponga fin al maquillaje estadístico, con una tipificación y catalogación real y rigurosa de todas las agresiones físicas y sexuales sufridas por el personal penitenciario», dicen desde ACAIP.
Explican que «es imprescindible que se aborde el problema de la sanidad penitenciaria y se cumpla lo establecido en la Ley de Cohesión Sanitaria con la transferencia de la sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas y que lleva paralizado más de 20 años. Además, es necesario un nuevo protocolo que se muestre eficaz contra las agresiones que sufrimos los profesionales penitenciarios así como una adaptación del régimen disciplinario y de las relaciones de puesto de trabajo de manera que se adapten a una realidad penitenciaria cada día más compleja».
