EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Juzgado de Instrucción 49 de Madrid ha admitido a trámite las querellas del PP y de Vox por el rescate de Air Europa y ha citado a Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, como investigado por prevaricación.
- ¿Quién está detrás? Las querellas fueron presentadas por el Partido Popular y Vox. La instrucción la lleva el magistrado José María Escribano.
- ¿Qué impacto tiene? La citación judicial fortalece la estrategia del PP de exigir responsabilidades por el uso de fondos públicos en el rescate de la aerolínea, vinculado al ‘caso Koldo’ y a los contactos del entorno del presidente del Gobierno.
El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha dado este lunes un paso decisivo al admitir a trámite las querellas del Partido Popular y de Vox contra el rescate de Air Europa, una operación que inyectó 475 millones de euros de dinero público a la aerolínea en plena pandemia. El magistrado José María Escribano ha citado como investigado al vicepresidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, para que declare el próximo 3 de julio a las 9:30 de la mañana por un presunto delito de prevaricación.
Lora ejercía como presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en 2020, cuando el Consejo Gestor aprobó la ayuda financiera a la compañía, una de las empresas más beneficiadas con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas creado por el Gobierno. La admisión de la querella supone un espaldarazo a la ofensiva parlamentaria y judicial que el PP ha desplegado desde el Senado y los tribunales para esclarecer los criterios de concesión de estas ayudas.
El juez Escribano no se ha limitado a fijar la declaración del alto cargo. En el mismo auto, requiere una documentación exhaustiva tanto a la SEPI como a su Consejo Gestor, el órgano que aprobó la concesión del rescate con representantes de los ministerios de Hacienda, Economía e Industria. El instructor pide que se identifique a todos los miembros con voz y voto que participaron en las sesiones relativas a Air Europa, incluidos los invitados que pudieron asistir, así como a los técnicos que instruyeron el expediente y al representante de la Abogacía del Estado que emitió el informe preceptivo.
La SEPI deberá remitir al juzgado «íntegro y foliado el expediente relativo a la operación de apoyo financiero a Air Europa», con especial detalle de las actas, borradores, anexos y toda la documentación distribuida entre los vocales. El magistrado quiere conocer incluso las preguntas exactas que se formularon a los servicios jurídicos y los antecedentes que se remitieron, junto con los informes completos —incluidos sus anexos y notas internas—, especialmente en lo referido a deudas, impedimentos y su interpretación.
El requerimiento abarca también cualquier «nota interna, briefing, minuta, informe ejecutivo o comunicación con gabinetes ministeriales» relacionada con el expediente. La petición, inusualmente minuciosa, deja entrever que el instructor pretende reconstruir con precisión si los gestores del fondo actuaron dentro de la legalidad o si hubo desviación de poder, tal como sostienen los querellantes.
La admisión a trámite no es un gesto simbólico: el juez reclama la identidad de todos los que intervinieron en la concesión del rescate, lo que puede ampliar el número de investigados.
Bartolomé Lora compareció el pasado mes de abril ante la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI, donde defendió con vehemencia la legalidad de los casi 500 millones otorgados a Air Europa. «El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe diciendo que todos los expedientes cumplían los requisitos que determinaba la normativa», alegó entonces. Ahora, sin embargo, un juez considera que los hechos pueden revestir carácter delictivo y le cita como investigado, una contradicción que los populares llevan meses anticipando desde la Cámara Alta.
Una decisión judicial que respalda la iniciativa del PP
La querella del PP —presentada junto a Vox— no surge de la nada. Se enmarca en el contexto del ‘caso Koldo‘, donde se ha acreditado que los exresponsables del Ministerio de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama maniobraron para que se concediera el rescate a Air Europa. También han aflorado los contactos del expresidente de Globalia —matriz de la aerolínea— con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, aunque la Audiencia de Madrid cerró esa línea de investigación al no apreciar indicios de delito.
El PP, con su mayoría absoluta en el Senado, ha convertido la Cámara Alta en el altavoz de las exigencias de transparencia. La comisión de investigación impulsada por los populares ya escuchó la versión de Lora, quien ahora deberá explicarse ante un tribunal. «Esta admisión confirma que las sospechas no eran inventos de la oposición», apuntan fuentes de Génova consultadas por Moncloa.com. Según fuentes consultadas por Moncloa.com la decisión del juez Escribano legitima la estrategia de control parlamentario desplegada por el Grupo Popular.
Documentación exhaustiva y próximos pasos
El auto dictado este lunes no se conforma con la citación de un único alto cargo. El juez pide expresamente que se identifique a todas las personas que participaron en las deliberaciones, «a fin de ser citados en la forma que corresponda una vez oído el querellado». Esto abre la puerta a que el abanico de investigados se amplíe a los vocales del Consejo Gestor —procedentes de varios departamentos ministeriales— si de la declaración de Lora o de la documentación aportada se derivan nuevas responsabilidades.
La documentación solicitada, además, es tan extensa que obliga a la SEPI a recopilar todos los papeles internos que circularon antes y durante la aprobación del rescate. Para los populares, este barrido documental puede sacar a la luz las verdaderas presiones y contactos que rodearon la concesión de los 475 millones, en un momento en que el Gobierno de Sánchez necesitaba proveedores clave para su agenda legislativa.
El Eje del Poder Popular
La admisión de la querella encaja como una pieza más en el tablero de oposición que Alberto Núñez Feijóo ha diseñado desde el Senado y los tribunales. El PP no solo ha llevado el control parlamentario al extremo —con la comisión de investigación sobre la SEPI como buque insignia—, sino que ha sabido trasladar a la vía judicial las contradicciones del Gobierno. La cúpula nacional interpreta el auto como una validación de su estrategia, que combina presión institucional y denuncia ciudadana.
En el ámbito territorial, los barones populares han respaldado ese pulso. Presidentes como Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso han denunciado reiteradamente los «rescates a dedo» y la opacidad del fondo de solvencia, aunque la competencia sobre la SEPI reside en el Estado. El caso Air Europa, además, refuerza la narrativa popular de que el Gobierno utiliza el dinero de todos los españoles para favorecer a empresas afines, algo que contrasta con las rebajas fiscales y la gestión rigurosa que exhiben las comunidades autónomas gobernadas por el PP.
El riesgo inmediato para el Ejecutivo es doble: por un lado, la investigación judicial puede salpicar a altos cargos de Hacienda y Transportes; por otro, la gran mayoría popular en el Senado seguirá exprimiendo la comisión de investigación para mantener el foco mediático. El precedente del ‘caso Mediador’ o del ‘caso Tito Berni’ demuestra que las causas judiciales, cuando se combinan con una oposición política constante, tienen capacidad de desgaste real sobre el Gobierno.
El PP afronta ahora el reto de traducir este éxito procesal en un relato político compacto de cara a las próximas citas electorales. La declaración de Lora, el 3 de julio, será la primera foto de un expediente que puede desembocar en la imputación de más responsables del rescate. Y ahí, en el juzgado número 49 de Madrid, se jugará gran parte de la credibilidad del relato popular sobre la «corrupción sanchista».
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La querella del PP sirve para que la justicia investigue un rescate bajo sospecha, demostrando que la oposición es útil y que el Gobierno debe responder por el uso de fondos públicos.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP).
- Próximo hito: Declaración de Bartolomé Lora ante el juez el 3 de julio a las 9:30 horas.
