PP y Vox han registrado ayer viernes en las Cortes Valencianas un pacto que excluye a los inmigrantes irregulares de la renta valenciana de inclusión y eleva el arraigo exigido a tres años.
Qué acordaron PP y Vox: exclusión de irregulares y más arraigo
El acuerdo materializado en una enmienda transaccional a la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos modifica la ley de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana. Introduce una disposición final que excluye del acceso a las prestaciones y servicios sociales de carácter estructural a las personas en situación administrativa irregular, salvo los supuestos de urgencia vital previstos en el ordenamiento jurídico.
Paralelamente, se endurecen los requisitos para percibir la renta valenciana de inclusión. La residencia habitual exigida pasa de los 15 meses continuados (o 5 años en los 10 anteriores) fijados en abril a un mínimo de tres años de empadronamiento continuado, o 10 años dentro de los 30 inmediatamente anteriores a la solicitud. Además, se incorpora el principio de prioridad nacional, vinculando el reparto de ayudas a la trayectoria de cotización y contribución al sistema.
El Grupo Parlamentario VOX ha defendido este endurecimiento como una medida de ‘justicia social’. Según fuentes del partido, se trata de ‘garantizar que los recursos públicos se destinen a quienes han contribuido a sostenerlos y tienen un vínculo real con la Comunitat, evitando el efecto llamada que genera el abuso de las prestaciones’. La portavoz del GPVOX en las Cortes ha subrayado que la reforma ‘blinda el carácter contributivo y de arraigo territorial que debe regir las ayudas autonómicas’.
En paralelo, el pacto sienta las bases para desarrollar reglamentariamente el principio de prioridad nacional, que ya se incluyó en los presupuestos autonómicos aprobados el pasado miércoles. La enmienda transaccional lo extiende al conjunto de la legislación social, lo que supone un salto cualitativo en la política autonómica de protección social.
La enmienda pactada por PP y Vox eleva la barrera de acceso a la renta valenciana: tres años de arraigo y exclusión de los inmigrantes irregulares de las ayudas estructurales.
Reacciones y viabilidad: el pleno de la próxima semana
La enmienda se votará en el pleno de las Cortes Valencianas la próxima semana. PP y Vox suman mayoría absoluta en la cámara, por lo que el texto tiene asegurada su aprobación. Las únicas fuerzas de la oposición, PSPV-PSOE y Compromís, han expresado un rechazo frontal. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, tildó el acuerdo de ‘medidas que van contra los consensos más básicos’ y anunció un recurso de inconstitucionalidad. El portavoz socialista, José Muñoz, habló de ‘deriva racista y xenófoba’ y de ‘apartheid institucionalizado’.
Sin embargo, desde Vox se subraya que la reforma se limita a aplicar criterios ya habituales en otros países europeos, y que la propia Comunitat Valenciana carece de competencia para regular la situación administrativa de los extranjeros, lo que hace recaer la carga sobre la Administración General del Estado. El partido recuerda que la exclusión de los irregulares no es un invento propio, sino una actualización normativa que responde a una demanda social creciente.
La estrategia de Vox: marcar perfil en políticas sociales
Con este pacto, Vox consolida su posición como fuerza determinante en la política social valenciana. Tras la aprobación de los presupuestos con el principio de prioridad nacional, el partido logra ahora una extensión legislativa de mayor calado. La reforma de la renta de inclusión y de la ley de servicios sociales sitúa a la Comunitat Valenciana a la vanguardia de las políticas de condicionalidad migratoria en España, y Vox se anota un tanto frente a un PP que en otros territorios ha mostrado menos disposición a endurecer estos requisitos.
La dirección regional de Vox, con el apoyo de la dirección nacional, interpreta el acuerdo como un modelo exportable a otras comunidades donde el partido es socio de investidura o apoyo externo. La presión sobre el PP se intensifica: cada avance normativo en Valencia sirve de vara de medir para futuras negociaciones en otras autonomías y en el Congreso de los Diputados. De hecho, el Grupo Parlamentario VOX ya ha registrado iniciativas en la cámara baja para introducir el principio de prioridad nacional en las prestaciones de ámbito estatal, un debate que ganará intensidad en los próximos meses.
Mientras la oposición de izquierdas recurre a la descalificación y amenaza con el Tribunal Constitucional, Vox redobla su apuesta por una política social que premie la contribución y el arraigo. La próxima cita en el pleno valenciano no solo aprobará una ley de acompañamiento; validará un giro estratégico en la gestión de los servicios públicos que el partido de Abascal quiere convertir en bandera.
