Junts per Catalunya ha registrado este miércoles sendas peticiones de comparecencia en el Parlament y el Congreso contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la consellera de Interior, Núria Parlon. La formación independentista reclama explicaciones por la expulsión de 600 cantantes que portaban esteladas durante la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Família, en el marco de la visita del papa León XIV. El portavoz de Junts, Josep Rius, calificó los hechos de “episodios muy graves” y denunció una “vulneración flagrante del derecho de expresión”.
El pulso institucional: comparecencias en el Parlament y el Congreso
La ofensiva de Junts se despliega en dos frentes. En el Parlament, han solicitado que la consellera Parlon dé cuentas sobre el operativo que llevó a los Mossos d’Esquadra a encapsular a los coristas después de que se les negara la entrada a la basílica. En paralelo, la diputada en el Congreso Pilar Calvo ha reclamado la comparecencia del ministro Marlaska y ha registrado una batería de preguntas por escrito. Quieren saber quién dio la orden, qué criterio operativo se aplicó y si la decisión partió de la policía española —en el contexto de un dispositivo de seguridad compartido— o fue una iniciativa de los propios Mossos.
Rius ha vinculado el episodio con una “operación de españolización” de la visita papal y ha cargado con dureza contra el cardenal Joan Josep Omella, Arzobispo de Barcelona, a quien acusa de haber tenido “un papel lamentable”. El portavoz juntaire también ha reprochado al Govern de Salvador Illa su “desidia” para garantizar una presencia relevante del catalán durante los actos litúrgicos, aunque ha reconocido que la visibilidad de la lengua se consiguió gracias a la “presión ciudadana y a la sensibilidad diplomática del Vaticano”.
El símbolo incómodo: esteladas en la Sagrada Família
La crónica de lo sucedido dentro de la basílica dibuja un desencuentro más amplio. Los cantantes acreditados —parte de un coro que iba a interpretar piezas sacras y, según denuncia Junts, también el himno Els segadors— llevaban la estelada impresa en las partituras, no en pancartas ni camisetas. Ese detalle, en apariencia discreto, bastó para que se les impidiera participar y fueran acompañados a una zona fuera del recinto, donde permanecieron retenidos. “Ni representaban ningún peligro ni alteraban el desarrollo del acto”, ha subrayado Rius.
La versión difundida por el partido independentista sitúa a los Mossos como ejecutores de una orden que, según sus indicios, habría emanado de la policía española. Las preguntas registradas en el Congreso inciden precisamente en ese punto: “¿Actuó la policía española por iniciativa propia o en cumplimiento de instrucciones recibidas de algún responsable político, policial, de seguridad o de la organización del acto?”. Junts también pregunta si se ha abierto o se abrirá una investigación interna y si se considera compatible con los derechos fundamentales “la expulsión de participantes por la mera exhibición pacífica de esteladas”.
Sin embargo la formación no oculta que la polémica le sirve para tensar el relato identitario y volver a colocar al Govern de Illa en una posición incómoda. La comparecencia de Parlon, si finalmente se celebra, obligará a la consellera a explicar el doble mando —Policía Nacional y Mossos— que rige en actos con presencia de altas autoridades del Estado y del Vaticano. Esa dualidad, que Junts presenta como una prueba de la “subordinación” del cuerpo autonómico, es uno de los ejes que la formación quiere amplificar en el debate público.
La pregunta no es solo quién dio la orden, sino por qué alguien pensó que una partitura con una estelada era una amenaza en un acto litúrgico.
La doble vara de medir y el precedente electoral
La reacción recuerda a episodios ya vividos en Cataluña, donde la exhibición de simbología independentista en espacios públicos ha derivado en intervenciones policiales con un debate recurrente sobre la proporcionalidad. En este caso, el escenario —la Sagrada Família, con el Papa como invitado— añade una dimensión diplomática que puede haber llevado a un celo excesivo. Lo que observamos es un patrón: cada vez que un símbolo soberanista aparece en un acto de proyección internacional, los cuerpos de seguridad tienden a interpretarlo como un elemento de riesgo, incluso cuando no hay alteración del orden.
Moncloa.com entiende que la controversia coloca al Ministerio del Interior ante un dilema incómodo. Si la orden partió de la policía española, Marlaska deberá justificar por qué se impidió la libre expresión en un templo mientras se permitía en otros foros similares durante la misma visita. Si, por el contrario, fue una decisión autónoma de los Mossos, la consejería de Interior del Govern asumirá el coste político, justo cuando Illa busca despejar el debate identitario de la agenda diaria. Junts, en cualquier caso, gana notoriedad y vuelve a marcar la agenda.
Las fechas de las comparecencias no están cerradas, pero el clima previo a la negociación presupuestaria en el Parlament y a las inminentes elecciones municipales de 2027 añade una capa de cálculo estratégico a cada movimiento. La consellera Parlon y el ministro Marlaska tendrán que decidir si comparecen con rapidez o dilatan la respuesta, una decisión que en sí misma será una lectura política en clave catalana.
