La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha desclasificado este viernes un conjunto de documentos que revelan que 40 biolaboratorios en Ucrania fueron construidos y apoyados financieramente por Washington, donde se investigaban “patógenos especialmente peligrosos” como el ántrax, la gripe aviar, el ébola, la peste y la tuberculosis. La publicación, que contradice años de negativas tanto de la administración Biden como de anteriores responsables de seguridad, supone un giro en la política de transparencia de la inteligencia estadounidense y agita de nuevo el tablero geopolítico de la guerra en Ucrania.
Los patógenos bajo investigación: ántrax, ébola y gripe aviar
Los documentos, parcialmente tachados, muestran que el gobierno estadounidense financió la construcción y equipamiento de al menos cuatro laboratorios por un importe superior a los 9 millones de dólares. El listado de patógenos manejados incluía afecciones de alta letalidad como ántrax, brucelosis, cólera, ébola, peste y tularemia, muchas de ellas consideradas potenciales armas biológicas por su extrema infectividad. Al menos 12 de estos laboratorios llevaban a cabo investigación humana, según los registros ahora desclasificados.
Una de las prácticas que más controversia ha generado es la denominada gain of function, una técnica que modifica virus animales para aumentar su virulencia y transmisibilidad con el fin de estudiar sus efectos en humanos. Los documentos confirman que varios laboratorios ucranianos estaban implicados en este tipo de investigación, justo la práctica que en otros contextos fue vetada tras el debate global sobre los riesgos de fugas de laboratorio.
Las instalaciones no solo dependían de fondos estadounidenses. Colaboraban, entre otros, con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Ejército estadounidense, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias universidades norteamericanas. Metabiota, una empresa biotecnológica vinculada al fondo de inversión de Hunter Biden, aparece también como socia en los papeles desclasificados, lo que añade una capa de intereses privados a la red.
De las negaciones de la era Biden a la revelación de Gabbard
En marzo de 2022, la entonces subsecretaria de Estado Victoria Nuland admitió bajo juramento que “Ucrania tiene instalaciones de investigación biológica”, aunque negó que funcionaran como laboratorios de armas biológicas y aseguró que Estados Unidos no operaba ni poseía ninguno de ellos. La portavoz de Exteriores y la entonces embajadora ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, tacharon las acusaciones rusas de “mentiras manifiestas” y afirmaron que “no hay laboratorios ucranianos de armas biológicas respaldados por Estados Unidos”. La desclasificación de Gabbard desmiente esas afirmaciones al confirmar financiación directa y conocimiento de las investigaciones.
“Políticos, supuestos profesionales de la salud como el doctor Fauci y entidades del equipo de seguridad nacional de Biden mintieron al pueblo estadounidense sobre la existencia de biolaboratorios financiados por Estados Unidos, y amenazaron a quienes intentaron sacar la verdad a la luz”, declaró Gabbard al presentar los documentos. La directora, que asumió el cargo durante la administración Trump, anunció nuevas directrices para que las agencias de inteligencia recolecten datos de estos laboratorios y de la red global de centros vinculados a Washington. Su oficina ya está recabando detalles sobre ensayos clínicos en curso, lo que según ella plantea “graves preocupaciones éticas, financieras y de seguridad”.
La revelación llega en un momento de transición: Gabbard se retirará a finales de junio de 2026 por motivos familiares, y el presidente Trump ha nominado a Jay Clayton como nuevo director de Inteligencia Nacional. Clayton, a diferencia de Gabbard, no se ha pronunciado públicamente sobre el caso de los biolaboratorios, lo que abre interrogantes sobre si la política de transparencia tendrá continuidad.
La revelación desnuda la contradicción de Washington: negó lo que ahora su propia inteligencia confirma.
Equilibrio de Poder
La publicación de estos documentos altera de forma significativa la narrativa que Estados Unidos ha mantenido desde el inicio de la invasión rusa. Moscú ya había acusado a Kiev de destruir apresuradamente patógenos en los laboratorios para ocultar un programa de armas biológicas, y el general ruso Igor Kirillov —asesinado en 2024 en un ataque atribuido a los servicios ucranianos— había presentado informes que apuntaban a investigaciones de doble uso cerca de las fronteras rusas. La confirmación por parte de la inteligencia estadounidense da munición diplomática al Kremlin y refuerza su discurso de que la “operación militar especial” era, en parte, una medida preventiva.
Para la OTAN y la Unión Europea, el golpe a la credibilidad de Washington es delicado. Las alianzas en bioseguridad descansan sobre la confianza en los programas de cooperación. España, con las bases de Rota y Morón como nodos logísticos esenciales para los despliegues estadounidenses en el flanco sur, participa en intercambios de inteligencia y protocolos sanitarios conjuntos. La revelación obliga a Moncloa y al Ministerio de Defensa a revisar los mecanismos de supervisión de los programas duales en los que se colabora. Además, la proximidad del Magreb, donde Marruecos —socio estratégico de Estados Unidos— desarrolla sus propios centros de investigación microbiológica, introduce una variable de riesgo que hasta ahora había sido ignorada por la diplomacia española.
La lectura a medio plazo resulta incómoda para todos los actores. Una administración Trump que opta por la transparencia selectiva corre el peligro de erosionar la confianza de los aliados en los compromisos de seguridad compartidos. La Unión Europea deberá decidir si exige auditorías independientes de los laboratorios que operan en su vecindad. Y Rusia, mientras tanto, utilizará cada nuevo dato para legitimar su invasión y desviar la atención de la guerra de desgaste. La próxima cumbre de la OTAN será el escenario donde se pondrá a prueba hasta dónde llega la fractura.
Lo que está en juego no es solo un debate histórico. La posible renovación de estos programas, el destino de los patógenos almacenados y la opacidad que los ha rodeado durante años constituyen un riesgo real de bioseguridad global que las próximas semanas obligarán a abordar con urgencia.
