El barrio del Pilar, una zona residencial levantada en los setenta por el promotor José Banús, esconde estos días una trama de acoso inmobiliario que la Policía Nacional califica de ‘estructura delictiva organizada’. Cuatro detenidos —dos empresarios y dos operarios— habrían sometido a varios ancianos a un reguero de amenazas, cortes de luz y puertas selladas con silicona con un único objetivo: vaciar sus pisos de renta antigua y colocar las viviendas en el mercado con promesas de retorno superiores al 20%.
El infierno cotidiano: cortes de luz, cerraduras inservibles y un rescate por los bomberos
Lucía y Carlos (nombres ficticios) recibieron la primera llamada en septiembre de 2025. Un hombre se presentó como el nuevo propietario y les dejó un aviso: «Si no se van por las buenas, se van por las malas». El matrimonio, con Carlos invidente, pagaba desde hacía décadas un alquiler de renta antigua. Al poco, las facturas empezaron a ser devueltas y los cortes de luz se convirtieron en rutina.
Pero el caso más extremo lo sufrió Rosa, de 88 años, que compró su piso con su marido en 1971. Los acosadores sellaron la cerradura con silicona, difundieron que era okupa y llegaron a intentar abrir la puerta con una sierra radial. Los bomberos tuvieron que rescatarla en una ocasión tras quedar atrapada. Denunció hasta cuatro veces en la comisaría de Fuencarral-El Pardo, y su persistencia, junto a la de Lucía, activó la investigación de la Policía Judicial.
La tapadera empresarial: Saint George Investment y EON Capital
Tras los sabotajes había una sofisticada cobertura mercantil. Los arrestados José María G. y David V. figuraban como administradores de Saint George Investment y EON Capital, dos sociedades que prometían a sus inversores rentabilidades de hasta el 23%. Su estrategia consistía en adquirir pisos que, pese a haber sido vendidos por Banús en los años 70, nunca se inscribieron a nombre de sus dueños en el Registro de la Propiedad, lo que permitía comprarlos en procesos de liquidación y presionar después a los inquilinos.
Para las tareas sucias contrataban a dos ciudadanos marroquíes, Fouad G. y Mohamed E., encargados de los cortes de luz y las cerraduras. Los investigadores sostienen que los cuatro conformaban una cadena de mando en la que los empresarios diseñaban la estrategia y los operarios ejecutaban los sabotajes —primero de día y luego de madrugada, cuando se sintieron vigilados—. Los arrestos se produjeron el pasado mayo.
Tras las promesas de rentabilidad del 23% se escondía un entramado de amenazas, sabotajes y miedo a los más vulnerables.
Renta antigua y registros opacos: el problema de fondo que convierte a los vecinos en dianas
La operación ha puesto el foco en una grieta jurídica que afecta a numerosos barrios madrileños. Los contratos de renta antigua, anteriores a 1985, conceden al inquilino una prórroga forzosa que lo convierte en prácticamente vitalicio. Sin embargo, cuando la propiedad no está correctamente inscrita —como ocurrió con las viviendas de Banús que pasaron por un concurso de acreedores—, los nuevos adquirentes pueden aprovechar el limbo registral para intentar echar a los ocupantes, aunque estos conserven títulos legítimos.
En la capital, donde grandes promociones de los años 60 y 70 albergan hoy a población envejecida y con rentas bajas, el acoso inmobiliario ha encontrado un caldo de cultivo. El caso del Pilar no es aislado: en distritos como Tetuán o Carabanchel se han detectado prácticas similares de fondos oportunistas que compran bloques y hostigan a los vecinos para reemplazarlos por alquileres de mercado. La novedad aquí es la crudeza de los métodos y la implicación directa de los administradores de las sociedades.
Los cuatro detenidos quedaron en libertad con medidas cautelares y una orden de alejamiento de 500 metros, pero la investigación sigue abierta y ya hay nuevas víctimas identificadas. Mientras tanto, la Policía Nacional insiste en que denunciar cada episodio es clave para desarticular estas redes. Los vecinos del Pilar, tras meses de terror, recuperan poco a poco la tranquilidad, aunque el temor a represalias persiste.
