La Comunidad de Madrid ha aprobado un incremento de 10,2 millones de euros en la partida de Dependencia, elevando el presupuesto a 428 millones para 2026. Así lo ha confirmado el Ejecutivo autonómico tras la reunión del Consejo de Gobierno de esta semana, en la que se ha dado luz verde a una ampliación que busca garantizar las prestaciones ya reconocidas y atender las nuevas solicitudes que llegan al sistema.
La medida beneficiará, según los cálculos del gobierno regional, a más de 98.000 ciudadanos en situación de dependencia en la Comunidad de Madrid, aunque las asociaciones del sector llevan meses advirtiendo que la cifra real de personas que necesitan algún tipo de apoyo supera ampliamente ese número.
Las tres patas de la ayuda que sostienen a 98.000 familias
La partida de 428 millones financia tres modalidades de prestaciones económicas, cada una con un perfil de beneficiario distinto. La primera, y más numerosa, es la prestación para cuidados en el entorno familiar: una cantidad mensual que apoya los gastos derivados de la atención que recibe el dependiente en su hogar por parte de un familiar. En muchos hogares madrileños, esta ayuda es la única fuente de ingresos para el cuidador principal.
La segunda modalidad, la prestación vinculada a un servicio, está pensada para quienes optan por un recurso social privado acreditado —ya sea ayuda a domicilio, residencia, centro de día o servicios de promoción de la autonomía— y necesitan complementar su coste. Aquí la ayuda varía en función del grado de dependencia y del tipo de servicio contratado.
La tercera, la asistencia personal, busca facilitar una mayor independencia mediante el apoyo de un asistente contratado por el propio beneficiario. Esta figura, aún minoritaria en Madrid, es la que más se acerca al modelo de vida independiente que reivindican las asociaciones de personas con discapacidad.
En total, el sistema atiende a 98.000 madrileños con dependencia reconocida, pero el número de solicitudes pendientes de valoración sigue siendo motivo de fricción. Los datos del IMSERSO correspondientes al último semestre sitúan la lista de espera en torno a los 22.000 expedientes solo en la Comunidad, un tapón que amenaza con absorber buena parte del incremento presupuestario antes de que llegue a nuevos beneficiarios.
El incremento de 10,2 millones apenas equivale a un 2,4% más sobre un presupuesto que tiene que absorber la presión de una población cada vez más envejecida.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso defiende que esta ampliación permite mantener todas las ayudas reconocidas y liquidar obligaciones pendientes acumuladas en ejercicios anteriores. Sin embargo, fuentes del sector consultadas por Merca2.es señalan que la medida llega en un momento en que el gasto real en dependencia crece por encima del presupuesto inicial cada año, lo que obliga a constantes modificaciones de crédito como la aprobada ahora.
El precedente que muestra por qué el aumento se queda corto
Basta con mirar la evolución del gasto en los últimos ejercicios. En 2019, el presupuesto en Dependencia de la Comunidad de Madrid rondaba los 305 millones de euros, según los informes oficiales. El salto hasta los 428 millones de 2026 supone un incremento del 40% en siete años, pero la demanda no ha dejado de crecer: el número de personas con dependencia reconocida ha pasado de 70.000 a más de 98.000 en ese mismo período, y la pirámide de población no augura un freno.
En términos relativos, la inversión sigue representando un porcentaje modesto del presupuesto autonómico total —apenas un 1,5% de los más de 28.000 millones que maneja la Comunidad—, muy lejos del peso que empieza a alcanzar en otras regiones como Cataluña o el País Vasco, donde los servicios sociales absorben partidas superiores al 2%.
En esta redacción entendemos que la ampliación es un paso necesario, pero no es suficiente para cerrar la brecha entre lo que el sistema promete —el derecho a una vida digna— y lo que realmente ofrece. Las familias que sostienen los cuidados en casa necesitan algo más que un aumento de 10 millones cada cierto tiempo: necesitan un modelo que no les deje solos cuando la administración se lava las manos.
El próximo debate presupuestario en la Asamblea de Madrid, previsto para el otoño, pondrá a prueba si el resto de grupos parlamentarios son capaces de arrancar un compromiso de mayor calado. Mientras tanto, los 428 millones aprobados por el Consejo de Gobierno ya están en vigor, pero la pregunta incómoda sigue siendo la misma: ¿cuántos de esos 98.000 beneficiarios verán realmente mejorada su atención este año?
