La Generalitat y ERC han acordado modificar la Llei 14/2009 d’aeroports per crear la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña, que agrupará competencias y orientará la gestión de los aeródromos mediante una enmienda a la ley de acompañamiento.
Una enmienda que blinda el compromiso de investidura
El cambio legal, adelantado por Expansión y confirmado a Moncloa.com por fuentes de la negociación, se incorporará durante el trámite de enmiendas de la ley de presupuestos. El 19 de mayo, el ejecutivo de Salvador Illa y los republicanos cerraron el acuerdo fiscal que ahora facilita esta vía legislativa. La previsión es que el Parlament apruebe la ley de acompañamiento –y con ella la enmienda– el próximo 2 de julio, con lo que el nuevo organismo empezará a tomar forma jurídica de inmediato. En enero, el Consell Executiu ya dio luz verde a la creación del nuevo ente, pero precisaba de esta modificación legal para poder ser alumbrado.
La Autoridad Aeroportuaria de Cataluña nacerá con el mandato de “incidir” en las decisiones de Aena, según ha reiterado la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque. En declaraciones recogidas por Efe, Paneque subrayó: “No defendemos un órgano consultivo […]; lo que recoge el acuerdo de investidura es una Autoridad Aeroportuaria que pueda incidir en en la gestión de El Prat y de los aeropuertos catalanes que son titularidad de Aena”. El ente también deberá elaborar un plan estratégico que incluya la conexión ferroviaria entre aeródromos, una infraestructura que excede las competencias de Aena y que el Govern concibe como elemento vertebrador.
El espejo del Puerto de Barcelona y los límites de Aena
Tanto el PSC como ERC ambicionan para los aeropuertos el mismo esquema de gobernanza que funciona en el Puerto de Barcelona: titularidad estatal pero con participación decisiva de la Generalitat, que nombra a su presidente, y de las administraciones locales y agentes sociales. Sin embargo, replicar ese modelo choca con la naturaleza de Aena, una sociedad cotizada cuyo 49% pertenece a inversores privados.
El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha advertido en la junta de accionistas que la demanda de “imposible cogestión” y las tarifas bajas “podrían constituir riesgos importantes” para la compañía. La oposición del gestor aeroportuario es firme. Aun así, los equipos negociadores han encontrado un resquicio: condicionar las decisiones del 51% que corresponde al Estado sin necesidad de alterar la arquitectura societaria.
Esta estrategia indirecta, que fuentes del Govern califican de “condicionamiento estratégico”, permitiría a la Autoridad emitir informes vinculantes sobre rutas, inversiones y planificación, forzando al Estado a justificar sus decisiones. Un camino más modesto que el modelo portuario, pero jurídicamente viable.
El modelo del Puerto de Barcelona es el referente deseado, pero la cotización bursátil de Aena impide replicarlo. La vía elegida es condicionar las decisiones del Estado sin romper la arquitectura societaria.
La geometría política: Illa, ERC y la tensión con Moncloa
El acuerdo, que era una de las patas del pacto de investidura de agosto de 2024, refuerza la cohesión del bloc que sostiene al Govern. Para ERC supone un logro tangible en su exigencia de soberanía aeroportuaria, mientras que Illa puede presentar ante sus socios y ante la ciudadanía un avance competencial sin haber tensionado en exceso la relación con el Gobierno central. Moncloa mantiene de momento un perfil bajo: la Autoridad no requiere cambiar la titularidad estatal, por lo que el choque institucional es menor del que podría temerse.
Sin embargo, la puesta en marcha del ente abrirá una negociación larga sobre los estatutos y la composición del consejo de gobierno –presidencia, vicepresidencia y 13 vocalías–. Ahí se medirá el peso real de la Generalitat y la capacidad de los dos partidos para mantener la unidad. La fecha clave es el 2 de julio, cuando el Parlament dé luz verde a los presupuestos y a la ley de acompañamiento. A partir de ese momento, el Govern dispondrá de un nuevo instrumento para intentar ganar influencia sobre la red aeroportuaria catalana, en un pulso con Aena y con el Ministerio de Transportes que no ha hecho más que empezar.
